El informe de 103 páginas, titulado “Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela”, documenta 45 casos ocurridos en Caracas y tres estados que afectan a más de 150 víctimas, en los cuales miembros de fuerzas de seguridad han vulnerado derechos de manifestantes y otras personas en las proximidades de lugares donde se desarrollaban protestas.
Integrantes de las fuerzas de seguridad también permitieron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas.
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