El 24 de febrero de 2016 pudiera ser considerado como el día en el que se extinguió la institucionalidad ambiental en Venezuela y se sentaron las bases del actual modelo político y económico, basado en más acumulación de renta primaria, con más represión y más opacidad.
Ese día se promulgó el decreto Nro. 2.248 que creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero”, afectando un área de 111.843,70 km2 del territorio nacional en el sur del país, violando los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, obviando los necesarios estudios de impacto ambiental, proscribiendo los derechos a la libre asociación y a la huelga y, sobre todo, atizando una fiebre minera que ha devastado el medio ambiente y los derechos de los pobladores de los estados Bolívar y Amazonas.
Ello, fue el inicio del silencioso viraje de Nicolás Maduro hacía un capitalismo primitivo, anclado en la intensificación del modelo extractivo –entonces en la estrategia post-petrolera tras la caída de PDVSA y las sanciones de Washington-, y en una economía de clientes que alcanzó su cénit con la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos en 2020.
Se cumplen 10 años de la creación del Arco Minero del Orinoco y ahora, tras el lanzamiento del «Plan Oro», anunciado por Delcy Rodríguez, la frontera extractiva se sigue expandiendo en el sur del país, afectando severamente al medio ambiente y a los pueblos y comunidades indígenas que habitan estas regiones.
En 2016 se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), con el objetivo de impulsar la minería a gran escala en un área con gran biodiversidad de 111.843 km² del estado Bolívar, que, al poco tiempo impulsó el auge de la minería, legal e ilegal, en los estados Amazonas y Delta Amacuro.
«La minería es uno de los elementos que tenemos con la mejor planificación y proyección, y que nos permite hoy echar a andar este motor minero con mucha fuerza”, dijo Maduro en 2016.
«Lo tenemos todo para activar este gran motor, por los actores fundamentales. Inversionistas nacionales, los más importantes inversionistas del mundo de 35 países, con nuestra minería artesanal pequeña y mediana como una gran experiencia, a la cual le estamos dando y le vamos a dar un trato especial”, añadió el mandatario.
Pero la creación del AMO no consideró la existencia en dicha área de distintos parques nacionales, reservas forestales y otras figuras de protección ambiental, además de los territorios ancestrales y tradicionales de once pueblos indígenas venezolanos que no fueron consultados.
Tampoco se realizaron los estudios de impacto ambiental y sociocultural, obligatorios por ley.
Este decreto y su implementación transgredió abiertamente el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, así como el derecho a un medio ambiente sano.
Específicamente, en el área donde se desarrolla el AMO se encuentran el Parque Nacional Canaima, el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, la Reserva Forestal del Caura, la Reserva de Biosfera del Delta del Orinoco, los monumentos naturales Ichun-Guanacoco, Cerro Guiquinima y zona protectora del sur del estado Bolívar.
Allí se encuentran los territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas warao, akawayo, eñepa, pumé, mapoyo, kari’ña, arawak, wõtjῧjã (piaroa), pemón, ye’kwana y sanɨma.
La expansión de la frontera extractiva impulsada por el AMO ha afectado severamente al pueblo hotï (jodi) y yanomamɨ en el Amazonas venezolano.
La principal amenaza
El Arco Minero del Orinoco (AMO) constituye el primer caso de minería metalífera a gran escala impulsado por el Estado venezolano.
Su implementación ha generado impactos sociales y ambientales de múltiples dimensiones que no han sido debidamente evaluados ni ponderados.
El AMO ha afectado los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a un medio ambiente sano, especialmente, en el marco de la actual crisis climática global.
La ejecución del AMO ha propiciado la militarización de territorios indígenas y la presencia de grupos armados ilegales, lo que ha derivado en la ocurrencia de graves violaciones de derechos humanos, como desplazamientos de territorios, detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones forzadas, así como afectaciones a diversos derechos económicos, sociales, culturales y territoriales de los pueblos indígenas que habitan los territorios impactados por el auge extractivo.
El AMO ha generado:
- Graves afectaciones a los derechos a la salud de los pueblos indígenas en la Amazonía venezolana.
- Un severo impacto en el medio ambiente en regiones especialmente frágiles y refugio de una amplia biodiversidad.
- Fragmentación de los territorios con la falta de titulación y reconocimiento respectivo.
- Desintegración comunitaria y organizativa, debido a la creación de organizaciones paralelas inducidas por el gobierno nacional o local y por instancias paraestatales.
- Cambios en los modos de vida propios resultado de los patrones extractivos que han emergido a raíz de la minería legal e ilegal, derivados de la ejecución de la “Zona de Desarrollo Estratégica Nacional Arco Minero del Orinoco”.
- Aumento de asesinatos de defensores indígenas quienes han sido custodios de sus hábitats ancestrales y tradicionales, de la naturaleza y del territorio nacional, y serias amenazas a los derechos a la vida e integridad personal de las personas que habitan estos territorios, derivadas del aumento exponencial de la violencia debido al auge minero.
El AMO sigue siendo la principal amenaza a los derechos de los pueblos indígenas al sur del Orinoco.
Su expansión, a través de la minería ilegal hacia el resto de la Amazonía venezolana, amenaza las formas de vida de las comunidades indígenas y, lo que es peor, la de sus defensores y guardianes.
La singularidad ecológica y cultural del bioma amazónico, reconocido por su función esencial como sumidero global de carbono, su excepcional biodiversidad y su importante incidencia en la regulación climática mundial, exige una evaluación diferenciada y reforzada de los impactos ambientales y sociales derivados de proyectos vinculados al extractivismo.
A diferencia de otros ecosistemas, la Amazonía se aproxima peligrosamente a puntos críticos de deterioro ambiental irreversibles, donde los efectos asociados a las actividades extractivas no solo afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas que históricamente han habitado este territorio, sino que también intensifican la crisis climática global.
