La minería en Venezuela no solo produce una destrucción acelerada de amplia vegetación en los estados Amazonas y Bolívar así como contaminación de ríos, sino que afecta derechos de los pueblos indígenas y genera violencia.
Entre los meses de junio y julio de 1993, en el estado Amazonas, en el sector conocido como Haximú, se produjo mediante dos ataques el asesinato de 16 indígenas yanomami ocho de ellos niños y niñas incluyendo un niño de menos de un año. La masacre fue perpetrada por 22 mineros de nacionalidad brasileña que realizaban labores de minería de manera ilegal. Al cometer los homicidios huyeron hacia territorio brasileño.
Las autoridades tanto en Venezuela como en Brasil adelantaron las investigaciones. En Venezuela no hubo mayores avances, prevaleció la impunidad. Por el contrario, en Brasil las investigaciones avanzaron. Veintidós personas fueron identificadas como responsables de los hechos. De conformidad con las leyes penales brasileñas las instituciones de justicia tienen competencia para investigar a nacionales que en el exterior hayan cometido delito de genocidio. La investigación se adelantó como delito de genocidio al haber sido realizado con premeditación contra una etnia.
Tras un largo proceso judicial muy controvertido la justicia del vecino país condenó a cinco personas a 20 años de cárcel.
En Venezuela hubo personas y organizaciones que se sensibilizaron con la situación y empezaron a recopilar toda la información posible y exigir justicia.
Al poderse demostrar que en territorio venezolano no había voluntad política no solo para investigar sino también para garantizar protección a los yanomami dos organizaciones nacionales de derechos humanos el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y el Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos (PROVEA) acompañadas por dos organizaciones internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch Americas presentaron el caso el 06 de diciembre de 1996 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los argumentos presentados por la organizaciones ante la instancia internacional se indicó que desde que comenzó la invasión garimpeira en el área Yanomami, los mineros habrían entrado y operado en territorio venezolano, produciendo destrucción ambiental, atacando y ejerciendo violencia contra el Pueblo Yanomami. Afirmaron que, en conocimiento de esta situación, a fines de los años ochenta, el Estado venezolano estableció un puesto militar en el lugar, sin el apoyo logístico suficiente para controlar la situación.
En virtud de estos hechos, y dado el conocimiento del Estado sobre la situación de vulnerabilidad del Pueblo Yanomami a causa de la actividad ilegal de minería en la zona, expusieron que el Estado venezolano era responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la propiedad privada, la circulación y residencia, la igualdad ante la ley y la protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5, 8, 21, 22, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Respecto a las investigaciones emprendidas en la jurisdicción interna, alegaron que las autoridades de Brasil y Venezuela se trasladaron al lugar de los hechos en los meses de agosto y septiembre de 1993, y determinaron que la aldea Haximú y el campamento provisional (Taripi), se encontraban en territorio venezolano. Posteriormente, los gobiernos de Brasil y de Venezuela conformaron una Comisión Bilateral, que decidió que ambos países realizarían investigaciones judiciales para esclarecer los hechos, no obstante, sería Brasil quién juzgaría a los responsables de la masacre debido a que la ley brasileña permite la aplicación extraterritorial de la ley penal para el delito de genocidio cometido por sus nacionales en el extranjero. Sostuvieron que Venezuela renunció indebidamente al principio de territorialidad, debido a que el artículo 3 del Código Penal venezolano obligaba al Estado a sancionar los delitos o faltas cometidos en su territorio.
Tras un proceso de diálogo con autoridades del gobierno de Rafael Caldera y posteriormente con el gobierno de Hugo Chávez y con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de octubre de 1999 se suscribió un acuerdo amistoso que incluye seis compromisos del Estado venezolano en favor del Pueblo yanomami y otros pueblos indígenas.
Lamentablemente tres años después, el abogado Fermín Toro Jiménez para ese momento el representante del gobierno de Chávez ante las instancias internacionales de derechos humanos encabezó un proceso de desconocimiento del acuerdo alegando que se había violado la soberanía de Venezuela. Así el 3 de marzo de 2004 presentó un escrito informando que el Estado venezolano no acataba ese acuerdo. Afortunadamente los abogados que años después lo sustituyeron rectificaron y se retomó el acuerdo.
