Al menos quince diputados de la Asamblea Nacional han sido objeto de amenazas en sus viviendas y las de sus familiares. Los parlamentarios Williams Davila; María Beatriz Martínez; Milagros Eulate; José Antonio Mendoza; Kerrins Mavares; Eliézer Sirit; Luis Lippa; Denncis Emilio Pazos Bravo; Larissa Gonzalez; Franklin Duarte; Sergio Vergara; Luis Florido; Juan Pablo Guanipa; Jose Antonio Mendoza; José Manuel Olivares y Luis Silva, recibieron amenazas la semana pasada mediante pintas escritas en las paredes de sus residencias, firmadas por agrupaciones paramilitares.
Las amenazas surgen días después de los sucesos del pasado 30 de abril, día en el que el Presidente (E) Juan Guaidó, convocó a los militares y a la ciudadanía a salir a las calles para desalojar a Nicolás Maduro y su cúpula del poder, y en medio de la represión de la dictadura para aplastar el movimiento insurreccional y apresar a los dirigentes involucrados en la intentona, incluído el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.
En los ciclos de protestas de 2014 y 2017, Provea había registrado amenazas similares proferidas por agrupaciones paramilitares y otras instancias represivas vinculadas al gobierno de Maduro, sin embargo, en la actualidad alertamos sobre la consolidación de un nuevo posible patrón inscrito en la lógica del terrorismo de Estado, y ejecutado por agrupaciones que ya han pasado a formar parte de la estructura represiva del gobierno de facto, contando con impunidad; aliento; recursos y logística para sus actuaciones.
«Le hago un llamado a los colectivos, llegó la hora de la resistencia activa»
Nicolás Maduro realizó en marzo de este año un grave y peligroso llamado a las agrupaciones paramilitares que respaldan su dictadura, para que asumieran una posición de «resistencia activa». En una alocución transmitida el 11 de marzo en cadena de radio y televisión, el dictador alentó abiertamente a las instancias político-organizativas vinculadas a proyecto político y al aparato represivo estatal, a sumarse a las labores para contrarrestar el descontento y la movilización popular.
Maduro volvió a incitar a la comisión de delitos al llamar públicamente a agrupaciones de civiles armados a participar en labores de control de manifestaciones y seguridad ciudadana, y al reconocer a instancias vinculadas a la comisión de abusos a participar en acciones conjuntas con el Estado venezolano.
Durante su alocución del 05 de marzo de 2014, en medio del desfile realizado en conmemoración del primer año del fallecimiento del ex presidente Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro expresó: “Hoy 5 de marzo los remanentes de los grupos de la violencia habían amenazado a nuestro pueblo con trancar el país. El país está funcionando libremente y con tranquilidad desde todas las horas de la mañana, y así será todo el día de hoy y los días por venir. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Guardia Nacional Bolivariana que ha estado en la calle combatiendo por la paz. Hoy pequeños grupos intentaron trancar e incendiar vías principales. Bueno: Candelita que se prenda, candelita que se apaga. Yo llamo a todo el pueblo, a las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, a los Consejos Comunales, a los movimientos sociales, a las Comunas, a los movimientos juveniles, obreros, campesinos, de mujeres, llamo a todo el pueblo a hacer valer, allá en su comunidad, la orden de nuestro comandante Hugo Chávez: Candelita que se prenda, candelita que apagamos con el pueblo organizado, para garantizarle la paz a nuestro país”.
Las palabras de Maduro exhortaron públicamente a la población civil a asumir labores de control de orden público, actividades que son de exclusiva competencia de los cuerpos de seguridad del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 332 de la Constitución Nacional, y constituyeron un llamado a cometer actos ilegales e inconstitucionales. Las declaraciones de Maduro incorporaron de inmediato a civiles y organizaciones identificadas con el oficialismo en labores de seguridad ciudadana y control de orden público.
El 21 de febrero de 2014 el propio Nicolás Maduro anunció la conformación en todo el país de los “Comandos Populares Antigolpe”, instancias orientadas a “contrarrestar el golpe fascista con el pueblo movilizado y organizado”. Dichos comandos estuvieron dirigidos por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y ejercieron labores de vigilancia, seguimiento y control de actividades calificadas como terroristas y conspirativas, en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad del Estado.
La dictadura de Nicolás Maduro ha construido y promovido un relato según el cual las manifestaciones realizadas exigiendo el respeto a la Constitución Nacional, el retorno a la democracia o garantías para los derechos económicos, sociales y culturales de la población, forman parte de una estrategia terrorista. Desde campañas de odio promovidas a través del sistema nacional de medios públicos, hasta falsificación de imágenes para calificar como violentas las manifestaciones, han sido las estrategias empleadas por la dictadura para justificar el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes; encarcelar a dirigentes políticos y activistas sociales; y aplicar de forma inconstitucional la jurisdicción militar para procesar a civiles detenidos en el contexto de las protestas.