Precarización estatal
A las amenazas se suma la ausencia de políticas públicas integrantes que se traducen en una ausencia de garantías para derechos esenciales de los pueblos indígenas afectados por el AMO, como el derecho a la salud.
Desde hace décadas se ha llamado la atención sobre los serios problemas de salud en comunidades indígenas al sur del Orinoco, donde el difícil acceso, la deficiente comunicación y el déficit de personal especializado dificultan la materialización del derecho a la salud en muchas comunidades.
Destaca la precaria infraestructura, la falta de personal, de insumos y medicamentos prevalente en la región.
Según datos de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA), en el municipio Autana del estado indígena de Amazonas, apenas están en pleno funcionamiento tres centros de atención médica primaria (ambulatorios), de los doce que se tienen registrados.
Además, un número importante del personal sanitario local se encuentra trabajando en otros oficios, como la minería ilegal, debido a los bajos salarios que perciben.
Los escasos esfuerzos recientes que el gobierno nacional y otras instituciones han llevado a cabo han sido insuficientes para superar la problemática.
La atención médico-sanitaria sigue siendo precaria, quedando como única opción la medicina tradicional.
Como resultado, la esperanza de vida al nacer puede ser hasta de 40 años, inferior a la del promedio nacional.
La población indígena tiene mayor probabilidad de morir por enfermedades altamente evitables de ser atendidas a tiempo.
Asimismo, las tasas de mortalidad materna e infantil, así como las cifras de malformaciones y discapacidad originada por la contaminación de mercurio, son extremadamente alarmantes en los pueblos indígenas amazónicos afectados por el AMO.
Por otra parte, hay prevalencia de embarazos a temprana edad, siendo algo muy común que las jóvenes se conviertan en madres desde los 14 o 15 años de edad.
También hay incremento de enfermedades sexualmente transmisibles, las cuales registran un crecimiento sostenido, presumiblemente a causa de la presencia de los grupos de mineros ilegales en los estados Bolívar y Amazonas.
Las dinámicas de minería ilegal también amenazan a los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI), que son el último bastión de resistencia cultural y de protección de los bosques en Venezuela y la Amazonía.
Plan Oro
Tras el lanzamiento del Plan Oro y Expansión Minera 2026, anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Provea recuerda que desde 2016 el Decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, extendió la frontera extractiva en el sur del país, afectando severamente al medio ambiente y a los pueblos y comunidades indígenas que habitan estas regiones.
Con el Arco Minero del Orinoco se transgredió abiertamente el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho humano a un medio ambiente sano.
La puesta en marcha del Arco Minero del Orinoco, impulsó el avance de la minería ilegal descontrolada en todo el sur del país, trascendiendo los límites geográficos establecidos en el propio Decreto de creación del Arco Minero del Orinoco.
Además, se atizaron las disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer el control de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo.
Las tensiones entre indígenas y actores estatales y grupos armados no estatales, -incluyendo a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- han ido en aumento debido al crecimiento exponencial de la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas, que ha sido impulsada por el mega proyecto Arco Minero del Orinoco.
La paralización de los procesos de demarcación de territorios indígenas, el abandono de las obligaciones estatales de proveer salud, alimentación y seguridad a sus comunidades, la ausencia de garantías para los derechos a la movilidad, educación y a la participación política en igualdad de condiciones y el desmantelamiento de la institucionalidad y la guardería ambiental, forman parte de un amplio repertorio de abusos y ausencias estatales que echan por tierra todos los avances que se alcanzaron con la aprobación de la Constitución de 1999.
La minería ilegal se ha expandido más allá de los límites establecidos en el Decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, impactando intensamente otras áreas que deben ser protegidas, como la Reserva Forestal La Paragua, el parque nacional Canaima y todo el estado Amazonas, entre otros.
En la actualidad, la actividad minera ejercida sin ningún tipo de regulación institucional, pero con evidente complicidad oficial, genera graves daños ambientales como deforestación, contaminación mercurial de suelos, agua y ecosistemas en general.
Recién, la presidenta (E) Delcy Rodríguez aseguró que la producción nacional de oro alcanzó un total de 9.5 toneladas en 2025.
Pero eso no se ha traducido en bienestar para los pueblos indígenas.
La malaria y la tuberculosis siguen siendo la principal causa de muerte entre indígenas.
Se han registrado más de 390 muertes entre indígenas Yanomami, en su mayoría por malaria, en los últimos años.
Un panorama tan complejo, urge respuestas inmediatas.
Las autoridades venezolanas deben asumir un compromiso real con la protección de la Orinoquía y la Amazonía y, sobre todo, con los pueblos que la habitan.
Ello incluye el cumplimiento de:
- Los procesos de demarcación, auto-demarcación y entrega de titularidad de tierras a los pueblos indígenas.
- Respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada y a la asociación autónoma de los pueblos y organizaciones indígenas.
- Paralización de los proyectos de mega-minería en el marco del Arco Minero del Orinoco, hasta tanto no se realicen, adecuadamente, los estudios de impacto ambiental y la consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas afectados.
- Lucha eficaz y sostenible contra la minería ilegal, el desalojo de grupos irregulares y el desmantelamiento de las gobernanzas ilícitas que controlan el territorio.
- Suscripción y adopción del Acuerdo de Escazú.
- Cumplimiento del plan de salud Yanomami, y compromisos para extenderlo al resto de los pueblos y comunidades indígenas.
Esta nota contiene información enviada recientemente por las organizaciones Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI), Centro de Estudios por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA). Programa de Promoción de los Derechos Indígenas en Venezuela Wayamoutheri y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea),
