El gobierno declaró el estado de excepción y lo prorrogó cuatro veces. La mayoría de las personas sospechosas de ser responsables de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos durante las protestas de 2014 todavía no habían comparecido ante la justicia. Continuaban la violencia y el hacinamiento en las prisiones. Las sobrevivientes de violencia de género se enfrentaban a considerables obstáculos para acceder a la justicia. Buscando su descrédito, se lanzaban frecuentes campañas de discriminación contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, que también sufrían agresiones e intimidación. Se siguió encarcelando a personas críticas con el gobierno y a miembros de la oposición política. Se denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad.
INFORMACIÓN GENERAL
El 15 de enero, el presidente Maduro declaró el estado de excepción y emergencia económica, que se mantuvo todo el año. La declaración estableció disposiciones que podían restringir la labor de la sociedad civil y de las ONG, al permitir, por ejemplo, que las autoridades revisaran acuerdos firmados entre organizaciones nacionales y entidades jurídicas con empresas o instituciones con sede en el extranjero. Las autoridades no proporcionaron información sobre los resultados de la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado en 2015. La mayoría de las sentencias y de las órdenes sobre Venezuela dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía no se habían cumplido al terminar el año.
La escasez de alimentos y medicamentos se intensificó de manera alarmante, lo que desató protestas en todo el país. En julio, el ejecutivo anunció un nuevo régimen de trabajo temporal obligatorio en virtud del cual las personas empleadas en los sectores público y privado podían ser transferidas a empresas estatales de producción de alimentos, lo que constituiría trabajo forzado.
En octubre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos declaró que varios relatores especiales habían tenido dificultades para visitar el país porque el gobierno no les concedía los permisos pertinentes.
En noviembre, Venezuela se sometió por segunda vez al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos. El hecho de que más del 60% de los jueces ocupara su cargo de manera temporal hacía temer que pudieran ser vulnerables a las presiones políticas. En contra de lo dispuesto por las normas internacionales de derechos humanos, se juzgaba a civiles ante tribunales militares. Las fuerzas policiales se negaban a cumplir las órdenes de puesta en libertad dictadas por los tribunales.
El Tribunal Supremo de Justicia limitó drásticamente mediante resoluciones las facultades de la Asamblea Nacional, con mayoría de la oposición, lo que entorpecía la capacidad de diputados y diputadas para representar a los pueblos indígenas. El Tribunal Supremo también anuló una declaración parlamentaria sobre la no discriminación relacionada con la orientación sexual y la identidad de género, y una declaración que pedía el cumplimiento de las decisiones adoptadas por las organizaciones intergubernamentales.
IMPUNIDAD
La retirada del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (efectiva desde 2013) continuó privando del acceso a la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias.
A pesar de que en diciembre dos funcionarios fueron declarados culpables del asesinato de Bassil Da Costa y Geraldine Moreno, cometido durante las protestas de 2014, fueron lentos los avances para llevar ante la justicia a los presuntos responsables penales del homicidio de otras 41 personas —incluidos miembros de las fuerzas de seguridad— y de tortura y otros malos tratos a manifestantes durante las protestas. Entre las personas sospechosas había miembros de las fuerzas de seguridad. La información proporcionada por la fiscal general durante el examen periódico universal reveló que nueve funcionarios habían sido declarados culpables de diversos delitos, y que otros 18 estaban siendo investigados, pese a que el año anterior se habían iniciado 298 investigaciones. Con todo, los únicos datos oficiales publicados por el Ministerio Público fueron los relativos a la sentencia condenatoria de un hombre por el asesinato en 2014 de Adriana Urquiola, cometido en la ciudad de Los Teques, estado Miranda.
