Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el informe “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”. La Comisión decidió elaborar este informe en atención al profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. El informe realiza un análisis de la crisis institucional y de derechos humanos de los últimos dos años, con especial énfasis en lo acontecido a lo largo de 2017.
El informe aborda la situación de los derechos humanos en Venezuela, analizando el impacto que ha tenido en ellos el debilitamiento de la institucionalidad democrática en el país. El informe está organizado en torno a cuatro ejes principales, que representan las preocupaciones centrales de la CIDH respecto del país: institucionalidad democrática; protesta social y libertad de expresión; violencia y seguridad ciudadana; y derechos económicos sociales, culturales y ambientales (DESCA). A su vez, analiza de manera transversal las afectaciones específicas que personas, grupos y colectivos enfrentan por su condición de mayor riesgo, y discriminación y exclusión históricas, tales como mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores; defensores y defensoras de derechos humanos; personas privadas de libertad; migrantes; y personas refugiadas o en similar situación; entre otros.
Desde hace varios años, la Comisión viene observando un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela, el que se ha intensificado de manera alarmante en los últimos dos años y especialmente en 2017. La crisis que atravesó Venezuela durante este año se debe a un conjunto de factores, entre los que ocupan un lugar central las graves injerencias de los Poderes Ejecutivo y Judicial en el Poder Legislativo. En efecto, el agravamiento de la crisis reciente en Venezuela se relaciona estrechamente con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, adoptadas en abierta contradicción con el orden constitucional. Dichas decisiones representan injerencias en la Asamblea Nacional y afectan el principio de separación de poderes. Asimismo, los altos niveles de corrupción en Venezuela debilitan aún más la institucionalidad estatal.
Esta situación impacta profundamente en las y los habitantes de Venezuela, quienes enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos políticos y participar en la vida pública de la nación. La Comisión observa con preocupación la existencia de un patrón de represalias a quienes manifiestan o asumen públicamente posiciones de disenso con el Gobierno, así como severas restricciones al derecho a la libertad de expresión. Resulta prioritario garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de toda autoridad y de los habitantes en Venezuela, independientemente de su afinidad política.
El informe de la CIDH revela las severas restricciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela a través de censura y de medios de comunicación, ataques a periodistas, criminalización de opiniones disidentes o a quienes difunden información contraria a funcionarios de gobierno y la sanción a quienes difunden mensajes considerados de odio en internet. Asimismo, registra el uso excesivo de armas de fuego y bombas lacrimógenas contra manifestantes, así como por la participación de miembros de las fuerzas armadas en el control de manifestaciones. El Estado debe cesar la obstaculización del ejercicio del derecho a la protesta y frenar el uso de la fuerza contra los manifestantes. La Comisión expresa su más enérgico rechazo a las duras medidas tomadas por el Estado frente a las recientes protestas sociales, que resultaron en cientos de personas muertas, miles de detenidos arbitrariamente, denuncias de tortura, actos crueles, inhumanos y degradantes y violencia sexual perpetrada por agentes estatales, y personas sometidas injustamente a tribunales penales militares. La CIDH hace un llamado para que estos actos no queden en impunidad.
El informe registra el aumento de la violencia y la criminalidad en los últimos años. Esto afecta la vida diaria de toda la población e impacta principalmente a personas y grupos históricamente discriminados y en situación de especial vulnerabilidad. Preocupa a la CIDH que la respuesta estatal ante este fenómeno ha estado marcada por la militarización de la seguridad ciudadana y el involucramiento de civiles en tareas de seguridad. La Comisión Interamericana considera indispensable eliminar la participación de las fuerzas armadas en las actividades de seguridad ciudadana, que son de competencia de los cuerpos policiales. El Estado de Venezuela debe adoptar una perspectiva de derechos humanos en la seguridad ciudadana, partiendo de que se trata de ciudadanos que hay que proteger y no de enemigos que hay que combatir.
A la crítica situación de la democracia y los derechos políticos, se le suma una crisis socioeconómica caracterizada por el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos. También se registran serias afectaciones al derecho a la educación y a la vivienda. Los índices de pobreza y pobreza extrema en Venezuela son alarmantes, así como las serias dificultades para el goce de los DESCA de la población, especialmente de los grupos en situación de exclusión y discriminación histórica. Para enfrentar esta situación, la Comisión urge al Estado a intensificar medidas dirigidas a reducir la situación de pobreza y pobreza extrema y a asegurar que toda la población tenga acceso a los DESCA, sin discriminación. La crisis ha tenido un alto impacto en la movilidad humana, obligando a migrar a un gran número de personas y familias.
La crisis que vive Venezuela está ampliamente documentada en este informe, el cual contiene 76 recomendaciones dirigidas al Estado conducentes a poner fin a la profunda crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa el país. El centro de la preocupación de la CIDH es el pueblo venezolano, que está sufriendo las graves consecuencias de esta crisis en todos los niveles, con graves afectaciones a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. El objetivo del informe es defender y proteger a las personas que viven bajo la jurisdicción del Estado venezolano, y caminar hacia la recuperación de la integralidad de su institucionalidad democrática y el respeto y garantía de los derechos humanos.
La salida de esta crisis debe ser democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Es urgente que el Estado de Venezuela asuma la gravedad de la situación, atienda las recomendaciones realizadas en este informe, y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional, teniendo como eje principal el bienestar de sus habitantes.
La CIDH urge a los Estados Miembros a que, como garantes colectivos del respeto a los derechos humanos en la región, cooperen en persuadir al Estado venezolano de la importancia de dar su anuencia para que la CIDH pueda realizar una visita in loco al país a la mayor brevedad.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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