Estudiantes y Universidades en las Protestas de 2017

Por Francisco José Virtuoso Arrieta,

Rector de la Universidad Católica Andrés Bello

El período que va de abril al 31 de julio de 2017 quedará en la memoria colectiva como uno de los momentos más trágicos de Venezuela. El gobierno del Presidente Maduro, a través de las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad del Estado bajo su mando, le declaró la guerra total a la protesta y rebeldía que más de la mitad de la población venezolana manifestó abiertamente en las calles y por otros medios en contra de sus políticas públicas y sus afanes por sustituir la Constitución Nacional vigente por una legalidad al servicio de sus afanes hegemónicos.

Protesta y represión

El Informe de La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), señala un conjunto de graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas masivas en la República Bolivariana de Venezuela ocurridas entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017. En efecto, el informe concluye que:

Del 1 de abril al 31 de julio, el Ministerio Público registró 124 muertes en relación con las manifestaciones. Las organizaciones de la sociedad civil registraron 157 muertes durante el mismo período. La mayoría de víctimas eran hombres jóvenes, de 27 años en promedio, también murieron 15 niños y 7 mujeres. En general, las víctimas eran estudiantes o personas que acababan de terminar sus estudios.

… la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales en el contexto de las manifestaciones realizadas en todo el país, tuvieron por objeto frenar cualquier tipo de protesta contra el Gobierno… constató que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva y realizado detenciones arbitrarias de las personas que participan en manifestaciones. También se constata la existencia de patrones de malos tratos, que en ocasiones podrían llegar a constituir tortura, malos tratos y violaciones graves del derecho al debido proceso por parte de las autoridades venezolanas en perjuicio de las personas detenidas en relación con las protestas.

No se dispone de datos oficiales sobre el número de detenciones relacionadas con las protestas. Según fuentes de ONG, 5.051 personas, entre ellas 410 niñas y niños, fueron detenidas arbitrariamente entre el 1 de abril y el 31 de julio, y más de 1.300 personas seguían detenidas al 31 de julio… algunas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas. Igualmente se documentó un patrón de allanamientos violentos e ilegales de viviendas en todo el país. Por lo general, las fuerzas de seguridad que han realizado estos allanamientos han destruido propiedad privada de forma intencional e innecesaria. Esta forma de violencia permite suponer que los allanamientos tenían la intención de infundir temor en las comunidades y disuadirlas de seguir protestando.

La Universidad bajo asedio

A medida que el conflicto político ha aumentado en los años recientes en Venezuela, la universidad ha sido objeto de diversas formas de asedio y atropello por parte de diversos órganos del Estado, voceros gubernamentales o partidarios del régimen político. Tal y como lo refleja el Informe: Situación de la Libertad Académica y autonomía universitaria en Venezuela, de  octubre 2017:

Las universidades venezolanas vienen experimentando un deterioro progresivo de su autonomía y de la libertad académica de sus integrantes, directa violación al derecho a la educación, que afecta también otros derechos como el derecho a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la asociación, con serias consecuencias y costos humanos en lo que respecta al derecho a la vida, la integridad física, la libertad personal y el debido proceso.

La causa fundamental de este asedio radica en que las universidades autónomas han jugado un rol crítico muy importante frente a las políticas públicas del gobierno. Sus estudiantes, profesores y empleados han actuado como vanguardias políticas en las acciones de protesta pública frente a las acciones hegemónicas del gobierno desde el año 2002 en adelante. Así las comunidades universitarias cuentan con una larga historia  en la que abundan testimonios de cómo sus miembros han sido objeto de numerosas detenciones arbitrarias, enjuiciamientos y ataques violentos relacionados con la expresión académica y/o política.

En las protestas de abril-julio 2017 los estudiantes, docentes y empleados de las universidades autónomas, tanto nacionales como privadas, tuvieron una actuación protagónica. Siguiendo los parámetros de situaciones similares anteriores, especialmente en el año 2009 y 2014, las políticas represivas del gobierno se dirigieron especialmente contra ellos y sus casas de estudio, siendo en esta ocasión especialmente severa la represión sistemática ejercida en acciones como: el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, ocasionando centenares de heridos y varios muertos, el empleo de armas convencionales y no convencionales, las detenciones masivas y arbitrarias, el allanamiento de recintos universitarios, el uso de justicia militar, la intervención de grupos paramilitares en las protestas, etc.