Según un informe del Ministerio Público presentado al Parlamento en enero, en 2015 se recibieron más de 11.000 denuncias de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, pero durante el año sólo se habían iniciado 77 juicios. Nadie había comparecido ante la justicia por el homicidio de ocho miembros de la familia Barrios ni por las amenazas e intimidaciones que otras personas de esa misma familia venían sufriendo desde 1998 en el estado Aragua. Alcedo Mora Márquez, empleado de la Secretaría de Gobierno del estado Mérida y líder comunitario de la zona, desapareció en febrero de 2015. Antes de su desaparición había denunciado la conducta indebida de funcionarios locales.
En marzo, 28 mineros y mineras desaparecieron en el estado Bolívar; en octubre, el Ministerio Público presentó un informe que revelaba que había hallado los cadáveres de estas personas y había determinado quiénes eran los responsables de su desaparición. Se presentaron cargos de asesinato, robo y “privación de libertad” contra 12 personas.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Se denunció repetidamente el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en la represión de las protestas por la falta de alimentos y medicamentos. En junio, Jenny Ortiz Gómez murió por varios disparos en la cabeza durante una operación policial de mantenimiento del orden público. El presunto responsable fue acusado de homicidio intencional y uso indebido de arma de fuego.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el año se registraron aproximadamente 590 manifestaciones al mes. La mayoría estaban relacionadas con demandas de derechos económicos, sociales y culturales, en particular con el acceso a alimentos, salud y vivienda.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron siendo blanco de ataques e intimidación por parte de los medios de comunicación estatales y de alto cargos gubernamentales.
En abril, Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), fue, una vez más, víctima de amenazas e insultos al ser pirateadas sus cuentas de correo electrónico y redes sociales tras la publicación de una entrevista en la que denunciaba la violencia en el sistema penitenciario.
En mayo, mientras atendía a personas heridas durante una manifestación en el estado Mérida, Rigoberto Lobo Puentes, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, recibió disparos de perdigones en la cabeza y la espalda efectuados por unos agentes de policía. Los agentes siguieron disparándole tras meterse él en su automóvil. En junio, los abogados Raquel Sánchez y Oscar Alfredo Ríos, miembros de la ONG Foro Penal Venezolano, fueron atacados por un grupo de encapuchados que destrozaron el parabrisas y los espejos retrovisores laterales del automóvil en el que viajaban por el estado Táchira. Raquel Sánchez resultó gravemente herida al ser golpeada en la cabeza cuando salía del vehículo.
CONDICIONES DE RECLUSIÓN
Las cárceles seguían teniendo graves problemas de hacinamiento, y las condiciones de vida de la población reclusa —incluido el acceso a alimentos y la salud— empeoraron, a pesar del anuncio sobre nuevos centros de detención. La presencia de armas en posesión de los reclusos seguía siendo un problema que las autoridades no controlaron. Según el OVP, durante el primer semestre del año la población reclusa superaba en un 190% la capacidad máxima de los centros penitenciarios. Varias ONG locales también denunciaron la situación crítica en los centros de detención preventiva.
En marzo, 57 personas resultaron heridas en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara, entre ellas cuatro reclusos, un funcionario de prisiones y el director de la cárcel.
En agosto, siete personas murieron y varias resultaron heridas por la explosión de granadas durante un motín en el Centro
Penitenciario de Aragua. En octubre, varios reclusos fueron desalojados de la Penitenciaría General de Venezuela tras semanas de enfrentamientos con la Guardia Nacional Bolivariana que, presuntamente, hizo uso excesivo de la fuerza.
La Defensoría del Pueblo anunció una propuesta para reducir el hacinamiento en los centros de detención preventiva. Según el informe anual presentado por la Defensoría ante el Parlamento, 22.759 personas se hallaban detenidas en espera de juicio en dependencias policiales, lo que provocaba hacinamiento y la propagación de enfermedades y violencia.
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN ARBITRARIAS
Al concluir el año, el abogado Marcelo Crovato seguía bajo arresto domiciliario. Había sido recluido sin juicio en abril de 2014 y sometido a arresto domiciliario en 2015 por defender a los residentes en cuyas viviendas las autoridades habían irrumpido durante unas protestas. Las decisiones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria todavía no se habían aplicado al terminar el año. Entre ellas había decisiones relativas a los casos de Daniel Ceballos y Antonio Ledezma, dos destacados líderes opositores al gobierno.
