Crisis en Venezuela | Tres recomendaciones de la Alta Comisionada que cayeron en saco roto

En julio de 2019, durante el 41° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela.

La Alta Comisionada visitó Venezuela entre el 19 y el 21 de junio, como parte del mandato que le impusiera en septiembre de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y debido a la presión de la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil que propiciaron que el gobernante de facto, Nicolás Maduro, aceptara invitar a la OACNUDH a visitar nuestro país.

El Informe destacó patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, con un enfoque de género. En el documento se hicieron al menos 23 recomendaciones, 13 de ellas urgentes, al gobierno de facto de Venezuela, para atender y superar la dramática situación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el país.

Pero luego de una actualización oral de su informe original, realizada por Bachelet en septiembre pasado, y en vísperas de una segunda actualización a realizarse este 10 de marzo, Provea hace un balance sobre la situación actual de los derechos humanos en Venezuela, a la luz de tres de las recomendaciones más urgentes realizadas por la OACNUDH. Con data actualizada y basada en el monitoreo y documentación de las situaciones más importantes ocurridas durante 2019, demostramos como, lamentablemente, las recomendaciones de la ACNUDH cayeron en saco roto y, lejos de mejorar, la situación de los derechos humanos en Venezuela ha empeorado.

Recomendación urgente N° 1 

«Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva»

Durante todo 2019 la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela continuó afectando los derechos fundamentales de la población venezolana, incluido el derecho a estar alimentado y libre de hambre. La severidad de esta situación crece por el deterioro del acceso a la salud, los servicios públicos básicos, el empleo, la educación, la información, entre otros.

Contrario a lo que afirma el gobierno de facto, no se han activado los mecanismos de protección necesarios para auxiliar a los más perjudicados y garantizar el mínimo requerido en situaciones de emergencia; para prevenir la desnutrición, la morbilidad y la mortalidad por esta causa. Tampoco están planteadas medidas para que los venezolanos gocen de otros derechos que les permitan llevar una vida digna.

En 2019 las garantías del derecho a la alimentación estuvieron limitadas por el colapso del sistema alimentario: la disponibilidad para el consumo humano, el acceso físico y económico a los alimentos para su consumo en cantidad y calidad y el aprovechamiento biológico de éstos. La crisis en la producción agrícola, la intensificación de la hiperinflación, la distorsión del mercado de alimentos y la crisis del sector salud y de servicios básicos han afectado a la población en una magnitud que conduce a la declaración de la Emergencia Humanitaria Compleja.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el deterioro de la seguridad alimentaria ya es severo para el periodo 2016 – 2018. Para este entonces ya había 6,8 millones de venezolanos sufriendo hambre, lo que convierte a Venezuela en el país con mayor índice de subalimentación de Sudamérica y, después de Haití, en el segundo de América Latina y El Caribe.

Para 2019, la CEPAL afirmó que Venezuela atravesaba el episodio inflacionario más grave de la historia de América Latina y el Caribe, con un elevado financiamiento monetario, fuertes correcciones cambiarias, significativos incrementos nominales del salario mínimo, poca disponibilidad de divisas y escasez de insumos productivos; así como una marcada contracción de la actividad económica. Según el Banco Central de Venezuela la inflación en 2019 fue de 9.685,5%.

Para este mismo año, y por primera vez en su historia, Venezuela se encontraba entre los 41 países que requerían asistencia alimentaria externa. La diferencia entre Venezuela y los otros países es que la causa no fueron los conflictos y condiciones climáticas adversas, sino la crisis económica sostenida.

El crecimiento económico en Latinoamérica y El Caribe ha estado asociado a la reducción del hambre. El poder adquisitivo de los hogares y el precio de los alimentos, así como otros factores asociados, determinan el acceso físico y económico a alimentos en cantidad y calidad, que permitan una vida saludable y productiva. La depresión económica prolongada en Venezuela se ha reflejado en la caída del PIB durante 7 años consecutivos, en los tres primeros trimestres de 2018 se registró una contracción de 19,6%, con una contracción acumulada de 47,8% desde el 2013. La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017.

El 2019 inició con un Índice de Precios al Consumidor general de 196,6%, y de alimentos y bebidas no alcohólicas de 204%. A septiembre, cuando el país acumulaba 23 meses de hiperinflación, esta variación fue de 52,2% y 53.6%, respectivamente. En este mismo mes la hiperinflación fue de 5.286,314, es decir, 16 veces mayor a la registrada en enero de ese mismo año (328.067,725,1).

El deterioro del poder adquisitivo del venezolano incidió negativamente el consumo de alimentos en cantidad y calidad. El desplome del consumo de alimentos comenzó en el 2012, producto de la escasez, el incremento de los costos, disminución de la importación, entre otros. Para septiembre de 2019, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), reportó una reducción del consumo de alimentos en un 96%, con especial énfasis en aquellos procesados. Los rubros más afectados fueron la proteína animal y los lácteos.

