Washington D.C. (27 de julio de 2017) — El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), junto con Human Rights Foundation (HRF) acaba de presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares para que se exija al Estado de Venezuela, con carácter urgente, garantizar la vida, integridad física y libertad personal de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designados legítimamente el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional.
La detención arbitraria de los magistrados Ángel Zerpa, Zuleima Gonzáles y Jesús Rojas Torres, ordenada por el máximo mandatario venezolano, y los constantes ataques, amenazas y hechos de hostigamiento que vienen sufriendo los 33 magistrados y sus familiares, requieren la adopción de medidas urgentes.
“Todos (los magistrados) van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo….y nadie los va a defender”, advirtió públicamente Nicolás Maduro el pasado 23 de julio. Dichas expresiones públicas vertidas por el presidente se han transformado en un verdadero discurso de hostilidad contra los magistrados, quienes ven su derecho a la libertad y sus derechos políticos seriamente amenazados.
El CLADH no puede ser ajeno a la situación que está atravesando Venezuela. La brutalidad y la persecución del gobierno Venezolano en contra de los operadores de justicia y las voces disidentes han alcanzado su cenit en los últimos días. Por ello acudimos ante el organismo internacional. “La persecución política y judicial a los Magistrados designados por la Asamblea Nacional del Tribunal Supremo de Justicia debe cesar. Solicitamos se libere de todo cargo, acusación y/o denuncia de cualquier índole a todos los magistrados que han sido amenazados públicamente por el Presidente Nicolás Maduro”, expresó el presidente del CLADH, el Dr. Ignacio Boulin Victoria.
Por su parte, el magistrado Ramsis Ghazzaoui manifestó lo siguiente: «Hemos sido designados Magistrados de todo el pueblo venezolano. No hemos cometido delito alguno sino el de presentar nuestras credenciales y nuestro limpio y transparente desempeño público como académicos y abogados en ejercicio. Somos perseguidos por un gobierno que secuestra la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial y no le interesa su recuperación. Nuestra misión y tarea, a pesar de las circunstancias en que nos encontramos, es la de rescatar la institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos, recuperar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Venezuela y la plena vigencia de los valores y principios democráticos y republicanos consagrados en la vigente Constitución venezolana».
La solicitud fue presentada ayer y pide a la CIDH que “cese todo tipo de amenaza, hostigamiento, o actos de violencia contra los magistrados y magistradas”; que “se dé a conocer el paradero de los magistrados que han sido detenidos en un acto calificado de “terrorismo de Estado”, se les otorgue la excarcelación inmediata” y que “se los libere de todo cargo, acusación y/o denuncia de cualquier índole”.
Las medidas de protección son requeridas con carácter urgente. La vida, integridad y la libertad de los magistrados se encuentran en riesgo. “Una acción decidida de la Comisión Interamericana a favor de los jueces auténticos que están siendo perseguidos reforzaría la voz unívoca de la comunidad internacional contra la brutalidad del régimen de Maduro. El prestigio de la CIDH se forjó en época de dictaduras feroces que trataban de desconocer el derecho internacional de los derechos humanos, así que no tenemos duda de que los atropellos de la dictadura de Nicolás Maduro se seguirán chocando con la voz potente y de denuncia de la Comisión”, dijo Javier El-Hage, Director Jurídico de HRF.
Los atropellos a los derechos y libertades más fundamentales no deben quedar impunes.
El CLADH es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro, que trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos en toda América Latina. El respeto por derechos civiles y políticos, la independencia judicial, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como la tutela de la de las garantías procesales y judiciales básicas en un Estado de Derecho, se encuentran dentro de la misión que desarrolla en todo el continente.
Human Rights Foundation es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial, con énfasis en sociedades cerradas.
Centro Latinoamericano de Derechos Humanos