En junio, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, dos activistas que apoyaban al partido de oposición Voluntad Popular, fueron detenidos cuando se dirigían desde la capital, Caracas, al estado Portuguesa para ayudar a organizar actividades electorales. En agosto, Gabriel San Miguel fue puesto en libertad tras una gestión del gobierno de España, y Francisco Márquez fue liberado en octubre.
Emilio Baduel Cafarelli y Alexander Tirado Lara fueron transferidos en tres ocasiones a centros de detención considerados peligrosos, lo que suscitó preocupación por su vida e integridad física. Ambos habían sido declarados culpables de instigación pública, intimidación pública con artefactos explosivos y agavillamiento (conspiración para delinquir) durante las protestas de
2014.
Los miembros de la oposición Coromoto Rodríguez, Yon Goicoechea, Alejandro Puglia y José Vicente García fueron arrestados en mayo, agosto, septiembre y octubre, respectivamente, en circunstancias que constituían detención arbitraria. Coromoto
Rodríguez y Alejandro Puglia fueron puestos en libertad en octubre. En septiembre fueron detenidos Andrés Moreno Febres-Cordero, Marco Trejo, James Mathison y César Cuellar y, a pesar de ser civiles, comparecieron ante un tribunal militar por participar en la producción de un vídeo del partido político Primero Justicia en el que se había criticado al gobierno. Marco Trejo y Andrés Moreno Febres-Cordero fueron liberados en noviembre.
PRESOS Y PRESAS DE CONCIENCIA
Se siguió encarcelando a personas que se oponían políticamente al gobierno. En julio, una corte de apelaciones desestimó un recurso contra la pena de cárcel impuesta al preso de conciencia Leopoldo López, sin considerar la ausencia de pruebas fehacientes que respaldaran los cargos en su contra ni las declaraciones públicas realizadas por las autoridades antes de su condena, que socavaron gravemente el derecho del acusado a un juicio justo. Leopoldo López había sido condenado a 13 años y 9 meses de prisión. Según el Foro Penal Venezolano, más de un centenar de personas se hallaban detenidas por razones políticas.
En noviembre fue excarcelado Rosmit Mantilla, preso de conciencia y activista que defendía los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Llevaba encarcelado desde 2014. Al concluir el año, seguían sin estar claras las circunstancias y las condiciones de su liberación.
POLICÍA Y FUERZAS DE SEGURIDAD
Seguía sin disponerse de datos oficiales recientes sobre el número de homicidios. El Observatorio Venezolano de Violencia informó de que el país tenía la segunda tasa de homicidios más alta de América. En enero, el Ministerio Público informó de que se habían iniciado investigaciones sobre la muerte de 245 personas ocurrida en presuntos enfrentamientos armados con agentes durante la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), concebida por el gobierno y llevada a cabo en julio de 2015 por las fuerzas de seguridad para abordar los altos índices de delincuencia. La elevada cifra de bajas civiles apuntaba a que las fuerzas de seguridad podían haber recurrido al uso excesivo de la fuerza o haber cometido ejecuciones extrajudiciales.
El 15 de octubre, 12 jóvenes fueron detenidos arbitrariamente en la región de Barlovento, estado Miranda, durante una operación de seguridad de la OLP. El 28 de noviembre se encontraron sus cadáveres en dos fosas comunes clandestinas. Según el Ministerio Público, 18 miembros de las fuerzas armadas fueron detenidos por su presunta participación en la masacre.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por los informes de abusos cometidos por el ejército contra los pueblos indígenas establecidos en la Guajira, estado Zulia, en la frontera con Colombia.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Las autoridades continuaron señalando a medios de comunicación y periodistas que mantenían una postura crítica respecto al gobierno.
