José Ángel Quintero Weir | El día martes 25 de abril una Comisión de efectivos del Ejército Venezolano, sin orden judicial establecida, incluso, sin orden de su comando, esto es, sin protocolo interno, sino porque, “supuestamente”, estos efectivos “muy avezados o muy patriotas”, se les ocurrió que era bueno allanar, sin orden militar ni orden judicial alguna la casa de los Apüshana de la comunidad del Caparo en la Alta Guajira venezolana, lugar donde “heroicamente” lograron detener a cuatro jóvenes wayuu que dormitaban en sus chinchorros y a dos alíjunas, amigos de la familia que, a su regreso de Castilletes, llegaron a buscar a la abuela de la casa para llevarla a Maracaibo.
La cosa es que uno de los alíjunas (Alexis Valbuena), empleado de la Corpoelec (porque es chavista), igual asiste a esas comunidades en la reparación de fallas eléctricas, así como también, vende artefactos eléctricos mediante una pequeña empresa aparte de su labor como empleado de la Estatal de la Energía Eléctrica. El hecho es que Alexis, en ese momento, portaba la cantidad de 3 mil Bolívares, esto es, tres millones que, por supuesto, dada la inexistencia de billetes de una mayor denominación a los cien (100) bolívares, generan un volumen que a cualquiera aterra; en todo caso, Alexis portaba las facturas de compra-venta necesarias para justificar la posesión de ese volumen de moneda, aunque en verdad, el volumen no signifique para nada un alto valor monetario.
La cuestión es que no sólo es detenido el portador de los billetes, el alíjuna Alexis Valbuena y su compañero Chaniel Simancas, sino también todos los hombres allí presentes, pues, en primera instancia, la Fiscal Militar Teniente Claudia Ampueda acusa a todos los detenidos de pertenecer a un “grupo terrorista” del que el Alíjuna Alexis Valbuena es jefe y, por ello, porta ese gran caudal de dinero (3 mil bolívares), que su “revolucionaria inteligencia” la lleva a pensar que es Alexis Valbuena el escuálido encargado de viajar a la Guajira para contratar wayuu mercenariamente dispuestos a venir a Maracaibo a formar guarimbas siempre que les paguen. Tal fue la primera acusación de la mencionada oficial del cada vez más desprestigiado Ejército venezolano.
Seis compañeros están presos y pueden llegar a purgar una pena de hasta dos años, sólo por el testimonio de la Fiscal Militar que les acusa sin delito probable en ejecución
Así, los compañeros: Alexis Valbuena; Chaniel Simancas (ambos alíjunas), y los hermanos wayuu: Fabián Enrique Fernández; Luis Antonio Apüshana Fernández; Temístocles Fernández y Orangel Fernández, son apresados y llevados al Comando de Cojoro donde la Fiscal Militar Teniente Claudia Ampueda intenta presentar cargos como “terroristas” pero el Fiscal Superior exige que presente las pruebas (bombas, armamento de alto calibre y demás), para poder proceder con esa acusación. Ante la ausencia de tales pruebas, a la Fiscal Teniente Ampueda sólo le queda generar una acusación por el delito de: “Ultraje al centinela”, esto es algo así, como si los compañeros le hubieran gritado, ofendido o manoteado en el momento del arresto, lo que en un juicio del Tribunal Militar puede implicar una pena de hasta dos (2) años de prisión. La cuestión es que el único testimonio para un juicio militar de esta naturaleza lo establece el testimonio de la Fiscal Militar y los efectivos que ejecutaron la acción. Vale decir, los seis compañeros están presos y pueden llegar a purgar una pena de hasta dos años de cárcel en una prisión militar, sólo por el testimonio de la Fiscal Militar que les acusa y por los efectivos que violentaron el hogar de los compañeros sin orden judicial y sin delito probable en ejecución.
Ya los compañeros fueron presentados ante el Juez Militar Capitán Alejandro Enrique Fuenmayor Sandrea, y éste ordena su prisión preventiva y su traslado al penal militar de Santa Ana, en el Estado Táchira, donde deberán esperar a que se produzca el juicio de rigor. Mayor autoritarismo dictatorial militar, solo en la Chile de Pinochet o la Argentina de Videla.
Lo paradójico es que el compañero Alexis Valbuena es un dedicado chavista, empleado de la Corpoelec, con una larga trayectoria de lucha social y política desde los años sesenta vinculado al PRV-FALN, tal vez, ese sea su real delito en este momento. Pero además, se encontraba en la casa de una de las familias que más se ha movilizado en contra de la violencia de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en La Guajira, y, tal vez igualmente por ello, el Negro Camejo (Alexis Valbuena), esté pagando junto a los hijos varones de esa familia su amistad y compromiso con ellos.
En todo caso, en Venezuela, hoy día, nadie que opine, piense y luche en contra de las injusticias que el gobierno acomete diariamente, está seguro, pues, en cualquier momento, cualquier órgano de seguridad puede fácilmente elaborar un falso expediente con el que pueden destruir la vida del acusado o extorsionarle hasta donde le alcancen los recursos económicos. Esto es cada vez más fácil de ejecutar en la región de La Guajira venezolana, pues, se trata de un Distrito Militar y la población indígena wayuu está sujeta a las apetencias de la oficialidad que la gobierna.
Llamamos a todos los hombres y mujeres honestos del mundo a poner la mirada sobre lo que está sucediendo en La Guajira venezolana, pues, no sólo nos están matando de hambre, de enfermedades como el paludismo y la malaria, sino que además estamos sujetos a la persecución, extorsión, prisión o asesinato por parte de las fuerzas militares que actúan en contra la indefensión de los indígenas wayuu en su propio territorio.
Exigimos la Libertad inmediata de todos los compañeros presos y falsamente acusados por la Fiscal Militar Teniente Claudia Ampueda y el Juez Militar Capitán Alejandro Enrique Fuenmayor Sandrea.
A estos Oficiales les señalamos como responsables por la vida de nuestros hermanos y compañeros alíjunas presos.
La Guajira es de los Wayuu…