La dictadura ha escalado la represión a niveles superiores, generando severos riesgos para el derecho a la integridad y la vida de cientos de miles de ciudadanos que protestan en las calles de Venezuela. Incorporando a civiles armados al aparato represivo, los riesgos para los derechos humanos aumentan exponencialmente. Desde el ciclo de protestas de 2014, los llamados colectivos, termino apropiado en nuestro país por las agrupaciones paramilitares que respaldan al gobierno de facto, están involucrados en el asesinato de al menos 53 personas ocurridos en manifestaciones realizadas en el país entre los meses de febrero de ese año y marzo de 2019, en cientos de casos y sólo en 2017 fueron responsables del 24,81 de un total de 7.357 casos de violaciones a la integridad personal, contabilizadas por Provea durante ese año.
El llamado de Maduro a la «resistencia activa» de los colectivos paramilitares añadió un nuevo peligro a la coyuntura actual, marcada por el ascenso del terrorismo de Estado y el incremento de la letalidad policial contra las protestas. El descontento y la renovada voluntad de los venezolanos de luchar en las calles por el retorno de la democracia y mejores condiciones de vida, se ha encontrado con la cada vez menos pudorosa represión de la dictadura de Maduro, que se aferra al poder a costa de las vidas, la libertad y la tranquilidad de los venezolanos.
Paramilitarismo y responsabilidad del Estado
En América Latina la experiencia colombiana sobre la aparición y expansión de organizaciones paramilitares ha generado jurisprudencia acerca de la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos cometidas por estos grupos. Al no lograr justicia en la jurisdicción interna colombiana, algunos casos emblemáticos fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En el caso conocido como Masacre de Mapiripán (detención, tortura y asesinatos de 49 personas en el municipio Mapiripán, Departamento del Meta), la sentencia de la Corte IDH estableció la responsabilidad del Estado no sólo por acción, sino también por la tolerancia frente a sus operaciones: “Se ha documentado en Colombia la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública respecto de las acciones de dichos grupos (…) -se ha- documentado los casos representativos de violaciones del derecho a la vida, en los que se alegó que el gobierno y las fuerzas armadas colaboraron con los paramilitares en asesinar, amenazar o desplazar a la población civil”. Al alegar responsabilidad, la Corte expresó que el Estad debía responder por la omisión de sus autoridades, quienes estaban en condiciones de proteger a la población, pero no lo hicieron. Por tanto miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, al no actuar como la ley les ordenaban violaron obligaciones internacionales contraídas por el Estado. Otro elemento fue la legislación promovida que permitió la existencia de este tipo de organizaciones, que posteriormente mutarían en paramilitares. La sentencia establece: “el Estado ha jugado un papel importante en el desarrollo de los llamados grupos paramilitares o de autodefensa, a quienes permitió actuar con protección legal y legitimidad en las décadas de los setenta y ochenta y es responsable de manera general por su existencia y fortalecimiento”.
En otra sentencia, la del Caso 19 Comerciantes contra Colombia (detención, desaparición y ejecución en 1987 de 19 personas en el municipio de Puerto Boyacá, Magdalena Medio), se introducen más elementos sobre la responsabilidad del Estado: “A pesar que Colombia alega que no tenía la política de incentivar la constitución de tales grupos delincuenciales, ello no libera al Estado de la responsabilidad por la interpretación que durante años se le dio al marco legal que amparó a tales grupos “paramilitares”, por el uso desproporcionado dado al armamento que les entregó y por no adoptar las medidas necesarias para prohibir, prevenir y castigar adecuadamente las referidas actividades delincuenciales”. Sobre el hecho que los actos hayan sido cometidos por “civiles” y no por reconocidos funcionarios estatales, se apunta: «Para establecer que se ha producido una violación no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos”. Por otra parte se agregó que en “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos”.
La experiencia internacional ha determinado que al ser grupos que actúan con la complicidad y en coordinación con las Fuerzas Armadas, recibiendo financiamiento directo e indirecto para su funcionamiento y disfrutando de una legalidad favorable tanto para su conformación, como para la realización de sus operaciones, las actividades de los grupos paramilitares se consideran violaciones de derechos humanos, que no prescribirán en el tiempo.
Provea recuerda enérgicamente a los agentes de la fuerza pública y detentadores del poder fáctico en Venezuela, que tienen la obligación de respetar y preservar las garantías para todos los derechos humanos. Recordamos que la instauración de un gobierno de facto, no libra a los funcionarios en usurpación de funciones de su responsabilidad en el ejercicio del poder y de los actos violatorios de los derechos humanos cometidos por terceros que actúan bajo su aliento y protección.
Inti Rodríguez | Prensa Provea
