-Durante las primeras horas del 04 de febrero de 1992, se produjeron movilizaciones militares en las ciudades de Maracay, Caracas, Maracaibo y Valencia, con el objeto de tomar el control de puntos estratégicos y provocar la caída del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Los militares sublevados, vistiendo uniformes de faena, boinas rojas y brazaletes con el tricolor nacional, se autoidentifican como Movimiento Bolivariano Revolucionarios 200 (MBR 200)-.
Así narraba Provea los hechos ocurridos hace exactamente 28 años, un martes 04 de febrero. En su informe especial «Nunca más», divulgado en 1991, Provea reseñó las principales violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la intentona golpista que tenía como objetivo el derrocamiento de Pérez.
Más de 80 muertes, centenares de heridos, allanamientos ilegales, torturas contra detenidos y actos de amenazas y hostigamiento, fueron registrados el día de la intentona y en las fechas posteriores, como consecuencia de los enfrentamientos y la suspensión de las garantías constitucionales por parte de la administración de CAP. El Informe Especial no precisó ser un recuento exhaustivo de los antecedentes, hechos y consecuencias que en materia social y política tuvieron los sucesos del 4 de febrero de 1992. Más bien, se asumió como un análisis de los efectos que dicho suceso y su desarrollo posterior generó en materia de diversos derechos.
28 años después, y luego del naufragio de las demandas que motivaron a muchos de los que participaron en la rebelión contra Pérez, Provea reitera su rechazo a cualquier iniciativa que desprecie la participación democrática como mecanismo para solucionar los problemas del país. El derecho humano a la participación política en condiciones de igualdad debe ser defendido frente a las pretensiones de élites que desprecian la democracia. En medio de la actual imposición de una dictadura que extinguió el Estado de derecho en el país, la defensa de un régimen de derechos debe hacerse mediante la más amplia participación ciudadana.
Provea, ratifica su repudio a todo acto que atente contra los derechos humanos con la justificación de la defensa de la democracia, ya que con ello las autoridades del Estado no hacen más que afectar severamente las bases mismas del sistema a cuya defensa deberían estar comprometidas. En estricto apego a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consideramos «esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión».
Re-difundimos este informe especial como un recordatorio a las víctimas que aún esperan justicia y con la aspiración de que estos hechos no se repitan nunca más.
Descarga aquí el informe especial
Informe-Especial-1991
