El arzobispo emérito de Caracas y cardenal de la Iglesia católica, Baltazar Porras, relató que la mañana del 10 de diciembre, al llegar al aeropuerto de Maiquetía para salir de Venezuela rumbo a España por compromisos eclesiales, funcionarios de Migración de Nicolás Maduro retuvieron su pasaporte alegando que “debían consultar” porque presuntamente “no estaba al día”. Poco después, un superior le informó que el documento “presentaba problemas” y que no podía viajar.
Según su testimonio, se le indicó que debía trasladarse a la sede central del Saime en Caracas para “averiguar”, sin explicación técnica ni procedimiento verificable para aclarar la medida. La prohibición de abordar el vuelo se mantuvo a pesar de la ausencia de información oficial.
El cardenal detalló que fue escoltado durante todo el proceso, vigilado incluso cuando pidió ir al baño, y luego trasladado a un espacio donde se le exigió firmar un acta que justificaba la medida como “incumplimiento de normas para viajar”. Al intentar fotografiar el documento, se le prohibió y fue advertido de que podía ser detenido si insistía. Su pasaporte no le fue devuelto. Finalmente, fue guiado hacia la salida del aeropuerto sin orientación sobre el paradero del documento ni los pasos a seguir.
Castigos ejemplarizantes a la disidencia en Venezuela
La retención del pasaporte del cardenal Baltazar Porras ocurre en el marco de una creciente política de castigo contra voces disidentes en Venezuela, como recientemente lo ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la anulación arbitraria de pasaportes de personas opositoras, periodistas y defensoras de derechos humanos. Según el monitoreo de marzo del 2025, al menos 40 personas han sufrido esta medida en los últimos meses, sin notificación previa y sin fundamento legal conocido.
La mayoría se entera al intentar viajar o al consultar el sistema del Saime, la cifra podría ser mayor debido al subregistro y miedo a denunciar.
La CIDH ha señalado que esta práctica se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en un escenario marcado por una represión que dejó más de 2.400 detenciones bajo la llamada “Operación Tun Tun”. En ese contexto, varias de las personas que denunciaron abusos, irregularidades electorales o violaciones de derechos humanos descubrieron que su pasaporte había sido anulado sin explicación.
La falta de información, la retención de documentos de identidad y la imposibilidad de conocer o impugnar las decisiones afectan la libertad de circulación, la vida familiar, el trabajo y el derecho a solicitar protección internacional. También generan un efecto inhibidor que limita la denuncia pública y profundiza el clima de temor.
El testimonio del cardenal Porras se suma a este cuadro de decisiones discrecionales en puntos migratorios, medidas sin transparencia y personas que quedan completamente indefensas frente a autoridades que no explican ni justifican su actuación. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, su relato recuerda la urgencia de garantizar información, procedimientos claros y respeto pleno a las libertades fundamentales de las y los venezolanos.
Desde Provea expresamos nuestra solidaridad con el cardenal Baltazar Porras y con todas las personas afectadas por restricciones arbitrarias de su movilidad. El derecho a transitar, salir, regresar y circular libremente el país es un derecho humano básico que debe ser respetado y protegido sin excepciones.
