Las políticas de Estado deben orientarse a garantizar a la población el disfrute de sus derechos y proporcionarle condiciones de vida adecuadas para su desarrollo físico y espiritual. El Estado debe empezar por garantizar el derecho a la vida. Ello implica adoptar medidas de distinta índole para garantizar que las personas no corran el riesgo de perder la vida por cualquier circunstancia.
Debe implementar políticas preventivas e impedir que terceros atenten contra el derecho a la vida. De esa obligación se desprende la necesidad de desarrollar políticas de seguridad ciudadana que den protección a las personas y las resguarden de cualquier situación que pudiera dar como resultado la pérdida de la vida.
Nuestra Constitución garantiza en su artículo 43 el derecho a la vida. Expresamente indica que: a) Es un derecho inviolable; b) Ninguna ley puede establecer la pena de muerte; c) Ninguna autoridad puede aplicarla; d) El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. Ni por ley ni por vías de hecho se puede privar de la vida a una persona. Nadie en Venezuela puede ser asesinado de manera arbitraria. Existen determinadas circunstancias donde causar la muerte de una persona es legítimo, y son excepcionales como, por ejemplo, por estado de necesidad o en legítima defensa. Pero, resaltamos, son excepciones. No obstante, ¿qué ocurre cuando quienes tienen la obligación de preservar el derecho a la vida son quienes, actuando de manera arbitraria, le quitan la vida a las personas? La sociedad corre un alto riesgo, la incertidumbre y el miedo se convierten en un factor que perturba a individuos y colectivos. Tal situación se agudiza cuando el Estado no sanciona a quienes se consideran con el derecho de quitarle la vida a cualquiera.
En Venezuela desde hace décadas existen funcionarios policiales y militares que, actuando de manera arbitraria y amparados por una situación generalizada de impunidad, se han dado a la tarea de asesinar a personas de distinta edad y condición social. Han impuesto por la vía de los hechos la pena de muerte y se arrogan la potestad de asesinar a una o varias personas sin contemplación y con la confianza de que no serán castigados. A veces desde los altos niveles de gobierno se justifican o, peor aún, se alientan dichas conductas.
La investigación que presentamos: “Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela” -elaborada por el criminólogo Keymer Ávila, quien lleva largo tiempo investigando y analizando la violencia institucional que produce cientos de muertes cada año-, tiene como propósito reivindicar el derecho a la vida para todas las personas, visibilizar más el fenómeno de la actuación ilegal e inconstitucional de funcionarios militares y policiales, y convocar a la sociedad a no ser indiferente ante un fenómeno que cada día parece agudizarse más. Una violencia institucional que devora incluso a quienes la practican. Graves violaciones a los derechos humanos que desafortunadamente quedan impunes, lo cual alienta a que se repitan.
Los datos que en esta investigación se aportan son apenas una aproximación al fenómeno. La realidad es más cruda, dramática y peligrosa. Es esta una investigación abierta a todo tipo de observación, recomendación y crítica. Busca contribuir a promover un debate sobre lo que viene ocurriendo, para avanzar en los correctivos.
En Provea apostamos por la vida y aspiramos a que la situación que hoy existe empiece a formar parte del pasado que no queremos que se repita.
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