Los seis puntos del acuerdo aún vigente son:
- Sobre vigilancia y control del área Yanomami. El Estado se compromete a promover la suscripción de un acuerdo con el gobierno de Brasil, a fin de establecer un Plan de Vigilancia y Control Conjunto y Permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área Yanomami.
- Sobre la situación de salud del Pueblo Yanomami. El Estado se compromete: a diseñar, financiar y poner en funcionamiento, a través del Ministerio de Sanidad y en Coordinación con el Consejo Regional de Salud del Estado Amazonas, un Programa Integral de Salud dirigido al Pueblo Yanomami, para enfrentar la grave problemática sanitaria de la zona. El programa incluirá, entre otros aspectos, la construcción de infraestructura, la dotación de equipos médicos y la capacitación de miembros de la etnia. El Estado se compromete a destinar un presupuesto anual administrado por el Consejo Regional de Salud para la ejecución del Programa adoptado.
- Sobre la investigación judicial de la masacre. El Estado se compromete a hacer un seguimiento de la investigación judicial sobre el proceso penal que se adelanta en Brasil, a fin de que se establezcan las responsabilidades y se apliquen las sanciones penales correspondientes.El Estado se compromete a comunicar periódicamente a la Comisión Interamericana y a los peticionarios sobre las gestiones adelantadas y el Estado del proceso judicial en Brasil.
4.Sobre las medidas legislativas de protección de los pueblos indígenas. El Gobierno se compromete a estudiar y promover la ratificación del Convenio N° 169 de la OIT, Sobre Protección de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que actualmente está en el Congreso de la República para su aprobación.
- Sobre la designación de un experto en materia indígena. El Estado se compromete a designar, en consulta con los peticionarios, un experto en materia indígena, a los efectos de ejecutar los puntos materia del acuerdo.
En los primeros años del acuerdo hubo avances sobre los puntos 2 y 4 del acuerdo. En materia de salud se elaboró en consulta con las organizaciones de derechos humanos nacionales Vicaría de Amazonas y Provea un Plan de salud yanomami y se asignó un presupuesto específico para el plan.
Se adoptaron algunas medidas que parcialmente se cumplieron pero que impactaron poco en la salud de los yanomami al no haber continuidad y no alcanzar a las comunidades más alejadas. Con el trasncurrir de los años el ministerio de salud no asignó presupuesto especial para atender la salud yanomami sino que afirmó quedaban incorporados en la Misión Guaicaipuro y se fue abandonando a su suerte a los yanomami salvo acciones esporádicas con apoyo de la fuerza armada. Siguen falleciendo yanomami por enfermedades prevenibles si hubiese voluntad de actuar con responsabilidad y mediante acciones integrales y persistentes.
Credito: © Antonio Ribeiro/Survival
En el control del territorio no sólo no hubo avances sino que hay un retroceso . La minería tanto legal como ilegal pone en riesgo la salud, la integridad y vida de los yanomami y otros pueblos indígenas. Actualmente también hay presencia de mineros que realizan actividad ilegal pero además se tolera la presencia de grupos irregulares de distinta naturaleza ya sea por complicidad de la fuerza armada o por falta de eficacia de ésta para ejercer el control del territorio.
Hoy existe mayor riesgo para los Yanomami que en 1993. Una muestra del incumplimiento del acuerdo amistoso.
Comunidad Yanomami denuncia presencia de minería ilegal y grave situación de salud
27 años después la comunidad Yanomami denuncia presencia de mineros que desarrollan minería ilegal con la complicidad de funcionarios militares. El pasado 10 de junio 2020 recibimos una denuncia de representantes de varias comunidades yanomami quien nos expresaron:
“Somos como unas 14 comunidades, la más grande son Parima A, Parima B y Parima C, la comunidad Haximú es la que está más cerca de los campamentos de los mineros, y estos garimpeiros que llegaron están dentro de la propia comunidad Haximú.
Hay un comando de la GNB, ubicado en la Sierra Delgado Chalbaud y por allí es que han entrado unos 80 garimpeiros y después agarran un camino que hace que entren a Haximú que está entre uno o dos días caminando, precisamente están asentados allí ahorita y las autoridades les permitieron instalar unas cuatro (4) máquinas para sacar oro y minerales. Las comunidades indígenas se están quejando porque cuando llegaron, comenzaron normalmente pero luego nos vimos muy afectados más por la malaria y la contaminación de los ríos que otra cosa, tenemos que buscar agua mucho más lejos para no intoxicarnos, ellos están en los mismos terrenos que circulaban cuando la masacre.
