Segunda y última audiencia de apelación
La Corte Penal Internacional (CPI) llevó a cabo en su sede en La Haya la segunda y última
audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En esta jornada, el gobierno nacional presentó de nuevo sus argumentos contra la decisión
del tribunal de reanudar la investigación, acuerdo que fue rechazado por la Fiscalía de la
CPI. La comparecencia se logró luego de la apelación de Venezuela contra una decisión
previa de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que, en junio de este
año, autorizaron aperturar nuevamente la investigación contra nuestro país por la comisión
de presuntos crímenes de lesa humanidad.
Ben Emmerson, quien es abogado y uno de los representantes legales del gobierno de
Nicolás Maduro aseguró que la Fiscalía nunca señaló a funcionarios de alto rango de
alguno de los delitos que se pretenda investigar, y aseguró que en algunos de los casos se
han identificado los sospechosos, y en otros no porque la investigación no ha alcanzado ese
nivel.
Recordemos que desde el año 2018 Venezuela ha estado bajo la consideración de la Corte
Penal Internacional (CPI), luego de que varios Estados Parte presentaran una denuncia
formal ante este tribunal internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad y
porque la justicia venezolana no ha llevado a cabo procedimientos e investigaciones que
conduzcan a la rendición de cuentas de los perpetradores y a la reparación de las víctimas
y/o de sus familiares.
El estado venezolano y sus justificaciones
Para la entrevista en Son Derechos, Calixto Ávila, quien es abogado y especialista en
derecho internacional manifestó que el estado venezolano ha venido alegando que existen
errores de hecho y derecho por parte de los jueces de la sala de cuestiones preliminares al
momento de tomar su decisión. “Si nos interesa entender este tema en palabras sencillas
será importante comprender cuales han sido las estrategias presentadas por el estado
venezolano durante este proceso de apelación. Lo primero fue indicar que la información
sobre la cual se había basado la sala de cuestiones no fue comprendida del todo,
recordemos que en particular el estado trasmitió veinticinco mil (25.000) documentos a la
fiscalía aunque la mayoría no fueron traducidos a los idiomas del trabajo de la Corte
Penal Internacional que son el francés e inglés. Por lo tanto, de acuerdo al estado los
jueces tomaron una decisión no basada en todos los elementos de información, la segunda
estrategia ha sido negar reiteradamente que en Venezuela se han cometido crímenes de
lesa humanidad, y la tercera es que se ha venido aplicando una defensa más jurídica
alegando que no se han examinado los documentos en toda su forma”, aseguró.
Las víctimas y su participación
El también es miembro del equipo de Provea en Europa señaló que la participación de las
víctimas tuvo un carácter doble. El primero fue a través de las remisiones por medio de las
secciones para la participación de las víctimas y reparaciones de la secretaría de la Corte
Penal Internacional, pero también a través de la Oficina para la Defensa de las Víctimas.
“Aunque ya había una previa asistencia de las personas afectadas por medio de la sección
de la participación de las víctimas y para la apelación también se les ofreció esa
oportunidad, esto dio lugar a un nuevo informe que fue elaborado y enviado a los jueces
acompañado de todos los documentos y registros que enviaron las propias víctimas que
respaldan la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de otorgar al fiscal asumir la
investigación y que solicitaban a la Sala de Apelaciones que confirmara esa decisión,
mientras que la Oficina para la Defensa de las Víctimas se enfocó en recaudar material
importante de los diferentes casos ya que es un órgano de la CPI. Lo importante de estas
participaciones es que afortunadamente ha permitido visibilizar cual es la opinión de los
afectados frente a la investigación de la Corte Penal Internacional, aunque muchas de
estas personas siguen creyendo que no hay justicia en el país pero esta acciones son un
gran paso para la Oficina de la Defensa de las Víctimas”, afirmó.
Venezuela en espera de una respuesta
Finalmente, Ávila aseveró que para los próximos meses se debe esperar la sentencia de los
jueces de la Sala de Apelaciones. “Particularmente yo sí creo que puede haber una
respuesta positiva por parte de los jueces, y las facultades investigativas del fiscal quien ha
venido realizando un gran trabajo porque no dejado de investigar. Hoy la gran
inseguridad del estado es hacer frente a un tribunal independiente, pero al mismo tiempo
abre la posibilidad que tanto las víctimas como las organizaciones de la sociedad civil
puedan actuar ante un tribunal independiente y con garantías”, finalizó.
Eduardo Herrera, productor de Son Derechos
