El anuncio realizado por Nicolás Maduro el 1º de mayo es la ratificación de una política salarial que busca abaratar el costo de la fuerza de trabajo para maximizar ganancias y reducir el gasto público.
El gobierno consolida su política de la bonificación del ingreso de los trabajadores y profundiza en su política de destrucción del salario y por tanto de las prestaciones sociales, violentando la Constitución en sus artículos 91 (salarios), 92 (prestaciones sociales) y 89 (intangibilidad y progresividad de los derechos).
Congela el salario mínimo por más de un año en un escenario de alta inflación y de sistemática desaplicación y desmejora de las convenciones colectivas, incrementándose la precarización de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora.
Esta política, (que se viene profundizando desde 2018 con el memorándum 2792 y luego en 2022 con el instructivo ONAPRE), ha significado el más grande retroceso para la clase trabajadora desde 1997, cuando eliminaron la retroactividad de las prestaciones sociales.
Maduro se ha burlado de los trabajadores venezolanos al no aumentar el salario mínimo. Este se mantiene en 130 Bs. mensuales, equivalentes a 5$, muy por debajo de lo establecido por organismos internacionales que ubican en 57$ el salario mínimo de pobreza extrema. Los más perjudicados son los 5 millones de pensionados, que no perciben el bono de alimentación, que están sometidos al exterminio, un delito de lesa humanidad.
Los bonos que han aumentado, y el bono de guerra que lo redujeron, no tienen incidencia en el salario.
Esto significa que no se toman en cuenta para el cálculo de aguinaldos, vacaciones ni prestaciones sociales, conquistas históricas de la clase trabajadora venezolana que tienden a desaparecer debido a la política de destrucción de la economía que adelanta el Ejecutivo Nacional.
Con ella el gobierno descarga sobre el pueblo trabajador todo el peso de la crisis y beneficia a los capitalistas del sector comercial importador y del sector financiero especulativo.
El ingreso mínimo legal, (que no el salario mínimo, establecido en 130 Bs), arriba a la cantidad de 70$, esto es 1.750 bolívares mensuales de acuerdo a la tasa establecida por el BCV en el momento de redactar está declaración.
De este monto, apenas el 7,42% es salario. Y la tendencia es a que disminuya hasta desaparecer.
La patronal privada está de plácemes con esta política del ejecutivo nacional, porque la misma está diseñada para desaparecer las prestaciones sociales, los pasivos laborales. El futuro de los trabajadores está en peligro.
Con esos 70$ es imposible mantener a una familia de 4 miembros si en ella solo hay un ingreso.
Esto implica que el trabajador, para poder sobrevivir, debe buscar otros trabajos, laborando en muchos casos por más de 12 horas, incrementándose así la explotación de la clase trabajadora.
Esto significa un retroceso sin precedentes, porque es una conquista de la clase trabajadora mundial tener una jornada laboral de 8 horas máximo.
Maduro tiene una política salarial para esclavos.
Ante esta situación, el Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha ratifica que arreciaremos las acciones de protesta para exigir que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución.
Pero también seguiremos luchando por el respeto a las contrataciones colectivas, la seguridad social y la libertad sindical. Asimismo, seguiremos exigiendo la libertad de todos los trabajadores y luchadores sociales judicializados por el solo hecho de defender derechos y conquista laborales.
Invitamos a todos los sindicatos, federaciones y centrales sindicales, a organizar asambleas de trabajadores en cada centro de trabajo, para que en ellas se decidan las acciones a realizar ante esta burla inhumana y neoliberal de Nicolás Maduro.
Asimismo, llamamos a reforzar la unidad demostrada en todo el país el 1 de mayo, cuando se evidenció la fuerza que tiene la clase trabajadora para movilizarse y ante la política hambreadora de Maduro.
Evaluaremos responsablemente la activación de lo establecido en la Constitución relacionado con el derecho a huelga. Seguiremos realizando y promoviendo movilizaciones en todo el país en defensa de nuestras conquistas y para detener está política económica neoliberal que solo beneficia a una minoría corrupta, explotadora y saqueadora en detrimento de las mayorías, en especial los trabajadores venezolanos.
Por último, convocamos a todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados, a salir a la calle el 29 de mayo de los corrientes, a propósito de ser el Día del Adulto Mayor. Organicemos desde ya la movilización en todo el país para exigir pensiones de vida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución Nacional.
Demos la primera respuesta contundente contra la política salarial y hambreadora del gobierno.
Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha
