Al menos 77 personas desaparecieron entre 2012 y el 15 de agosto de 2020 en zonas mineras al sur de Venezuela, de acuerdo con la investigación realizada por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), y un colectivo de periodistas independientes en alianza con La Vida de Nos, difundida este domingo a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fue declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2011, año en el que este fenómeno fue catalogado como un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. “Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”, indica la ONU.
La investigación, difundida este domingo con actualización de datos y tres historias a profundidad, revela que de las 77 personas desaparecidas en los últimos ocho años, la mitad continúa desaparecida. Del total, 13 son mujeres y 64 son hombres; mientras que 39% de los casos tienen edades comprendidas entre los 20 y 30 años de edad.
43% de los desaparecidos documentados son mineros o comerciantes, que desaparecieron en el municipio Sifontes, el más violento al sur del estado Bolívar. Esta cifra convierte a esta jurisdicción, de acuerdo con los datos recabados, en el epicentro de las desapariciones en el sur de Bolívar. En este municipio, no solo se ha documentado la presencia de grupos armados que actúan con complicidad estatal, sino también la incursión de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), denuncia que ha sido negada por autoridades militares.
El fenómeno de desapariciones se profundizó luego de la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro. La investigación revela que 74% de las víctimas desaparecieron entre 2018 y los primeros ocho meses de 2020, lo que coincide con la expansión de la anarquía minera.
Los familiares de las víctimas coinciden en la ausencia de protocolos de búsqueda básicos por parte de las autoridades. La madre de Lisandro Murillo, un minero desaparecido en 2015 en la mina Cicapra, en el municipio Roscio al sur de Bolívar, asegura que su denuncia ante el Cicpc fue infructuosa. “No me ayudaron en nada”, dijo. La falta de respuesta obliga a los familiares a realizar búsquedas por sí mismos.
Las desapariciones suponen una grave violación de los derechos humanos tanto para las víctimas como para sus familias. El Estatuto de Roma y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establecen que “cuando, como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una desaparición forzada, esta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá”.
El monitoreo de desapariciones en el sur de Venezuela inició en 2019 como parte de la investigación Fosas del Silencio, que a partir de este mes se amplía a la plataforma Indelebles, un proyecto de periodistas en alianza con Codehciu para visibilizar el fenómeno de desapariciones en el sur de Venezuela.
Esta investigación busca abrir el camino para la implementación de un protocolo nacional de Actuación para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, Perdidas o Extraviadas, con enfoque diferenciado, que acompañe en todo momento a las víctimas y proteja la dignidad humana.
