Venezuela comenzó a transitar –este 1 de abril– el primer aniversario de las protestas antigubernamentales que coparon las calles del país entre abril y julio de 2017. Estas manifestaciones y sus dramáticas consecuencias han sido ampliamente documentadas por medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, pero paradójicamente los órganos de administración de justicia son los que menos han tenido qué decir de unos hechos que esperan por su acción para encontrar esa justicia que dicen impartir.
En los cuatro meses de movilizaciones, el Observatorio de Conflictividad Socialcontabilizó 6.729 protestas en ese período. El registro precisa que la intensa actividad de calle, al mismo tiempo que llevó a múltiples regiones del país a tener que convivir con concentraciones, caravanas, marchas y barricadas, también las dejó sometidas a una escalada represiva de los cuerpos de seguridad del Estado, y la acción de civiles armados, que dejó miles de heridos y decenas de fallecidos.
La falta de un número oficial de víctimas durante las movilizaciones de 2017 es el primer ejemplo de la omisión en la que ha incurrido el Ministerio Público, que es la instancia que tiene el monopolio de la acción penal en el país (art. 285 de la Constitución). Tanto durante la gestión de la depuesta fiscal Luisa Ortega Díaz –proceso que constituyó un fraude procesal–, como en la de su sustituto, Tarek William Saab, no se ha informado quiénes y cómo murieron en el marco de las protestas, por lo que no hay cifra oficial.
En el caso de Ortega Díaz, –quien ejerció efectivamente el cargo hasta el 5 de agosto de 2017– el último listado presentado dio cuenta de 121 fallecidos al 27 de julio del año pasado. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo –que durante las protestas era dirigida por el ahora fiscal Saab– contabilizó 98 muertos hasta la misma fecha. Además, el Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Comunicación e Información (Minci) también llevó un registro, que apunta a 172 víctimas.
A las cifras dispares –que tampoco coinciden con las manejadas por diversas ONG– se une la falta de información oficial sobre la mayoría de los casos. Por ejemplo, Ortega Díaz, reconocida como una ficha del chavismo hasta abril del año pasado, cuando increpó la ruptura del orden constitucional por las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que prácticamente anularon a la Asamblea Nacional, llevó hasta ese momento un manejo de información pública sesgada e insuficiente sobre su labor, y un estudio de Acceso a la Justicia así lo evidencia.
Se debió esperar a abril de 2017, fecha en la que arreció el conflicto con el Gobierno, para que comenzara a garantizar el derecho constitucional de acceso a la información pública. De manera paulatina, Ortega Díaz fue ofreciendo detalles de hechos relacionados al uso abusivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado durante las protestas del año pasado.
Uno de estos casos reconocido por la Fiscalía fue el asesinato de José Pernalete debido al impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana. Este reporte no fue reconocido por la Defensoría, en cuyo informe exige una investigación independiente que esclarezca la verdad, pero un año después no ha se ha avanzado en la averiguación, aunque el titular de ese organismo para la fecha, Tarek William Saab, suma ocho meses al frente de la instancia supuestamente garante de la legalidad en el país.
La misma situación de escasa información, contradicciones, ausencia de investigación o absoluto silencio de los órganos de justicia se da en la mayoría de los casos de las víctimas de estas protestas. El portal Runrunes difundió un especial a un año de los hechos, dando cuenta de que aunque recurrió a abogados, ONG, monitoreo de prensa y familiares o allegados de las víctimas, sólo pudo acceder a información de 87 de 158 procesos judiciales abiertos por los caídos, pero que de estos, sólo 3 han llegado a la fase de juicio, mientras en los 23 casos en los que hay acusados la audiencia preliminar sigue sin concretarse por reiterados diferimientos.
Pronunciamiento interesado
La situación de opacidad o impunidad que caracterizó buena parte de la gestión de Ortega Díaz –Foro Penal indica que en las protestas de 2014 su actuación fue pasiva, lenta y sesgada– no ha variado en los ocho meses que suma el fiscal nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al frente del Ministerio Público.
Saab, aunque suele presentarse frente a los medios de comunicación para informar avances del ente a su cargo, en muy pocas ocasiones se ha referido a las manifestaciones del año pasado, y las veces que lo ha hecho o se ha escudado presentando datos generales o reiterando información que ya se conoce.
En agosto pasado –a los pocos días de haber sido nombrado–, aseguró que iniciaría las investigaciones no adelantadas por Ortega Díaz. Se refirió específicamente a cincuenta y cinco casos en los que se atentó contra el medio ambiente durante las protestas, además de otros hechos relacionados como el uso de niños en las manifestaciones y fallecidos en barricadas, pero de ninguno ha presentado avances o resultados.
Otro elemento que prueba la impunidad que cubre a estos hechos es que aunque Ortega Díaz reportó que al menos 25 % de las muertes durante las acciones de calle fueron producidas por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, a la fecha sólo uno espera por audiencia preliminar –el presunto asesino de Daniel Urbina–, pero los hallazgos de Runrunes arrojan que al menos treinta funcionarios de la Guardia Nacional están vinculados a homicidios ocurridos durante esos días.
A diferencia de lo ocurrido en el estamento castrense, el único resultado que ha mostrado Saab está vinculado a funcionarios policiales. La última vez que aludió a los hechos fue en febrero pasado cuando presentó su informe de gestión (que no se ha publicado en su web), en el que reiteró que policías regionales, municipales y nacionales implicados en las muertes de manifestantes están siendo procesados. Asegura que son veintiocho los que han sido acusados y serán juzgados.
Del resto de los hechos violentos y con víctimas ocurridos durante cuatro meses de protestas, el fiscal designado por la írrita ANC mantiene silencio. El ente a su cargo no les ha dado el trato esperado, y esto quedó en evidencia con la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de iniciar una averiguación preliminar de Venezuela al considerar que los crímenes cometidos durante las protestas no han sido genuinamente investigados.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La impunidad es uno de los principales estímulos de violencia y otras prácticas que ponen en riesgo la convivencia ciudadana, e incluso al mismo sistema democrático, por lo que nos afecta a todos los ciudadanos por igual.
La ineficiente actuación del Ministerio Público en los últimos años, no sólo en lo relativo a los hechos punibles durante las manifestaciones, sino a todos los casos en el país urgidos de justicia, ha colaborado en el deterioro de la preservación y defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Recordemos que donde hay impunidad no hay democracia.
Prensa Acceso a la Justicia
