Cesar Rodríguez Garavito | Las protestas en El Helicoide, la cárcel de presos políticos del régimen Maduro, sacaron a la luz lo que organizaciones de derechos humanos veníamos denunciando: que el gobierno venezolano encarcela a voluntad, sin las garantías más elementales del debido proceso y sin consideración alguna por la dignidad, la integridad y la salud de los detenidos y sus familias.
El caso del joven colombo-venezolano Juan Pedro Lares, sobre el que he escrito otras columnas, ilustra la situación. Lares lleva diez meses retenido en El Helicoide, sin que haya ningún proceso en su contra y sin que aparezca siquiera en la lista de detenidos del penal. ¿Su delito? Estar en su casa cuando el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política de Maduro, llegó a llevarse a su padre, uno de los muchos alcaldes y políticos de oposición que han sido detenidos para impedirles participar en las elecciones “libres” que convoca periódicamente el gobierno, como la que viene este domingo.
El Helicoide recibe su nombre de la forma geométrica del edificio que alberga la cárcel, que se asemeja a un espiral. La crisis en la prisión y las elecciones de este domingo pueden profundizar el espiral de arbitrariedades del régimen Maduro.
La suerte de Lares es similar a la de un número desconocido de desaparecidos en El Helicoide, como lo oí hace poco en Cúcuta en entrevistas con familiares que los buscan y organizaciones que los apoyan. El Sebin viola el derecho de los detenidos a recibir visitas de sus abogados y sus parientes (los padres de Juan Pedro han podido verlo solo cuatro veces). Cuando tienen un proceso penal, los retenidos deben pagar su traslado a los tribunales para ser oídos, en un país donde escasean el dinero y la gasolina. Cuando algún juez se aventura a dictar una orden de excarcelación, el Sebin simplemente la ignora.
La situación se ha agravado bajo Maduro, pero comenzó en los últimos años de Chávez, que creó el Sebin. Incluso desde antes (2005), los gobiernos chavistas han impedido la entrada a las cárceles a la CIDH, la Cruz Roja y entidades de derechos humanos. No existe ninguna verificación independiente del número y las condiciones de las personas privadas de la libertad. Sólo se conocen las cifras y los casos que logran documentar ONG como Foro Penal y Provea.
La triste vuelta de la historia es que fueron organizaciones como Provea las que abogaron exitosa y coherentemente por los derechos de un preso llamado Hugo Chávez, cuando estuvo en la cárcel de Yare luego del intento de golpe de Estado de 1992. Los mismos derechos que hoy los herederos de Chávez les niegan a Juan Pedro Lares y los demás detenidos sin fórmula de juicio.
