“Si no hay represión, no hay violencia. La violencia viene por la represión”. Así se expresó el Cardenal de Caracas Jorge Urosa Savino, sobre las recientes manifestaciones realizadas en el país y la respuesta gubernamental a las mismas, que en apenas una semana, ha generado nuevos episodios de obstáculos para el ejercicio del derecho a la reunión y manifestación pacífica, abusos contra los derechos humanos, más de un centenar de personas detenidas y una persona asesinada.
El máximo representante de la iglesia Católica en el país exhortó al gobierno a detener la represión contra los manifestantes y a permitir el ejercicio del derecho a expresarse libremente, “no es posible que se suspenda el servicio de las estaciones del metro simplemente porque haya una manifestación, la gente tiene derecho a utilizar los servicios públicos”. Añadió que la inhabilitación de la Contraloría General de la República contra el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonsky, es una privación indebida de los derechos políticos del funcionario y afirmó que cualquier procedimiento referido a irregularidades administrativas en el ejercicio de sus funciones debe ser conocido y tramitado por los Tribunales del país, de lo contrario, dijo, se está apostando a aumentar el descontento entre un amplio grupo de venezolanos.
Provea saluda las declaraciones del Cardenal Savino, y respalda su llamado a las autoridades venezolanas a detener la represión y los obstáculos indebidos para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Desde el pasado 20 de octubre hemos calificado al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura del siglo XXI, luego de la suspensión indefinida del derecho al sufragio mediante la irrita e inconstitucional decisión de cinco tribunales penales del país, de anular los mecanismos para la activación de la figura del referendo revocatorio previsto en el artículo 72 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela; el desconocimiento de las competencias de la Asamblea Nacional por parte del Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia; y la creciente represión contra la disidencia política y manifestantes pacíficos, todo ello, atizado por el inconstitucional Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica dictado en mayo pasado, que ha propiciado la construcción de una «legalidad» alterna a la Constitución Nacional, cuyos efectos han extinguido definitivamente el Estado de Derecho en Venezuela.
