Paramilitares

La experiencia colombiana sirve para entender la función del paramilitarismo en contextos de conflictos, estableciendo sus objetivos en la situación venezolana.

Pensando en Colombia Adrián Galindo establece que la finalidad del paramilitarismo es la desarticulación y dislocación de movimientos contra hegemónicos. “El objetivo de los despliegues clandestinos es preservar la imagen democrática del gobierno, reforzando el falso perfil de neutralidad de los cuerpos represivos del Estado, policiacos y militares, y evitar presiones internacionales por la violación de derechos humanos. Por medio del discurso del “actor independiente” o “incontrolable”, es decir, de grupos armados que se salen del control del gobierno y que éste, a pesar de todos sus esfuerzos, no logra contener, se desresponsabiliza al Estado y se deja impunes a quienes los financian, apoyan, asesoran y justifican”. Galindo continúa: “Es importante recalcar que a pesar de que el paramilitarismo es una estructura clandestina, su accionar esta cuidadosamente planeado y existe una cercana convivencia con las estructuras del poder político, lo cual tiene como uno de sus principales resultados la impunidad, el terror y la parálisis social. En este sentido, uno de los objetivos principales del paramilitarismo es la desmovilización total, la difusión del terror, el inmovilismo político, la desarticulación de la sociedad y el aislamiento de sus fracciones más radicalizadas. En pocas palabras, organizar el terror en la sociedad”. Más adelante el analista establece: “La violencia paramilitar se inscribe en un conjunto de técnicas coercitivas gubernamentales que, por medio de la violencia reguladora planificada, buscan facilitar el tránsito hacia un Estado autoritario de corte policial-militar. El paramilitarismo también es un dispositivo de control territorial; es una forma de disputa geográfica que busca controlar físicamente el territorio”.

Tomando los elementos que se adecúan al conflicto, los objetivos de la promoción del paramilitarismo en Venezuela serían

1) Desmovilización de las manifestaciones de descontento con el gobierno ante la ineficacia de la represión institucional

2) Difusión del terror entre la población para que se inhiba de exigir sus derechos en el espacio público

3) Controlar territorios urbanos de valor simbólico para el gobierno (zonas populares)

4) Violar derechos humanos de personas que ejercen su derecho a la manifestación pacífica, obstaculizando que estas violaciones sean adjudicadas a funcionarios estatales.

5) Encargarse de la realización de labores delictivas, preservando la imagen de neutralidad de las Fuerzas Armadas y policiales, resguardando así la imagen democrática del gobierno.

En la experiencia de Provea el trabajo con víctimas de ataques de grupos paramilitares hemos constatado la eficiente generación de terror por parte de estas organizaciones. Mientras en el 80% de los casos de violación de derechos humanos, por parte de funcionarios policiales y militares, los afectados tienen la disposición de ofrecer su testimonio o formalizar la denuncia en las instancias respectivas. En contraste, en el 95% de los casos de víctimas de agresión paramilitar, los afectados ni siquiera desean relatar su testimonio, anónimamente, a la ONG. Mucho menos formalizar la denuncia en el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo.

Al tener como referente el funcionamiento de las Fuerzas Armadas los Paramilitares incorporan algunos de sus elementos de operación estratégica, por lo que no necesitan un brutal despliegue de la fuerza para lograr sus objetivos. Aunque hay casos de personas asesinadas en el contexto de protestas en donde se ha señalado a estas organizaciones como responsables, o detención de personas por parte de civiles encapuchados, en muchas oportunidades sólo basta su presencia física para lograr neutralizar o disuadir el ejercicio de la protesta. Provea visitó una comunidad de la parroquia San Pedro, municipio Libertador de Caracas, que fue objeto de la presencia de 6 parejas de motociclistas, encapuchadas, miembros de un grupo paramilitar en horas de la noche del 21 de abril de 2017. El grupo paramilitar se estacionó en una de las esquinas durante varias horas, mientras conversaba con integrantes del Consejo Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) de la cuadra. Según los testimonios recopilados por Provea, los miembros del CLAP indicaron a los paramilitares nombres y número de apartamentos de las personas que habrían participado en un cacerolazo en horas anteriores. Los vecinos indicaron a Provea que desde esa noche habían dejado de participar en cacerolazos por temor a las represalias.

Una preocupante hipótesis es que cuando estos mecanismos simbólicos pierdan eficiencia, la actuación de los paramilitares en el conflicto venezolano aumente sus niveles de brutalidad, y con ello la violación sistemática de derechos humanos, que incluya el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad personal.