El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó su Informe Anual 2024, donde alertan sobre el colapso del sistema penitenciario en Venezuela. El informe registra graves violaciones a los derechos humanos como hacinamiento crítico, muertes por falta de atención, uso político del encierro y una gestión carcelaria basada en la corrupción, negligencia y castigo.
Durante el 2024, la población reclusa fue de 22.019 personas, mientras que la capacidad instalada apenas alcanza para 15.096. Esto representa un nivel de hacinamiento de 145,85%. Algunos centros, como el Internado Judicial de Ciudad Bolívar (Vista Hermosa), El Marite, el Rodeo III o Rodeo I, superan el 270% de su capacidad. Las personas detenidas deben dormir de pie, colgadas en hamacas improvisadas o en el suelo, en espacios cerrados, sin ventilación ni condiciones básicas para la vida.
El informe denuncia que el Ministerio del Servicio Penitenciario continúa cerrando recintos sin habilitar nuevas instalaciones. El cierre de 14 centros en el país ha agravado el hacinamiento y ha convertido los traslados en castigos adicionales para las familias, que deben recorrer cientos de kilómetros para ver a sus familiares.
Situación de los derechos sociales: alimentación, salud y agua
La alimentación en los recintos penitenciarios sigue marcada por la desnutrición, la escasez y la corrupción. El OVP señala que muchas comidas se sirven en estado de descomposición, sin nutrientes ni balance. No se entrega agua potable de forma regular. Algunas personas reportaron pérdidas de hasta 15 kilogramos en su peso corporal, y el pago de entre 3 y 10 dólares diarios para acceder a raciones mínimas de comida o medicamentos.
El informe de la Casa de Reeducación “Alberto Ravell” en Guanare, también conocido como Casa de Bromba, documentó que se sirvió comida con gusanos. En otras cárceles, como La Cuarta en San Felipe y Rodeo III, se documentaron enfermedades por intoxicación alimentaria. La dieta diaria se redujo a una arepa sola en la mañana, arroz con granos o mortadela en el almuerzo, y pasta sin proteína en la cena.
En cuanto al derecho a la salud, el OVP alerta sobre la inexistencia de protocolos médicos básicos, falta de personal, insumos y ambulancias. No hay atención especializada ni continuidad de tratamientos. En los casos de VIH, tuberculosis o enfermedades mentales, la situación es crítica. Las personas privadas de libertad deben ser trasladadas por sus familiares para recibir atención médica o pagar por diagnósticos fuera del penal.
Violencia que no cesa
La violencia carcelaria dejó al menos 305 víctimas durante el año. Se registraron 105 muertes, 35 personas heridas, 21 fugas y 7 motines. Las muertes por enfermedades fueron las más comunes, con un total de 66 casos (62,86%), seguidas por hechos violentos (22,86%) y suicidios (4,76%).
El informe destaca que armas de fuego, blancas, drogas y teléfonos móviles siguen ingresando a los recintos por vías irregulares, muchas veces con complicidad de funcionarios. El caso del penal 26 de Julio en Guárico reveló que, tras una requisa, se hallaron armas escondidas en las celdas y varios funcionarios fueron detenidos por facilitar el ingreso de objetos prohibidos.
Retardo procesal y justicia selectiva
De las 22.019 personas encarceladas, 12.110 no tienen sentencia firme y 9.909 sí han sido condenadas. Esto significa que más de la mitad está detenida sin que se haya demostrado su culpabilidad. El OVP califica esta situación como una inversión perversa de la pirámide procesal que contradice el principio de presunción de inocencia.
El informe también denuncia que muchas audiencias se postergan sin justificación, los traslados se suspenden, los expedientes desaparecen o se retienen, y que hay personas que llevan más de cinco años privadas de libertad sin condena.
Represión política y uso del encierro como herramienta de castigo
El año 2024 estuvo marcado por la represión tras las elecciones presidenciales. Al menos 36 personas detenidas en el contexto electoral fueron recluidas en centros penitenciarios como Tocorón y Tocuyito, reabiertos este año. Según el OVP, estos espacios no cumplen con ninguna condición para el encierro digno.
Los presos políticos fueron aislados, incomunicados, alimentados con comida contaminada y obligados a convivir en condiciones inhumanas. En algunos casos, se prohibieron las visitas, la comunicación con abogados y el acceso a medicinas.
Gestión penitenciaria: sin política pública, con corrupción institucional
El OVP advierte que el sistema penitenciario venezolano no responde a ninguna política pública estructurada. No hay un plan de atención, rehabilitación o reinserción. Los centros son administrados por personal militar, y las decisiones se toman de forma arbitraria y sin control institucional.
La corrupción es transversal: se cobra por todo. Por comida, agua, traslados, visitas, acceso a medicamentos, incluso por el uso del baño. La cárcel se ha convertido en un negocio, con reglas impuestas por custodios o privados de libertad con poder.
Exigencias al Estado venezolano
El Observatorio Venezolano de Prisiones hace un llamado al Estado para que cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos:
- Garantizar atención médica permanente, integral y gratuita dentro de los centros penitenciarios, con protocolos adecuados para enfermedades transmisibles y crónicas.
- Asegurar una alimentación digna y balanceada, que cumpla con requerimientos nutricionales básicos y sea entregada con regularidad.
- Distribuir agua potable de forma diaria y suficiente para consumo, aseo personal y limpieza de espacios.
- Investigar y sancionar los actos de corrupción y violencia interna, incluyendo la complicidad de funcionarios en el ingreso de armas, drogas o extorsión.
- Revertir el hacinamiento carcelario, abriendo nuevos centros con condiciones adecuadas o aplicando medidas alternativas a la prisión para casos no violentos.
- Respetar el debido proceso y reducir el retardo procesal, garantizando juicios en plazos razonables y el respeto a la presunción de inocencia.
- Suspender el uso del sistema penitenciario como forma de represión política, garantizando condiciones adecuadas para todas las personas privadas de libertad, sin discriminación por su activismo, opinión o protesta.
El informe concluye:
“Las personas privadas de libertad en Venezuela sobrevivieron en condiciones incompatibles con la dignidad humana, resultando en un caos que los aleja del fin último de la pena: la reinserción social”
Puede descargar el informe completo aquí
