Washington, D.C. y Caracas, 27 de enero, 2021.- Jean Carlos Guerrero, familiar de dos víctimas ejecutadas extrajudicialmente por la policía en Venezuela hace casi 18 años, compareció el día de ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en búsqueda de justicia y reparación con el acompañamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC).
A pesar de la ausencia del Estado Venezolano, Jean Carlos – hermano de Jimmy Guerrero y sobrino de cariño de Ramón Molina-, presentó su testimonio sobre los hechos y efectos que tuvieron las muertes de sus familiares sobre el resto de sus seres queridos ante los jueces y la jueza del Tribunal Interamericano. Destacó que si bien era lamentable que el Estado no participara, para él era necesario presentar los hechos frente a un órgano de justicia autónomo e imparcial, ya que, después de casi dos décadas de lucha era de plena importancia para su familia.
“Fueron 10 años de duelo para mi madre luego de que muriera Jimmy. A mi me cambió la dirección de vida, y acabé estudiando derecho para entender mejor los procesos. Para sus hijos, perder al tío Ramón fue perder la luz del camino” dijo Jean Carlos Guerrero, familiar de las víctimas, “Dar testimonio ante la Corte a pesar de la pandemia es una oportunidad reparadora. A partir de la decisión de la Corte, esperamos que se pueda trazar una hoja de ruta para garantizar que ninguna otra familia vuelva a pasar lo mismo”.
Jimmy Guerrero era taxista independiente, padre de 5 hijos. El 29 de marzo de 2003, Jimmy asistió al funeral de uno de los hijos de su tío Ramón Molina. Ramón, era tío de cariño de Jimmy Guerrero, de 49 años de edad y padre de seis hijos, desempeñaba cómo conductor para una empresa. Estando en el funeral ambas víctimas salieron en carro a comprar unas bebidas, fue entonces que agentes de la policía, que llevaban más de 7 meses deteniendo de manera ilegal, hostigando y amenazando a Jimmy, los interceptaron y les dispararon, ejecutandolos a ambos. Para el momento de su muerte, Jimmy había realizado al menos seis denuncias ante distintas entidades sobre los hostigamientos y amenazas que las Fuerzas Armadas policiales del estado Falcón y miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). A pesar de existir una solicitud de medidas de protección a su favor, estas nunca se implementaron ni se investigaron las amenazas. Además, las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina fueron justificadas por las autoridades de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón y reseñadas rápidamente por los medios de comunicación como un “enfrentamiento” entre bandas.
Al día de hoy, el caso permanece en la impunidad total, habiéndose archivado las investigaciones en el año 2017. Lamentablemente, no se trata de un caso aislado sino que se inserta en un contexto de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. La Misión de Naciones Unidas destacó que en septiembre 2020 que habían investigado “dieciséis casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2552 incidentes en los que se produjeron más de 5000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad”.
Además de la impunidad, parte del problema de la repetición de hechos similares ocurre por la opacidad de las cifras y la falta de cifras públicas, precisas y transparentes por parte de las autoridades. La falta de información actualizada y publicada por parte del Estado venezolano sobre homicidios y ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad ha imposibilitado el diseño y la implementación de políticas públicas que permitan investigaciones rápidas y eficaces, que lleven a la justicia y a un respeto pleno de los derechos humanos.
Aunque el Estado no envió representación, Jean Carlos Guerrero señaló a la Corte IDH que su voz era la de tantas víctimas cuyos familiares han sido ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad venezolanas, y en ese sentido, expresó la importancia de que se emitan reparaciones para que hechos cómo el que él y su familia han sufrido no vuelvan a repetirse. Jean Carlos, también solicitó a la Corte IDH que ordene al Estado abrir una investigación por la tortura sufrida por su hermano antes de su muerte y reabrir las investigaciones por la ejecución de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, para identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los hechos, entre otras reparaciones.
