Bogotá, Colombia – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy su informe “Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos” en el marco de su 167 Periodo de Sesiones, que se celebra en Colombia. El propósito de este informe es proveer a los Estados de la región una guía para el desarrollo de sus políticas internas, programas y mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos, en concordancia con los estándares interamericanos de derechos humanos.
«La labor de defensa de los derechos humanos en los países de América se ha convertido en una tarea extremadamente peligrosa», dijo la Presidenta de la CIDH, Comisionada Margarette Macaulay. «Los niveles de violencia contra las personas que defienden los derechos humanos en nuestra región son alarmantes, y las tasas de impunidad para este tipo de crímenes son muy altas. El centro de la preocupación de la CIDH son las muertes violentas de personas defensoras, la impunidad en la que suelen quedar estos crímenes, y la situación de desprotección en que quedan todas las personas y grupos por quienes el defensor o la defensora trabajaba. Esto hace indispensable y urgente que los Estados adopten medidas efectivas para poner fin a esta situación», agregó.
Las personas defensoras de derechos humanos en la región son víctimas de asesinatos, asaltos, desapariciones y desapariciones forzadas, amenazas, registros ilegales, discursos de estigmatización por altas autoridades de Gobierno, criminalización, así como formas de restricción financiera o administrativa a su trabajo. Problemas como la corrupción, la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial, la impunidad, la estigmatización de personas defensoras de derechos humanos y los discursos de deslegitimación que la acompañan, así como las barreras para el acceso a la justicia, todos convergen para perpetuar la actual situación de riesgo que afecta a personas defensoras de derechos humanos en los países de las Américas.
Ciertos grupos de personas defensoras se encuentran en especial riesgo y la CIDH se encuentra alarmada por la escalada de ataques violentos en su contra. Algunos de estos grupos con especial incidencia de actos de violencia y hostigamiento en su contra son las personas defensoras que trabajan en la defensa de tierras y territorios, derechos ambientales y oposición a ciertos megaproyectos económicos y de explotación de recursos naturales; también aquéllas que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, en temas relacionados con violencia sexual y en derechos sexuales y reproductivos; así como personas defensoras que trabajan en temas relativos a la salud y la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad o expresión de género.
En la región se han puesto en marcha escasas políticas públicas encaminadas a la prevención de la violencia contra personas defensoras, y muchos de los mecanismos y políticas que algunos Estados han implementado deben ser mejorados con el fin de producir el resultado requerido. Las medidas de seguridad física constituyen una respuesta urgente y necesaria para la efectiva e inmediata protección de personas defensoras de derechos humanos. No obstante, estas medidas no son suficientes, sino que deben ser implementadas en conjunción con otras, dirigidas a solucionar los problemas estructurales que acentúan los riesgos.
«Conocemos y saludamos los esfuerzos de algunos Estados por implementar diferentes mecanismos, leyes y políticas para proteger a defensores y defensoras, pero lamentablemente no han resultado suficientemente efectivos», señaló el Relator sobre los Derechos de Defensores y Defensoras, Comisionado Francisco Eguiguren. «Por eso la CIDH ha desarrollado en este informe los componentes principales de una política integral de protección, con el fin de que dicha política resulte efectiva y logremos frenar los asesinatos y otros ataques que están acabando con la vida de personas defensoras o logrando inhibir su trabajo. El propósito que busca la CIDH es proveer a los Estados una guía para desarrollar políticas internas, programas, mecanismos y prácticas para la protección efectiva de personas defensoras de derechos humanos, en concordancia con los estándares de derechos humanos interamericanos», indicó.
Una política integral de protección parte del reconocimiento de la interrelación e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para posibilitar que las personas defensoras puedan ejercer en forma libre y segura sus labores de defensa de los derechos humanos. En este sentido, una política integral de protección hace referencia a un enfoque amplio y abarcativo que requiere extender la protección más allá de mecanismos o sistemas de protección física cuando atraviesan situaciones de riesgo, implementando políticas públicas y medidas encaminadas a respetar los derechos de las personas defensoras; prevenir las violaciones a sus derechos; investigar con debida diligencia los actos de violencia en su contra; y, sancionar a los responsables intelectuales y materiales de cualquier ataque contra personas defensoras.
El informe asimismo analiza los principales avances y desafíos en el funcionamiento de los esfuerzos llevados adelante por algunos Estados, como los mecanismos nacionales de protección, legislación, políticas y programas existentes en algunos países; y realiza recomendaciones dirigidas a los Estados encaminadas a garantizar una mejor implementación de las medidas de prevención, protección e investigación, para lograr una política integral de protección.
El trabajo de personas defensoras de derechos humanos es fundamental para la implementación de los derechos humanos y la consolidación del estado de derecho. Defensoras y defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias en el hemisferio. Los hechos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, no sólo afectan las garantías que deben tener como seres humanos, sino también socavan el rol fundamental que juegan en la sociedad y en defender estándares democráticos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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