Próximo a cumplirse ocho años de la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (24 de febrero de 2016), conocida como Arco Minero del Orinoco (AMO), en el que se ha explotado de forma irregular recursos minerales y personas a manos del gobierno de Nicolás Maduro; y en el marco del Estreno del corto ambiental #OjoDelAmazonas, conversamos en esta edición con Cristina Vollmer de Burelli, destacada investigadora y fundadora de la organización SOS Orinoco sobre las principales causas y consecuencias que, a su juicio, han hecho del Motor Minero una de las políticas más erradas de los últimos años en el país.
Vale la pena repasar que antes del AMO el ecocidio estaba presente, aunque en una dimensión menor. Burelli resalta la ilegitimidad del Decreto No. 2.248 sobre la creación de dicha zona dado que no fue aprobado por la Asamblea Nacional del año 2015.
También destaca la experta la importancia de la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana, aprobada por la Asamblea Nacional en 2018, y “que es una ley importantísima que el régimen actual no entiende y la tiene engavetada. Es una ley de avanzada, que si este régimen realmente entendiera y le importara todo lo que está en juego en cuanto a cambio climático, la protección de la biodiversidad y la protección de la Amazonía y del agua dulce, no estuvieran con la retórica en la que andan. Ellos aceptarían esta ley de la mega reserva. Es una ley espectacular que quisieran muchos países de la región tener y que está acorde con todo lo que se está hablando en la Conferencia de las Partes, reuniones y encuentros ambientales”.
Otro elemento relevante y que ha afectado de manera aguda la creación del AMO es la debilidad de las instituciones y su cooptación por parte del gobierno de Hugo Chávez, en su momento, y luego por Nicolás Maduro, “se ocuparon de desinstitucionalizar a Venezuela y acabar con toda la institucionalidad del Estado. Los ministerios están vueltos nada, ya no hay profesionales, no hay expertos…y lamentablemente sin institucionalidad es muy poco lo que se puede hacer. No solo es derogar leyes e implementar otras, es que hay que volver a institucionalizar al país y volver a atraer a todos esos expertos que trabajaban en Venezuela”.
El AMO está ubicado en una de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) que, lejos de proteger los derechos ambientales y de las comunidades de la zona, los vulnera; así como viola legislaciones vinculantes como la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Asimismo, en teoría, el AMO está conformado por cuatro grandes dimensiones (ambiente, inclusión social y derechos humanos, seguridad y soberanía y economía productiva), que son letra muerta…
“El Arco Minero no contempla ninguna de estas dimensiones, nunca tomó en cuenta ni el ambiente, ni la inclusión social, ni los derechos humanos. Nunca se hizo la consulta previa a los pueblos indígenas que habitan en toda la zona del Arco Minero como contempla la ley. El régimen básicamente escogió unos indígenas a dedo y con ellos supuestamente hicieron la consulta previa, pero para nada cumplió con lo estipulado”.
Ahora bien, con todo este panorama y violaciones que usted menciona, ¿cuáles serían los tres grandes nudos críticos o problemas, de los muchos que existen en el AMO, que usted identificaría como urgentes?
“Yo identificaría como más urgentes y que deben ser abordados: primero, el hecho que son los grupos armados organizados los que han tomado control de gran parte del AMO y de las minas, no solo dentro del arco minero, sino fuera del mismo.
En todas las áreas protegidas y en los parques nacionales, y esto es gravísimo porque obviamente los grupos armados organizados no respetan los derechos humanos de nadie. No proveen servicios, por ejemplo: salud y educación; y las condiciones en todas estas minas son Infrahumanas. Aparte de que están violando los derechos humanos a diario y la responsabilidad es del Estado que ha permitido que estos grupos tomen el control de todas estas minas, las concesiones y las que son totalmente ilegal dentro de las áreas protegidas.
Son mafias que trabajan básicamente para el Estado porque el oro que sale de ahí llega a manos de jerarcas de Nicolás Maduro, altos oficiales militares, que controlan el acceso a estos lugares, controlan el acceso al combustible para poder hacer la minería y controlan el acceso al mercurio ilegal que mucho de estos mineros están utilizando. Entonces yo diría que lo más urgente es el tema de los grupos armados organizados, pero como ellos son socios en gran parte del Estado no veo muy bien cómo es que el Estado va a desarticular a estos grupos armados organizados,
En segundo y tercer lugar yo diría que la atención los servicios públicos a la población, también la salud y la educación, están totalmente abandonados. Ahí no existe en todo el sur de Venezuela, prácticamente, salud y educación pública.
Los profesores se han ido a la mina, no hay puestos médicos, pero no hay medicinas, no hay los equipos médicos. Entonces los pueblos indígenas están totalmente desasistidos, también hay grandes índices de desnutrición, no sólo en el Arco Minero, que es 12% del territorio nacional ya de por sí, un territorio enorme. En todo el sur la moneda que se utiliza es el oro. O sea, ahí no valen los Bolívares, ni siquiera los dólares. La gente tiene que comprar y pagar por sus necesidades y servicios con oro en grandes partes del sur de Venezuela, eso es terrible y eso es lo que está Impulsando la pobreza y la desnutrición”.
Prensa Provea.