En marzo, David Natera Febres, director del periódico regional Correo del Caroní, fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa por publicar reportajes sobre la corrupción. La sentencia todavía no se había aplicado al terminar el año.
En junio, 17 periodistas y profesionales de los medios de comunicación que cubrían las protestas en Caracas por la escasez de alimentos sufrieron agresiones y el robo de sus equipos. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, sin resultado alguno.
VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS
La aplicación de la legislación de 2007 que penalizaba la violencia de género continuaba siendo lenta debido a la falta de recursos; al concluir el año las víctimas de este tipo de violencia que necesitaban protección todavía no disponían de casas refugio.
Las estadísticas del Ministerio Público indicaban que en 2015 se habían recibido 121.168 denuncias de violencia por motivos de género. Se iniciaron actuaciones penales en 19.816 casos y se dictaron medidas de protección civil, como órdenes de alejamiento, en menos de la mitad de los casos. Según organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, el 96% de los casos que llegaron a los tribunales no acabaron en condena.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES
En mayo, la Asamblea Nacional aprobó declarar el 17 de mayo “Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”.
En agosto, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Ministerio Público acordaron que las personas transgénero podrían expresar libremente su identidad de género en la fotografía de sus documentos de identificación. Con todo, no hubo avances en la legislación para garantizar la igualdad de derechos, como ofrecer la posibilidad de que una persona cambiara el nombre, el género y otros datos en los documentos oficiales a fin de que se ajustaran a la identidad de género, o tipificar como delito los crímenes de odio basados en la orientación sexual y la identidad o expresión de género.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
El acceso a métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, era cada vez más limitado debido a la escasez de medicamentos. El aborto continuaba penalizado en todos los casos, salvo cuando la vida de la mujer o la niña estuviera en peligro.
Según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el índice de mortalidad materna en el país era de 95 por cada 100.000 nacimientos vivos, una cifra significativamente superior a la media regional de 68 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos. El uso de métodos anticonceptivos era del 70% para los métodos tradicionales y del 64% para los modernos; la media regional era del 73% y el 67%, respectivamente.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
No se cumplían las disposiciones legales para garantizar y regular la consulta a los pueblos indígenas sobre cuestiones que afectaran a sus medios de vida. Hubo denuncias de criminalización de defensores y defensoras de los derechos indígenas y de los derechos ambientales. Suscitaba preocupación el impacto que podrían tener sobre las tierras indígenas y sobre el medio ambiente los grandes proyectos mineros en la región meridional de Venezuela conocida como el Arco Minero. La aprobación para la puesta en marcha de proyectos se concedía sin consultar con las comunidades indígenas de la zona ni obtener su consentimiento libre, previo e informado.
DERECHO A LA SALUD: FALTA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS
La crisis económica y social en el país siguió empeorando. Ante la falta de estadísticas oficiales, agencias privadas e independientes, como el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), informaron de que desde noviembre de 2015 hasta octubre de 2016 había habido una inflación del 552% en los productos alimentarios, lo que dificultaba enormemente a la población la compra de alimentos, incluso cuando los encontraban. Según el Observatorio Venezolano de la Salud, el 12,1% de la población comía únicamente dos veces al día o menos. La Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición estimaba que el 25% de los niños y niñas padecían malnutrición.
La encuesta sobre condiciones de vida llevada a cabo por tres importantes universidades reveló que el 73% de los hogares del país sufrían pobreza de ingresos en 2015, mientras que los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística situaban esa cifra en el 33,1%.
La negativa del gobierno a aceptar ayuda internacional para responder a la crisis humanitaria y proporcionar medicamentos exacerbaba la crítica situación de la atención médica. La deficiente situación de los servicios de salud pública dio lugar a un aumento de enfermedades prevenibles y tratables como la malaria y la tuberculosis. Algunas ONG como la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA) y varias asociaciones profesionales estimaron la escasez de medicamentos de elevado precio en un 75% y la de medicamentos esenciales en un 90%.
Amnistía Internacional
