Mientras miles de venezolanos protagonizan la emigración forzada más grande de la historia del país, el Gobierno nacional niega la existencia de ese drama, no acepta su responsabilidad y culpa a los otros por el sufrimiento de los migrantes venezolanos. Semejante actitud no solo viola los fundamentos de sus compromisos internacionales, sino que además obstaculiza la solución de los problemas nacionales que causan esta migración y dificulta la necesaria cooperación de la comunidad internacional.
En tanto que miembro de las Naciones Unidas, el Estado está obligado a respetar la Carta de las Naciones Unidas que establece dentro de sus propósitos “Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. Similares disposiciones se encuentran en los principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Pero al negar la existencia de los problemas y al obstaculizar la cooperación internacional, el gobierno no solo da muestras de soberbia e indolencia, sino que además vulnera el principio de buena fe para el cumplimiento de los compromisos internacionales, que es uno de los pilares del derecho internacional.
Empecinado en tapar el sol con el dedo, el gobierno no ha podido evitar el creciente debate internacional sobre la crisis venezolana ni mucho menos la activación de las instancias internacionales en las que se podrían finalmente definir sus responsabilidades penales individuales, humanitarias y de derechos humanos.
Es así como en lo corrido de este año 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió indagación preliminar en febrero pasado por los crímenes cometidos durante la insurrección popular de 2017, mientras que la Organización Internacional del Trabajo, en mayo pasado, decidió crear una Comisión de Encuesta -el procedimiento de investigación más alto a nivel de la OIT- para examinar las violaciones a los Convenios sobre la libertad sindical, la consulta tripartita y la fijación de salarios mínimos.
Por otro lado, durante la primera semana de septiembre, se hizo sentir la respuesta regional e internacional a la actual migración masiva y forzada: a nivel regional, el 4 de septiembre, once estados latinoamericanos adoptaron la “Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región” y un día más después el Consejo Permanente de la OEA analizó esa misma situación y fue anunciada la creación de un grupo de trabajo para analizar a fondo la crisis migratoria; además, fue emitida una declaración conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de otros tres organismos de la ONU, para el desarrollo de una respuesta regional para atender el problema; y, finalmente, en el Parlamento Europeo, la Subcomisión de Derechos Humanos abordó el tema durante un taller de análisis al que asistieron representantes de Naciones Unidas y de otras instituciones de la Unión Europea.
Una respuesta tan abrumadora debería llamar a la reflexión a los personeros del Gobierno, incluido el Defensor del Pueblo, para dar finalmente los pasos necesarios para aliviar el drama del pueblo venezolano, resolver las causas estructurales de la migración forzada y cooperar con los países vecinos y con la comunidad internacional en la atención integral a los miles de venezolanos y venezolanas migrantes y a sus familias.
Prensa Provea
