Masacre de Santa Elena de Uairén elevó a 254, el número de venezolanos que han perdido la vida en manifestaciones desde que Maduro llegó al poder en 2013

Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizan 39 personas fallecidas en el contexto de manifestaciones registradas en el país desde mediados del mes de enero. El 97,43% de estas muertes se produjeron por impacto de bala, y la mayoría en contextos en los que agentes de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares actuaban en labores de represión de protestas. 17 de los casos registrados son atribuibles a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); 8 a civiles armados; 7 a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB; 4 al Ejército; y 1 a componentes de orden público de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El estado Bolívar acumula el mayor registro de personas fallecidas con 12 muertes (30,76% de los casos). Le sigue Distrito Capital con 10 muertes (25,64%); Portuguesa con 4 casos (10,25%); Amazonas y Barinas con tres muertes (7,69% c/u); Táchira y Monagas con 2 muertes registradas cada uno (5,12% c/u); y Mérida, Yaracuy y Sucre con una muerte cada uno (2,56% c/u).

36 de las víctimas eran de genero masculino (92,30%) y 3 de genero femenino (7,69%). Las edades de las víctimas oscilan entre los 16 y los 47 años de edad. En 27 de los casos registrados (69,23%), los asesinados participaban en protestas pacíficas que fueron atacadas por agentes de la fuerza pública y/o agrupaciones paramilitares. 28 de los asesinatos registrados se produjeron en zonas populares de Caracas y otras ciudades del país y 3 en comunidades indígenas. En el caso de Caracas, las 10 muertes registradas por Provea y el OVCS, se produjeron en el contexto de protestas que se desarrollaban en sectores populares: Catia; Las Adjuntas; San Agustín; La Vega y El Junquito; lo que refleja el cambio en la dinámica del conflicto a partir del 22 de enero; el desvanecimiento de la territorialización política e ideológica que caracterizó al país durante los últimos 18 años; el descontento generalizado de amplios sectores de la población que servían de base social de apoyo al proyecto político bolivariano, y la escalada represiva de la dictadura mediante el empleo excesivo de la fuerza a través del escuadrón de la muerte FAES; la GNB y agrupaciones paramilitares.

En la más reciente jornada nacional de protesta, 3 indígenas de la etnia Pemon fueron asesinados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras se desarrollaba una manifestación en apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria, el pasado 23 de febrero en la población de Santa Elena de Uairén, al sur del estado Bolívar en la frontera con Brasil. Los pobladores denunciaron que fueron atacados por miembros de la GNB y agrupaciones paramilitares, quienes empleando armas de fuego intentaron dispersar la protesta e impedir el ingreso de la ayuda proveniente del país vecino. Con estas muertes, asciende a 4 el número de pemones asesinados por agentes de seguridad venezolanos en el contexto de manifestaciones realizadas desde el pasado mes de diciembre, en territorios indígenas ocupados militarmente. Desde septiembre de 2017, 6 indígenas de las etnias Warao y Pemon perdieron la vida a consecuencia de la acción represiva de militares y policias en los estados Bolívar y Delta Amacuro.

 Fallecidos en protestas 2019:

La muerte de estos 39 venezolanos eleva a 254 el total de fallecidos en protestas desde que Maduro asumió el poder en 2013. Desde abril de ese año y hasta el presente, ha sido reiterado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de la fuerza pública en actividades vinculadas a la gestión de manifestaciones. La respuesta de Maduro frente a la conflictividad social ha sido una demostración constante de autoritarismo y aliento a la comisión de abusos contra los Derechos Humanos. Genera honda preocupación, la consolidación de patrones represivos como el empleo de grupos élites policiales y militares como el CONAS y las FAES para reprimir manifestaciones y/u hostigar a manifestantes; el uso cada vez más abierto y frecuente de munición letal para repeler manifestaciones; la criminalización y persecución contra quienes prestan labores de socorro a personas afectadas por la represión y la persecución selectiva de quienes participaron en manifestaciones, exponiéndolos a riesgos como detenciones arbitraria, desapariciones forzadas temporales y ejecuciones extrajudiciales.

Desde 1991, al menos 336 personas han perdido la vida en el contexto de manifestaciones en Venezuela. 82 de estas muertes (24,40%) se produjeron en el período comprendido entre 1991-2012, mientras que durante la estadía de Nicolás Maduro en el poder (2013-2019), un total de 254 personas (75,59%) fallecieron en el contexto de protestas. En sólo seis años, Maduro triplicó el número de muertes registrado en los 21 años anteriores a su llegada a Miraflores.

La cifra de muertes en protestas durante la era Maduro refleja dramáticamente la ausencia de garantías reales para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en nuestro país y la respuesta autoritaria del Estado frente a la conflictividad social. La mayoría de estas muertes se produjeron debido a la actuación de agentes de la fuerza pública y a la participación de agrupaciones paramilitares. Estas muertes son consecuencia del recurrente uso excesivo de la fuerza para la gestión de manifestaciones públicas por parte de policías y militares; de la ausencia de controles efectivos para regular la actuación de los agentes de la fuerza pública en labores de control del orden público; ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas por parte de los mandos de policías y militares durante la gestión de manifestaciones; y de un abierto aliento a la represión por parte de altos funcionarios del Estado venezolano, al calificar anticipadamente como violentas todas las manifestaciones convocadas por el retorno a la democracia en el país o por la exigencia de reivindicaciones sociales.

Prensa Provea