Nosotros nos abastecemos con agua y pesca del Río Orinoco y el Río Haximú, que son los que se están viendo contaminados por echarle el mercurio, y no se puede pescar ni tomar de esa agua, ese es el gran daño que se le hace a las comunidades, y tenemos que caminar un día entero para poder pescar y para tomar agua, como unas dos horas, esto es un desastre para la comunidad.
Lo más reciente que hemos vivido con esta situación es adesde 2016 cuando empezaron a ingresar unas dos (2) maquinarias, y en 2018 ingresaron dos (2) más, en ese entonces había unos 40 garimpeiros y a finales de 2019, llegaron unos 40 más, que están instalados en tierra yanomami, hay otros grupos que entran y salen que antes no se veían.
En el Alto Orinoco, los Guardias Nacionales están allí para vigilar y para impedir la entrada de estos mineros ilegales, las autoridades deben protegernos a nosotros como comunidad indígena por ser zona fronteriza, pero resulta que estos funcionarios están cobrando su vacuna, todos ellos pernoctan allí y son como 16 guardias. Cuando entraron los mineros dijeron que querían un convenio con nosotros y no nos queda más remedio que estar callados porque están armados y tenemos miedo, pero tampoco han cumplido con nada de lo que nos ofrecieron, empiezan por las buenas y terminan por las malas como siempre.
Sin contar que en estos momentos no hay médicos, antes había enfermeros indígenas comunitarios pero no transportan medicamentos de nada; en Haximú lo que había era un Plan Indígena Salud, y en Chalbaud también había dos enfermeros más, pero desde el año 2016 no tienen insumos, y tampoco hay ningún personal médico, ni profesionales de la salud con quien contar. Si nos enfermamos no sabemos a dónde ir, tendríamos que caminar unos 4 días para llegar al ambulatorio de Parima más cercano, a veces hay médico, en otras ocasiones no, es decir, estamos totalmente desprotegidos, nos queda es el radio de comunicación, con el que al menos podemos pedir auxilio.”
Es de destacar que algunos medios han evidenciado esta situación de denunciada por la comunidad Yanomami
El 11 de abril del presente año el diario Correo del Caroni titulaba: Mineros ilegales son la principal amenaza para la entrada de la COVID-19 a comunidades indígenas de Amazonas https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/4987-mineros-ilegal
Por su parte el Grupo de trabajo Socioambiental de la Amazonía “Wataniba” en un pronunciamiento público de fecha 10 de abril de 2020 expresa: Urge tomar medidas de protección a comunidades indígenas ante muerte de Yanomami por Covid-19
En el comunicado entre otros aspectos se indica: “La minería ilegal en la zona, agrava esta situación, ya que introduce virus y enfermedades para las cuales la población indígenas no está preparada. Según señaló el antropólogo Bruce Albert, el joven era de una comunidad de la región del río Uraricoera, un área minera¹.
Tal situación de vulnerabilidad y riesgo por esta actividad económica que además contamina las fuentes de agua y por tanto ocasiona daños en la salud de los indígenas, fue denunciada en agosto de 2019, en un detallado reporte realizado por el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonia “Wataniba”, quien entonces habría recibido información de la Asociación Yanomami Hutukara (Brasil), de que la tierra indígena Yanomami en los estados de Roraima y Amazonas, estaba siendo invadida por un aproximado de 20 mil garimpeiros (mineros ilegales) los cuales estarían explotando oro en la mayor tierra indígena brasileña.”
Desde Provea seguiremos acompañando al pueblo indígena Yanomami y ratificando que el Estado venezolano debe cumplir acuerdo amistoso suscrito en 1999 todavía vigente. La obligación de proteger el territorio y de garantizar una adecuada atención de salud que abarque tanto a la comunidades cercanas como más alejadas yanomami en territorio venezolano es de urgente cumplimiento. Aumentan día a día los riesgos a la salud y siguen muriendo Yanomami por enfermedades que si se cumpliera el Plan de Salud Yanomami pudieran evitarse.
En este link puedes consultar el acuerdo amistoso suscrito en 1999 todavía vigente PDF
Solución amistosa caso HaximúPrensa Provea
Foto principal: Survival