En un primer balance de esta trágica jornada queda claramente establecido que el gobierno del Presidente Maduro no sólo no respeta el Estado de Derecho consagrado en la Constitución Nacional cuando se trata perpetuar en el tiempo su régimen político sino que está dispuesto a ejecutar la más cruel violación de los más elementales derechos humanos de quienes se atreven a disentir y protestar.

Frente a ello fuimos testigos de cómo muchos de nuestros jóvenes fueron capaces de luchar y enfrentarse a tanta represión perdiendo incluso el miedo a la muerte y llegando a sacrificios insólitos. Nuestros jóvenes estudiantes dieron muestras de un heroísmo romántico    y generoso, movido por el ímpetu de quien entrega todo en una lucha sin tregua.

El referido informe sobre Situación de la Libertad Académica y autonomía universitaria en Venezuela señala la siguiente lista de estudiantes fallecidos en las protestas de 2017:

La lucha sigue en pie

Cabe preguntarse qué se obtuvo con tanta sangre derramada en medio de tan flagrante violación de la dignidad humana. Creo que es justo señalar al menos tres elementos:

1. La Activación masiva de la sociedad en la defensa de la Constitución Nacional, la democracia y, en general, en la exigencia de un profundo cambio político que garantice un desarrollo humano integral a los venezolanos.
2. El apoyo decidido de la Comunidad internacional a los intereses de la colectividad venezolana.
3. La deslegitimación nacional e internacional de la Asamblea Nacional Constituyente y de la represión y violación a los derechos humanos como política para mantener el régimen político.

Esos logros han generado, aprendizajes, fortalezas y capacidades para seguir impulsando el cambio al que tanto aspira la sociedad venezolana. Por eso afirmo con Leonardo Padrón: La calma de hoy no es calma. Hay un río subterráneo rugiendo su cólera en cada rincón del mapa. Los que dominan están solos en su borrachera de poder. Es el “no más” escribiéndose en cada pecho. Por todo ello soy optimista sobre las posibilidades de cambio, porque aunque se intente disfrazar el caos que vivimos bajo el yugo de una cruel dictadura con discursos encubridores y demagógicos, la verdad es que este país transita tiempos de cambio, tiempos de parto, que no podrán detener.

Hay sin embargo lecciones que aprender.

Los períodos de protesta en los años 2014 y 2017 han demostrado que la dictadura es capaz de violar los derechos humanos sin importarle las consecuencias, ejerciendo para ello toda la crueldad que sea necesaria. De allí que las estrategias de protesta requieren de mucha creatividad, prudencia y astucia sino quiere terminar en masacres.

Esa elemental lección debe quedar como un activo fijo en la memoria, no vale dejarse arrastrar por cualquier ímpetu de fogosidad juvenil, es necesario entender que la protesta es un medio que debe encuadrarse dentro de un conjunto amplio de estrategias políticas que conduzcan eficazmente hacia el fin que se proponen.

En segundo lugar, no se puede confundir la protesta ciudadana con guerra militar. Esta busca vencer al enemigo en el enfrentamiento armado. La ciudadanía levantada en protesta no tiene esa capacidad, su principal fuerza es el discurso y la simbología desplegada desde la cual se logra la adhesión, representación y movilización de grandes mayorías.

Finalmente y como se desprende del párrafo anterior. La protesta ciudadana no puede entenderse principalmente como un movimiento foquista. Creo que aquí hubo una falla fundamental en la concepción que privo en los últimos dos meses de protestas en el período analizado. Una movilización multitudinaria de carácter pacífico se transformó, en pocos meses, en un grupo de activistas que, con gran valor, enfrentaba las atrocidades del régimen. Al final se mostró que este tipo de acciones, al no involucrar a toda la población, no logran provocan consecuencias políticas. El sacrificio de tantos jóvenes debe ayudarnos a sacar conclusiones realistas para seguir luchando por esta patria que tanto lo necesita.

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2017: Año de protesta en rebelión