El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó -en el marco de su 52° período de sesiones- «encarecidamente a todos los Estados a que adopten medidas concretas para crear, en la ley y en la práctica, un entorno seguro y propicio en el que los defensores de los derechos humanos puedan actuar sin obstáculos ni inseguridad«.
La Resolución A/HRC/52 adoptada por el órgano el pasado 23 de marzo, destaca las preocupaciones del órgano, respecto al empleo de la «[…] legislación y otras medidas nacionales en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo, como las leyes que regulan las organizaciones de la sociedad civil«, para restringir la labor de los defensores de derechos humanos, poniendo «[…] en peligro su seguridad, en contravención del derecho internacional«.
La representación de Noruega -apoyada por las repúblicas de Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chequia, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, México, Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, República de Moldova, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez y Ucrania-, presentó el proyecto de resolución, finalmente aprobado.
En el documento se destaca «[…] el importante papel que desempeñan los individuos y las instituciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, los grupos y las instituciones nacionales de derechos humanos, a nivel local, nacional, regional e internacional, en la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos«,
Una radiografía de la Venezuela actual
Un día antes de la aprobación del texto, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (MDH), creada y mandatada por el Consejo de Derechos Humanos realizó una nueva Actualización Oral sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el país, advirtiendo sobre el aumento de la persecución contra las organizaciones de la sociedad civil venezolanas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, trabajadores humanitarios, y dirigentes políticos.
Marta Valiñas, presidenta de la MDH, afirmó: «[…] se encuentran en discusión parlamentaria, o ya se han aprobado, leyes y procedimientos administrativos que entorpecen el libre funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. El 24 de enero de este año, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”. La Misión emitió un comunicado de prensa al respecto, y ha insistido en que la nueva regulación, de ser aprobada, consolidaría un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, el financiamiento, y las actividades de las ONG».
En enero pasado, la Asamblea Nacional venezolana aprobó, en primera discusión, el anteproyecto de «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines«, presentado por el diputado oficialista Diosdado Cabello ante la plenaria del ente.
Un año atrás, se promulgó la Providencia Administrativa No. 002-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
Entonces, Provea, junto a otras ONG advirtió que, al igual que medidas similares, esta constituía un acto inconstitucional, de extralimitación legal y grave quebrantamiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Advertimos, en esa oportunidad, que las autoridades del país estaban profundizando su política de criminalización, persecución y eventual suspensión e ilegalización de organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes,
Naciones Unidas ha destacado que el derecho a la libertad de asociación «supone el derecho de las personas a interactuar y organizarse entre ellas para expresar, promover, buscar y defender de forma colectiva intereses comunes», incluido los intereses basados en opiniones políticas.
La Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, destaca disposiciones específicas para la protección de los activistas y sus derechos a asociarse para procurar la realización de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional.
Prensa Provea
