Los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; sobre la situación de los defensores de derechos humanos y sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, enviaron una comunicación este 21 de septiembre al gobierno de Venezuela, en el que expresan su preocupación por la aprobación en primera discusión -por parte de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista-, del Proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y afines.
“De aprobarse como ley en su versión actual, este proyecto podría afectar al ejercicio de los derechos humanos, principalmente el derecho a la libertad de asociación, así como los derechos de las personas que participan y se benefician de las actividades de organizaciones constituidas como diferentes tipos de asociaciones”, señalaron los expertos de Naciones Unidas.
Cerrando el espacio cívico
La Asamblea Nacional de Venezuela -electa en 2020 bajo un proceso con baja participación y denuncias de ilegitimidad- aprobó el pasado enero el anteproyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, presentado por el diputado oficialista Diosdado Cabello ante la plenaria del ente.
“Ha llegado la hora de legislar sobre este tema. Sobre el financiamiento, Cómo, el que reciba recursos lo invierte. ¿Qué hacen las ONG? ¿Se dedican a la política o a la labor social? Si se dedican a la política que se inscriban como partido político”, aseveró el líder oficialista, obviando que, en medio del creciente cierre del espacio cívico, también muchos partidos políticos han sido ilegalmente intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia.
En medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que afecta al país desde hace varios años, los detentadores del poder en Venezuela intentan controlar y disminuir las posibilidades de apoyo que ofrece una amplia red de organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos independientes, presentes en todos los estados del país.
Las autoridades del país están profundizando su política de criminalización, persecución y eventual suspensión e ilegalización de organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes,
En esto coincidimos con el espíritu de la extensa misiva enviada al Gobierno de Maduro por los Relatores de Naciones Unidas este 21 de septiembre: “ en su forma actual, el proyecto de ley parece plantear restricciones incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de asociación, la libertad de participar en los asuntos públicos, la libertad de expresión y el pleno acceso a los derechos económicos y sociales de las personas que trabajan en las ONGs o que se benefician de su actividad en ámbitos tan variados como la defensa legal, la salud, la educación o la alimentación”.
Tras un detallado análisis de los estándares que amparan los derechos a la expresión, participación y reunión pacíficas, los Expertos llamaron al gobierno venezolano “ a reexaminar la regulación relativa al registro, control y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en el marco de una discusión pública, plural y multisectorial que incorpore a los actores de la sociedad civil directamente afectados, a fin de considerar la necesidad de adoptar un nuevo marco legal, y en caso de ser necesario, desarrollar una norma que facilite el desarrollo de sus actividades, en un contexto de transparencia y legalidad, valorando al aporte que efectúan a la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho y el sistema democrático”.
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