ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
En el último trimestre de 2022 el gobierno ilusamente daba por apaciguada la protesta social luego de las crecientes y masivas acciones que se desarrollaron principalmente durante los meses de agosto y septiembre.
Muy posiblemente las llamadas salas situacionales transmitirían a las alturas del poder que 2023 empezaría con una población adormecida.
Los pronósticos fallaron.
El año ha transcurrido con una amplia movilización popular liderada por trabajadores del sector educativo.
El reclamo principal es la exigencia de salarios dignos y junto a ello una condena a las políticas y medidas que pulverizaron conquistas laborales logradas tras décadas de lucha.
En grandes, medianas y pequeñas poblaciones las calles han sido tomadas para alzar las voces. En algunos lugares donde los educadores son la avanzada principal padres y representantes se sumaron.
Movilizaciones en su totalidad pacíficas. Hasta la fecha ha contado con escasa actuación policial, lo que viene a reafirmar que cuando el Estado no desata violencia contra quienes toman las calles en defensa de sus derechos, las posibilidades de enfrentamientos son casi nulas.
Paralelo a la toma de las calles, se desarrollan interesantes procesos organizativos y esfuerzos de construir un catálogo de peticiones comunes que le den más fuerza al accionar colectivo
Durante todo el 2022 debe reconocerse que hubo un nivel de tolerancia del gobierno a la movilización ciudadana y en consecuencia desde 2013 es el primer año sin que se hayan producido asesinatos en el contexto de protestas y el número de heridos bajó considerablemente.
Sobresale la amplia participación de las mujeres. Este aspecto es resaltante en las acciones de calle relacionadas con la exigencia de derechos sociales y reclamos ante las deficiencias de servicios públicos.
El protagonismo de las mujeres le imprime también las características de mayor creatividad en la forma de expresar los requerimientos a las autoridades.
La incorporación a los reclamos ciudadanos de personas que se definen como simpatizantes del gobierno es otra característica.
El desespero y angustia por bajos salarios y alto costo de la vida y la persistencia de servicios públicos deteriorados, motiva a unirse a otras voces dejando de lado momentáneamente afinidades ideológicas priorizando aspirar respuestas y soluciones a los problemas que les agobian.
Finalmente hay que indicar que paralelo a la toma de las calles, se desarrollan interesantes procesos organizativos y esfuerzos de construir un catálogo de peticiones comunes que le den más fuerza al accionar colectivo. Encuentros, asambleas, reuniones de coordinación se vienen realizando en distintos estados y se anuncia un Congreso Nacional de Trabajadores.
La respuesta de las autoridades a distintos niveles de responsabilidad es escasa y con frecuencia prepotente, pero seguro que la perseverancia y coordinación de las acciones de calle, las obligará a ceder ante algunas exigencias.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
