En el reporte que la organización internacional World Justice Project elabora cada año desde 2008 y que fue publicado a finales de octubre, Venezuela obtuvo 0,26 puntos; es decir, una centésima menos que la puntuación que consiguió el año anterior cuando logró 0,27.
Como en 2021, el país quedó en el último lugar en el mundo en tres de las ocho categorías evaluadas: límites al poder gubernamental, cumplimiento regulatorio y actuación del sistema de justicia penal, además de la categoría que engloba los ocho elementos que conforman el Estado de Derecho.
Son llamativos los resultados obtenidos por la justicia penal en los que el país tiene más de una década en el foso. ¿La razón? En los últimos doce meses no se produjo ningún avance. Estos datos confirman las sospechas de que la «revolución judicial» puesta en marcha por Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional electa en 2020 no está sirviendo para hacer más eficiente y eficaz al sistema.
Desde finales de 2021 las autoridades han reformado o aprobado alrededor de una docena de leyes relacionadas con el sistema de justicia penal, a través de las cuales han reducido lapsos procesales, estipulado nuevas obligaciones a los actores estatales, e incorporado garantías para los ciudadanos.
Asimismo, han adoptado medidas como la reducción en el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o designado al titular de la Defensa Pública.
Sin embargo, instancias nacionales e internacionales han advertido que estas medidas no atacan los principales males que aquejan al sistema. «Las reformas que se han anunciado desde 2021 se han implementado de forma parcial —en el mejor de los casos— y no han abordado las graves deficiencias del sistema de justicia que socavan su independencia e imparcialidad», denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en su tercer informe sobre el país, publicado en septiembre pasado.
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