«El Estado sigue teniendo capacidad para recurrir a la “línea dura” como medio para sofocar la disidencia, si se dan situaciones en las que las autoridades lo consideran necesario, pudiendo activarla o desactivarla a voluntad. Por ello, es imperativo que la justicia real y efectiva y la rendición de cuentas continúen siendo la vara con la que se mida la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela y que la comunidad internacional mantenga su vigilancia sobre esta situación». Así advirtió -en septiembre pasado-, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en su actualización sobre la situación de Derechos Humanos en el país, presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Apenas cuatro meses después de la tajante advertencia, la gestión de Nicolás Maduro da un nuevo espaldarazo a los abusos, escalando, en medio de un escenario pre-electoral, las amenazas y la persecución contra las voces críticas a su gobierno.

«Activen la furia bolivariana», instruyó Maduro este martes 23 de enero a sus seguidores, durante una movilización convocada por las fuerzas oficialistas.

Envalentonado, Maduro alentó nuevamente a la comisión de abusos, concretamente el crimen de persecución por razones políticas, parte del severo escrutinio de la Corte Penal Internacional sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

No es el primer mensaje de aliento y respaldo a los abusadores.

Nicolás Maduro, en su gestión constitucional antes, y en su gobierno de facto ahora, ha enviado incansables mensajes de apoyo a quienes sostienen su dictadura mediante la represión y los abusos contra los derechos humanos. 

Al menos dos decenas de sedes de partidos políticos, organizaciones gremiales, sindicales y viviendas de dirigentes sociales, fueron afectadas con mensajes intimidantes de la «Furia Bolivariana». En paralelo, dirigentes de la organización política Vente Venezuela fueron arrestados arbitrariamente por agentes de seguridad y se denunció un intento de secuestro contra otro directivo de la organización.

La «Furia Bolivariana» es el reeditado intento de Maduro para aplastar el descontento y ocultar el deliberado empobrecimiento de las grandes mayorías durante su gestión.

En la Venezuela de Maduro, el poder del Estado es empleado para cometer violaciones de los derechos que este debe respetar y garantizar. En un escenario de extinción del Estado de Derecho y garantías para acceder a la justicia, la impunidad no sólo es favorecida con la ausencia de investigación, sanción a los culpables y mecanismos de rendición de cuentas.

La construcción de un marco jurídico que favorece la ejecución de crímenes contra los derechos humanos y el encubrimiento y absolución de los responsables, sumado al aliento simbólico y real que desde el alto poder se brinda a los perpetradores de dichos crímenes, mantienen encendida una interminable espiral de abusos que seguirá cobrando víctimas si no es detenida a tiempo.


Prensa Provea