Un retorno a la mesa electoral de la mayoría de las fuerzas políticas con mejoras en las condiciones electorales, aunque con persistentes deficiencias estructurales
Caracas, 23 de noviembre de 2021. Esta declaración preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) se entrega antes de la finalización del proceso electoral. Quedan etapas críticas, como la resolución de recursos y la proclamación de los cargos electos. La MOE UE sólo está en condiciones de comentar en este momento la observación realizada hasta la fecha, más adelante publicará un informe final, que incluirá un análisis completo y recomendaciones de reformas electorales.
Resumen
Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre fueron una primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a las elecciones en Venezuela. El proceso electoral mostró la persistencia de deficiencias estructurales, aunque mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores.
Entre las deficiencias se encuentran decisiones judiciales ampliamente criticadas que han afectado a la igualdad de condiciones al sustituir a los comités ejecutivos de algunos partidos y entregar sus tarjetas electorales a facciones internas que los utilizaron para presentarse a las elecciones. Además, se mantiene la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición, el extendido uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación.
Sin embargo, una administración electoral más equilibrada, con representación de los partidos de la oposición y de la sociedad civil en la supervisión de las elecciones, la realización de numerosas auditorías en las distintas fases del proceso electoral, y una actualización más amplia del registro electoral mostraron una mejora de las condiciones. Además, los partidos de la oposición pudieron presentarse con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anteriormente suspendida.
El marco jurídico electoral venezolano cumple con la mayoría de estándares electorales internacionales básicos. Sin embargo, algunas leyes, en particular la ley de 2002 que permite al Contralor General suspender el derecho fundamental de los candidatos a participar en las elecciones mediante un procedimiento administrativo, la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la equidad y transparencia de las elecciones
En estas elecciones, la suspensión del derecho de los candidatos afectó principalmente al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y a los partidos disidentes de la coalición gobernante. Además, las leyes sobre medios de comunicación, incluida la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y las disposiciones legales discrecionales sobre el discurso de odio limitaron la libertad de expresión y el derecho a la información.
El actual Consejo Nacional Electoral (CNE) se considera el más equilibrado de los últimos 20 años y la mayoría de sus decisiones se han tomado por consenso. Los cinco rectores lograron mejoras en componentes técnicos de las elecciones mediante el diálogo interno. Los tres rectores considerados cercanos al gobierno tuvieron el control de los órganos ejecutivos del CNE, mientras que los otros dos rectores no ocultaron a la opinión pública sus opiniones discrepantes sobre temas en los que no se pudo alcanzar el consenso.
El CNE llevó a cabo la mayor parte de los preparativos electorales con eficacia y según lo previsto inicialmente. La participación en las jornadas de actualización del registro electoral fue alta en comparación con elecciones anteriores, aunque sus críticos señalaron un comportamiento sesgado de los testigos de registro del CNE. Auditores académicos consideraron que el sistema automatizado de votación ofreció suficientes garantías de integridad y secreto del voto. Las actividades de educación cívica y electoral fueron insuficientes y podrían haberse centrado más en el secreto del voto y en cómo cruzar el voto.
Aunque la ley electoral venezolana lo prohíbe, la mayoría de los candidatos comenzaron las actividades de campaña antes de su inicio oficial, el 28 de octubre. Los observadores de la MOE UE informaron de una campaña conducida en un ambiente tranquilo y pacífico, salvo incidentes aislados. Sin embargo, el acceso privilegiado al combustible, así como el amplio uso de recursos del Estado, la entrega de bienes, como paquetes de alimentos, bombonas de gas o bombas de agua, afectaron a la igualdad de condiciones. La campaña del partido gobernante fue predominante en todo el país, y contó con una base movilizada y en algunos casos con la participación de funcionarios públicos.
El monitoreo de medios de la MOE UE muestra que la cobertura del partido gobernante fue dominante y desproporcionadamente favorable en la televisión estatal, y muy significativa en las emisoras monitoreadas de radio y televisión privadas. Más allá de la cobertura desequilibrada, la presencia constante del vicepresidente del PSUV en los medios de comunicación estatales, en los cuales dirigió encendidos ataques contra opositores políticos, e incluso contra un rector del CNE, va en contra de los estándares internacionales de cobertura imparcial de los medios de comunicación estatales durante los períodos electorales. Instituciones y funcionarios públicos divulgaron su apoyo a los candidatos del PSUV y exhibieron entregas de bienes a los votantes o la inauguración de servicios públicos a través de sus cuentas institucionales en redes sociales.
Aunque la instrucción del CNE sobre la paridad de las candidaturas garantizó la proporción requerida de entre el 40 y el 50 por ciento de mujeres para los consejos legislativos estadales y municipales, los partidos no tomaron medidas para alcanzar la paridad en las elecciones a gobernadores y alcaldes en todo el país. También siguieron existiendo limitaciones para los votantes y candidatos con discapacidades, principalmente debido a condiciones deficientes de accesibilidad y a los prejuicios sociales. El voto asistido se utilizó para facilitar la participación de los votantes con discapacidad.
La jornada electoral se vio ensombrecida por importantes retrasos en la apertura y el cierre de las mesas electorales, y por acusaciones de coacción a los votantes. Los observadores de la UE fueron testigos de la instalación de dispositivos de control a los votantes por parte del PSUV (puntos rojos) en los 23 estados y en el distrito capital, a pesar de la prohibición explícita del CNE. En todo el país, salvo en el estado de Amazonas, se observó un abuso del voto asistido. En el municipio de San Francisco (Zulia), un votante murió y otros dos resultaron heridos en un tiroteo frente a un centro de votación.
El 26 de noviembre, 4.334 voceros elegirán a los representantes indígenas en los consejos estadales y municipales en ocho estados. Aunque el CNE defendió esta elección indirecta como una forma provisional de garantizar que sólo indígenas elijan a los representantes indígenas, este procedimiento de votación contradice el principio constitucional del voto directo.
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