La Haya | La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido cerrar su oficina nacional en Caracas para finales de 2025. Esa decisión sigue a una evaluación minuciosa y cuidadosa de la eficacia y viabilidad del compromiso de complementariedad de la Fiscalía con las autoridades venezolanas. Tal evaluación concluyó que, a pesar del diálogo continuo con las autoridades nacionales desde 2021, no ha habido resultados tangibles o progresos en la adopción de reformas legales e institucionales necesarias para abordar los delitos del Estatuto de Roma.
La Fiscalía considera que, en las circunstancias actuales, mantener una presencia en el país ya no constituye un uso eficiente de sus limitados recursos. La Fiscalía ha notificado debidamente al Gobierno de Venezuela con respecto a esta decisión.
Es importante subrayar que el cierre de la oficina en Caracas no significa ninguna disminución en el compromiso de la Fiscalía de buscar la justicia para las víctimas de presuntos delitos dentro de la jurisdicción del Tribunal. Por el contrario, la investigación sobre la situación en Venezuela continúa progresando de forma constante e independiente. El dedicado Equipo Unificado de Venezuela permanece completamente operativo desde la Sede, y continúa recopilando, analizando y verificando información relacionada con los supuestos crímenes cometidos en Venezuela desde febrero de 2014.
Además, en el discurso del señor Fiscal Adjunto Niang de ayer, se habló sobre la oficina de Venezuela:
“En Venezuela, sin embargo, tras un compromiso sostenido, hemos determinado que el progreso real en la complementariedad sigue siendo un desafío. En consecuencia, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina nacional en Caracas. Nuestra investigación en esta situación permanece enfocada y activa, basada en el trabajo de nuestro dedicado Equipo Unificado, junto con nuestros socios, y guiado como siempre por la evidencia y la ley”.