Durante el lapso julio – septiembre, invitado por el Gobierno de Venezuela, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas realizó una evaluación de la seguridad alimentaria del venezolano. Para esto recopiló información en 8.300 hogares de 23 Estados de Venezuela más Distrito Capital. La evaluación se hizo a través de patrones de consumo de alimentos, estrategias de sobrevivencia de medios de vida y consumo, además de la vulnerabilidad económica.

Con base en esto, se estimó que 9,3 millones de venezolanos (32,3%) estaban en inseguridad alimentaria, 2,3 millones (7,9%) en su forma severa y 7 millones (24,4%) en moderada. A esto se suma un 59,7% (17,2 millones) con seguridad alimentaria marginal, para un total de 26,5 millones afectados (92%). De esto se desprende que sólo 2,3 millones (8%) pudo “suplir sus necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales sin emplear estrategias de afrontamiento atípicas”

Los Estados con mayor proporción de personas en inseguridad alimentaria severa, mayor a 10,9%, fueron Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, Zulia y Falcón. Seguidos por Anzoátegui, Monagas, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa y Yaracuy, con proporción entre 6,6% y 10,8%. Los estados con menor proporción de inseguridad alimentaria severa, inferior a 6,6%, fueron Apure, Guárico, Lara, Cojedes, Aragua, Miranda, Vargas, Sucre, Nueva Esparta.

Los hogares mantienen su seguridad alimentaria a expensas de sus bienes y medios de vida, y uno de cada cinco hogares (17.8%) tiene un nivel inaceptable de consumo de alimentos.

La diversidad de la dieta indica la calidad de la misma. Esta fue la mayor preocupación de los entrevistados. Durante una semana consumen cereales y tubérculos diariamente; caraotas o lentejas, tres veces; lácteos, cuatro veces y carnes, pescado, huevos, vegetales y frutas, menos de tres días.

Las estrategias de sobrevivencia utilizadas por los hogares están relacionadas con el consumo de alimentos y con uso de medios de vida. Entre las primeras está la reducción de la variedad y la cantidad de alimentos o comidas. Los medios de vida más usados por los hogares para proveerse de alimentos fueron, gasto de ahorros, venta de bienes, y trabajo a cambio de comida.

La deficiencia de los servicios básicos como agua, luz y electricidad fueron reportados como principales obstáculos para la seguridad alimentaria. El 25% no tiene acceso a una fuente de agua potable, 40% de los que tienen acceso reportan interrupciones diarias en el suministro. La interrupción de electricidad fue reportada por 40% de los hogares, con un promedio de 15 días al mes. El suministro irregular de gas fue uno de los factores más asociados a la reducción de comida. Este fue reportado por el 72% de los hogares consultados.

Recomendación urgente N° 2 

«Adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales»

El monitoreo de prensa y recopilación de denuncias recibidas por Provea entre los meses de enero y diciembre de 2019, reveló que durante el período se denunciaron 40 casos de torturas que incluyeron a 574 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos.

Esta alarmante cifra constituye un aumento de 526,60% en el número de víctimas contabilizadas, respecto a los 12 meses del año 2018 cuando fue registrado un total de 109 personas afectadas por torturas. Además, es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, superando a las 185 víctimas registradas en 2014. Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas.

La mayoría de las personas torturadas fueron hombres, jóvenes y pobres, manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este delito. El 98,60% (566) de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, mientras que el 0,87% (5) fueron de género femenino. En el restante 0,52% (3) de las víctimas no pudo identificarse el género. Las edades de las víctimas identificadas oscilaron entre los 8 y los 60 años, y la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes; patadas; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión; violación; peinillazos; insultos, entre otras.

Del total de víctimas documentadas por Provea entre los meses de enero y septiembre, 426 (74,21%) fueron personas privadas de libertad procesadas y condenadas por la comisión de delitos comunes; 124 (21,60%) militares detenidos al ser acusados de formar parte de actos conspirativos contra la dictadura de Nicolás Maduro; 22 personas (3,83%) fueron civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y 2 (0,34%) víctimas se produjeron en otras circunstancias.

23 personas murieron entre los meses de enero y diciembre de 2019 a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2018, durante el actual período de estudio se produjo un aumento de 176,92%.

Recomendación urgente N° 8 

«Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones;»

Desde mayo de 2016 Venezuela ha estado sometida a un continuado e inconstitucionalmente prorrogado “Estado de Excepción y Emergencia Económica”, que entre otros aspectos, usurpó las funciones del parlamento venezolano al eliminar atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), calificándolas como “peligrosa para la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, y de su institucionalidad”. 

Además, el “Estado de Excepción” que brindó una “legalidad” paralela a la Constitución a la dictadura de Maduro, establece la suspensión indefinida de las garantías constitucionales para los derechos a libre asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacíficas, y la supeditación de los derechos ciudadanos a los intereses del Estado y la seguridad nacional.

La dictadura de Maduro ha reforzado la respuesta represiva frente a las demandas ciudadanas y el descontento popular producto del hambre, el crecimiento de la pobreza y la indolencia gubernamental, erosionando definitivamente las garantías para los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacíficas.