En todo el mundo existen más de 25,4 millones de personas refugiadas y desplazadas, que se han visto obligadas a abandonar sus hogares.
En los últimos 10 años se estima que más de 600 mil personas se han visto forzadas a salir de sus países para preservar su vida, situación que los coloca en posición de vulnerabilidad y con una necesidad extraordinaria de protección.
Los conflictos armados, la pobreza y el subdesarrollo son las principales causas de los desplazamientos forzados de población, y por ende de violaciones flagrantes a los derechos fundamentales de numerosas personas en los cinco continentes. Particularmente en Suramérica y parte de Norteamérica ha aumentado de manera alarmante el número de personas en situación de refugiados.
Venezuela no escapa de esta realidad. La compleja situación política, social y económica que atraviesa el país, ha derivado en una emergencia humanitaria compleja. La inseguridad, la violencia, la falta de alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como la pérdida del poder adquisitivo, ha impulsado una oleada migratoria sin precedentes.
Debido a la continua salida de venezolanos a otros países, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), dictó nuevas directrices para que los gobiernos aborden la situación de las personas necesitadas de protección internacional y asistencia humanitaria.
Es importante hacer una distinción entre lo que se define como refugiado y como migrante. Los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional.
Mientras que los migrantes, a pesar de que aun no existe una definición jurídicamente convenida, las Naciones Unidas los considera como personas que han residido en un país extranjero durante más de un año, independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros.
La principal diferencia entre ambos términos es que los migrantes pueden regresar a su territorio, mientras que los refugiados no pueden hacerlo, pues huyen de alguna situación que los obligó a salir para salvaguardar su integridad.
Acnur ha emitido varios comunicados sobre la situación migratoria venezolana, pues a pesar de no cumplir con todos los estándares de un refugiado, la oleada de migrantes venezolanos ha sobrepasado la capacidad de atención de los países de acogida y se requiere la protección internacional para garantizar los derechos de los venezolanos.
De acuerdo a los datos ofrecidos por la agencia de Naciones Unidas, se ha producido un aumento de 2.000% en el número de nacionales venezolanos que buscan asilo en todo el mundo desde 2014, principalmente en las Américas, durante el año pasado. Más de 94,000 venezolanos pudieron acceder a los procedimientos para refugiados en otros países en 2017, muchos más que necesitan protección optan por otros arreglos legales para quedarse, que pueden ser más rápidos de obtener y otorgan el derecho al trabajo, acceso a salud y la educación.
Actualmente los ciudadanos venezolanos ocupan el cuarto lugar en la cantidad de solicitudes de protección en el exterior.
Hubo un aumento de nuevas solicitudes de asilo presentadas en el 2017 frente al año anterior con 111.600 peticiones, por lo que el Alto Comisionado, Filippo Grandi, estimó que para 2018 los números no van a reducirse, sino que van a incrementarse.
Asimismo, señaló que la mayor parte de las solicitudes de asilo de venezolanos fueron presentadas el año pasado en Perú, con un total de 33.100 y en EEUU con 29.900. Otros países que también recibieron un importante número de peticiones fueron Brasil con 17.900, España con 10.600, Panamá con 4.400, México con 4.000 y Costa Rica con 3.200 solicitudes.
Bajo esta estadística, Acnur estima que en los últimos años más de 1,5 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la compleja situación socioeconómica y política. Miles de venezolanos no cuentan con documentación o permisos para permanecer en los países de acogida, haciéndolos particularmente vulnerables a la explotación, el tráfico, la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la xenofobia.
En este contexto, Acnur instó a los Estados receptores a garantizar el acceso a su territorio y a alcanzar acuerdos de estancia legal, como visados o permisos de residencia temporales, así como otros programas de regularización, que garanticen derechos básicos como la salud, la educación, la reunificación familiar, entre otros.
La sociedad civil organizada en Venezuela tiene como misión la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero ante la emergencia humanitaria compleja que nos afecta, requerimos el apoyo de las organizaciones de los países de acogida, para hacer un trabajo de incidencia, que permita facilitar que quienes sufren injustamente el desplazamiento forzado puedan tratar de restablecer sus vidas, mientras el regreso a su país, o su región de origen, no garantice su seguridad. Desde Cepaz hacemos un llamado de comprensión y solidaridad a toda la sociedad, y también a que ejerzamos acciones entre todos para que se haga justicia con las personas que se han visto obligadas a huir de sus comunidades de origen.
Naciones Unidas, 2018. Véase en: http://www.un.org/es/sectiPrensa CEPAZ
