(Caracas 6 de noviembre 2023) Luego de la propuesta para levantar las sanciones europeas, la ONG Laboratorio de Paz divulga el informe “UE: Embargo de armas y sanciones individuales contra violadores de derechos humanos en Venezuela”.
El pasado 24 de octubre de 2023 el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, pidió a la Unión Europea levantar sanciones a Venezuela, tal como lo había hecho Estados Unidos, “ante avance de negociaciones entre Gobierno y la oposición”.
«He intervenido ante mis colegas para plantearles la necesidad de estudiar la revisión de las sanciones de la UE a Venezuela, en línea con las recientes decisiones de Estados Unidos y vista la evolución positiva del diálogo entre venezolanos», dijo Albares. Según explicó, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se había mostrado partidario de abordar la cuestión en una próxima reunión de ministros de Exteriores de la UE, a realizarse el 13 de noviembre de 2023.
Como se detalla en el documento, a diferencia de las sanciones promovidas por Estados Unidos, las medidas aprobadas por la Unión Europea son de naturaleza individual y selectiva. En resumen consisten en el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes respecto de 55 funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.
Al respecto, el Consejo de la UE ha reiterado en las diferentes comunicaciones institucionales sobre ellas: “Estas medidas se han concebido de forma que no dañen a la población venezolana, cuya difícil situación desea paliar la UE”.
Entre alguno de los datos presentes en el informe se indica que entre los años 1998 a 2022 se habría exportado a Venezuela un total de 5.615 millones de dólares en armamento. España y Países Bajos se ubican en tercer y cuarto lugar -luego de Rusia y China- como los países que más armamento han vendido a los gobiernos bolivarianos. Los países del bloque europeo son responsables, en su conjunto, del 16.15% del armamento comprado por Venezuela en este período.
En el caso de España comercializó un total de 327 millones de dólares en armamento, de los cuales 5.638.952 de euros fueron en material antidisturbios. En el caso español diferentes organizaciones de derechos humanos han cuestionado la venta de armas de España a países “preocupantes” por conflictos internos o graves abusos contra la población. En el año 2013 la campaña “Armas bajo control” alertó su temor en que “el interés del Gobierno español en vender armas relaje los criterios de derechos humanos”.
Que la Unión Europea decida volver a exportar armas a Venezuela, un país en donde la Corte Penal Internacional investiga crímenes contra la humanidad, puede generar condiciones para nuevas violaciones de derechos humanos.
Durante el año 2014 España realizó la mayor venta de artículos bajo la categoría “Otro material” – donde se incluye el material antidisturbios- a Venezuela, por un monto de 1.483.263 euros.
Durante ese año se realizaron durante varios meses protestas antigubernamentales, que según el informe de Amnistía Internacional “Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas”, habían arrojado un lamentable saldo de al menos 37 personas asesinadas y más de 550 heridas, mientras 2.000 personas habían sido detenidas y enfrentaban procesos judiciales por su participación en las manifestaciones.
El informe recomienda al Consejo de la Unión Europea que las medidas sobre Venezuela se prorroguen durante 12 meses adicionales, lapso en el que pueda evaluarse la voluntad de las autoridades en Miraflores de permitir una salida pacífica al conflicto, mediante la convocatoria y realización de elecciones con garantías democráticas.
Laboratorio de Paz es un centro de pensamiento estratégico venezolano, fundado en el año 2012, que se dedica a investigar, analizar, divulgar y generar recomendaciones que contribuyan a la resolución de conflictos a través de un abordaje interdisciplinario democracia, noviolencia y derechos humanos, priorizando comunidades emergentes y vulnerables con base en el derecho a la paz, el derecho a la participación y los derechos culturales.
Para más información: Lexys Rendón [email protected]
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Sanciones-UE
