Desde comienzos de año se han producido a lo largo del territorio nacional protestas y saqueos motivados por la grave crisis alimentaria, la creciente pobreza y el colapso de los servicios públicos. En apenas cinco meses, trece personas han sido asesinadas en protestas por alimentos y/o servicios públicos. En al menos cuatro de los casos de muertes registradas, es clara la responsabilidad de agentes de la fuerza pública en la comisión de los hechos.
El 09 de enero, fue asesinado el joven José Alberto Materán Valero (19), luego de recibir un impacto de bala durante una protesta por alimentos realizada en la población de Guanare, capital del estado Portuguesa, que fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana. Materán Valero ingresó sin signos vitales al Hospital Universitario Miguel Oraá de Guanare, junto a César Antonio Torres Fernández, quien fue herido por arma de fuego.
El jueves 11 de enero, resultaron asesinados durante una protesta y saqueo de alimentos en las poblaciones de Caño La Yuca, El Pinar, Tucaní, Palmarito y Arapuey del estado Mérida, Manuel Alberto Oria Márquez (23); Arturo Lino Volcanes Guillén (23); Elizabeth Sierra (26), y un adolescente de 17 años. Yusmary Katherine Guerra Viloria (32), quien habría resultado herida en los sucesos, falleció días más tarde.
El 28 de febrero, durante una protesta realizada en la ciudad de Carúpano por el colapso de la red de aguas negras en el sector Playa Grande, el ciudadano Argenis Serrano (33) fue asesinado producto de un disparo de un arma de fuego, luego que funcionarios policiales y militares reprimieran la manifestación pacífica.
El miércoles 7 de marzo fue asesinado de un disparo el jornalero Antonio Hidalgo (18), quien protestaba debido a la interrupción, por más de 50 horas, del servicio de energía eléctrica los más de tres meses sin recibir las cajas de alimentos de los Comité Locales de Alimentación y Producción (Clap) en la población de «La Luz», municipio Obispos del estado Barinas. Por lo ocurrido aún no se han señalado responsables.
El jueves 8 de marzo, el albañil Carlos Guarimata (48), fue asesinado de un disparo en el rostro mientras participaba en un cierre de calle en el sector La Ponderosa de esa entidad, exigiendo la venta de alimentos regulados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Tres funcionarios de la Policía Municipal de Bolívar fueron señalados como presuntos responsables del hecho y detenidos por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
El lunes 12 de marzo falleció Xavier de Jesús Viloria Bastidas (27). De acuerdo a los reportes de prensa, el joven participaba en una manifestación en la población de Motatán, estado Trujillo, cuando fue impactado por una piedra en la cabeza. Fue trasladado a un centro asistencial pero ingresó sin signos vitales.
La noche del 23 de abril el adolescente Anderson Luis Oliveros Núñez (15), fue asesinado mientras participaba en una protesta contra la interrupción del servicio eléctrico en la Circunvalación 3, cercano al barrio La Antena en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Oliveros fue impactado por una bala presuntamente disparada por un conductor que transitaba por el sector.
El viernes 25 de mayo, Edgar Alexander Mendoza Morillo (33) falleció tras resultar herido durante un conato de saqueo en el sector Ciudad Lossada, parroquia Idelfonso Vásquez de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Zulia (CPBEZ), fueron señalados como presuntos responsables, toda vez que habría disparado contra la manifestación en la que participaba el joven asesinado. Mendoza Morillo era albañil. Luego de resultar herido, fue trasladado alServicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM), donde falleció minutos después de su ingreso.
Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, al menos 213 personas han fallecido en el contexto de manifestaciones en el país. Durante el gobierno de Maduro, en promedio, han perdido la vida 3 manifestantes por mes. Esta cifra refleja dramáticamente la ausencia de garantías reales para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en nuestro país y la respuesta autoritaria del Estado frente a la conflictividad social. La mayoría de estas muertes se produjeron debido a la actuación de agentes de la fuerza pública, y más recientemente debido a la participación de agrupaciones paramilitares.
Provea exige investigación y sanción para los responsables materiales e intelectuales de las muertes ocurridas en las recientes protestas.
Prensa Provea
