28 de octubre de 2016.- Venezuela presentará su segundo Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el próximos 1 de noviembre. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifestamos nuestra preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela y nos sumamos a las voces que piden garantías para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, los derechos políticos, los derechos sociales y la democracia.
En los últimos días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció la suspensión indefinida del proceso del referendo revocatorio, mecanismo que permite la remoción de las autoridades electas por votación popular, mediante una nueva consulta, promovida por distintos sectores sociales y grupos políticos. Estas actuaciones ocurren bajo un contexto de crisis económica, alimenticia y sanitaria en la que han aumentado las situaciones de vigilancia y acoso a defensores de derechos humanos; se han generado obstáculos de facto y legales a las libertades de reunión, asociación, expresión y a los derechos políticos; y el país se encuentra azotado por altas tasas de violencia, homicidios, e impunidad.
Reiteramos, que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar el pleno acatamiento del Estado de derecho, los principios constitucionales y los derechos fundamentales, incluido el derecho a la democracia. En ese sentido, Venezuela debe proteger el derecho de sus ciudadanos y ciudadanas a salir a manifestarse, expresar sus opiniones discrepantes y, en el caso de defensores de derechos humanos, realizar su trabajo, sin miedo a represalias y hostigamientos. Tal y como lo han exigido múltiples instancias internacionales de derechos humanos, el Estado debe garantizar respeto a la vida, la salud, la integridad y la libertad a la asociación de los venezolanos y las venezolanas.
Así, en la rendición de cuentas que realizará el Estado venezolano ante el Consejo de Derechos Humanos la semana que viene, consideramos esencial que se haga un análisis exhaustivo de cómo el Estado de Venezuela está trabajando para garantizar y respetar los derechos fundamentales de la gente en el país.
Esperamos que el EPU sea una oportunidad para dar cuenta de los déficits en derechos humanos y para que se elaboren recomendaciones claras que ayuden a superar la grave situación actual. Adicionalmente, sería importante que el proceso promueva y refuerce los espacios de diálogo entre diversos actores clave dentro del país, con diversos sectores del Estado, y de la comunidad internacional, para poder llegar a una solución de consenso que permita una garantía amplia de los derechos de las y los venezolanos.
Para ver la transmisión en vivo del EPU de Venezuela el 1 de noviembre sigue: http://webtv.un.org/meetings-events/
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
