Una nueva interrupción del servicio eléctrico ocurrida el pasado 25 de marzo, agudizó las ya precarias condiciones de vida de los venezolanos. Desde el 25 de marzo la mayor parte del territorio nacional sufre constantes cortes de luz, que afectan la dinámica diaria de millones de familias y comprometen la salud e integridad de cientos de miles de personas.
Desde que se produjo el primer apagón nacional, buena parte del territorio nacional ha dejado nuevamente de contar con servicio de agua potable. La situación catastrófica generada a raíz del apagón eléctrico ha generado la interrupción del servicio de agua corriente hacia los hogares del país, sin que hasta ahora exista respuesta o un protocolo de emergencia por parte de quienes detentan por la vía de facto el poder y controlan los recursos e instituciones del Estado venezolano.
La prolongada interrupción del servicio de agua potable, habitualmente deficiente en Venezuela, ha significado un verdadero drama para millones de familias venezolanas, quienes ven afectadas la realización de otros derechos como la alimentación, la salud, la educación y el libre tránsito, entre otros. Se repite un escenario en el que la ausencia de respuestas efectivas e inmediatas por parte del gobierno de facto frente a la crisis del agua, revela la indolencia e incapacidad de los funcionarios de la dictadura para atender un drama que compromete la salud y la vida de millones. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento que apunte a brindar certezas a la población sobre el tiempo requerido para la reactivación total del servicio eléctrico y por ende el suministro de agua. No se han desarrollado operativos especiales para surtir de agua a las comunidades más afectadas o para atender a los sectores en riesgo. La opacidad oficial ha generado más incertidumbre y desasosiego en la población, propiciando la ocurrencia de protestas para demandar soluciones, y con ellas la tradicional respuesta represiva de los agentes de la fuerza pública de la dictadura.
El desespero de la población ante la prolongada interrupción del servicio, ha motivado que cientos de comunidades populares de Caracas y otras zonas del país, tomen las calles para demandar respuestas y el fin de la larga sequía. La respuesta del gobierno de facto ha sido la misma que registramos desde comienzos de año: el empleo de agrupaciones paramilitares y cuerpos élite de la fuerza pública para repeler las manifestaciones y castigar a quienes expresan su legítimo descontento.
Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana; el CONAS de la Guardia Nacional Bolivariana y los «colectivos paramilitares» agrupados a través de las recién creadas «cuadrillas de paz», han actuado de forma coordinada para reprimir las protestas e intimidar a los habitantes de comunidades pobres y urbanismos de clase media. Hasta ahora, se reporta el asesinato de una ciudadana identificada como Beatriz Olivo (78) en el contexto de una protesta realizada el pasado domingo en el estado Zulia; más de 47 personas detenidas; allanamientos ilegales y actos de hostigamiento contra los manifestantes y residentes de comunidades afectadas por la severa escasez de agua.
En un contexto de empobrecimiento generalizado; severo deterioro de los derechos a la alimentación y a la salud; y colapso de los servicios públicos, una interrupción tan prolongada del suministro de agua potable y la ausencia de medidas efectivas para mitigar el impacto, agrava los problemas de la gente sometiendo a más riesgos a quienes ya se encontraban en condición de vulnerabilidad, debido al escenario negativo para los derechos humanos generado por las propias autoridades. La respuesta del gobierno de facto sigue siendo la represión y no la solución a los problemas que padece la gente.
Prensa Provea
