ACERCA DEL AUTOR:
Inti Rodriguez
Activista de Derechos Humanos
Durante las protestas realizadas en Venezuela en 2014, las organizaciones de derechos humanos comenzaron a registrar un nuevo patrón de abusos que se sumaba al repertorio represivo de las autoridades para contener la conflictividad social: los sistemáticos y generalizados ataques contra zonas residenciales en las que se desarrollaban manifestaciones.
Dichos ataques, que de acuerdo al registro de nueve ONG plasmado en el Informe: Protestas y Derechos Humanos superaron los 200 casos, tenían un denominador común: allanamientos ilegales; destrucción de propiedad privada; injerencias arbitrarias e ilegales en la vida del núcleo familiar; hurtos y robos generalizados; detenciones arbitrarias; amenazas, entre otros.
En todos los casos el objetivo de los agentes de la fuerza pública era castigar e intimidar a los residentes para que estos dejaran de protestar. En ninguno de los casos las autoridades presentaron ordenes de allanamientos dictadas por un Juez y menos aún se contó con la participación de fiscales del Ministerio Público.
Operación «Tun-Tun»: el delivery del terrorismo de Estado
El primer registro oficial que se tiene de la operación “Tun-Tun” remite al 17 de mayo de 2017, cuando el actual ministro de Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo en su programa “Con el mazo dando” que se activaría un plan para detener a opositores.
“Van a llevar más palo que gata ladrona”, dijo, aupando la escalada represiva que ese año se concretó en 2.559 allanamientos ilegales, 101 víctimas de torturas, 539 personas sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, 3.811 heridos y 347 víctimas de amenazas y hostigamiento, entre otros abusos.
“Mil ojos y mil oídos ante los conspiradores y los malvados. No se quejen después cuando la justicia les llegue. No me gusta hablar por hablar. Operación tun-tun a todos los violentos. No se pongan a llorar por las redes sociales”, lo secundó en 2020 Nicolás Maduro.
Pero antes, un aliado de Cabello, quien también ocupó la cartera de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y actualmente dirige el SEBIN, el Sr. Gustavo González López, ya había puesto en práctica su propia operación Tun-Tun, al ejecutar más de 18.000 allanamientos ilegales de viviendas durante la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) en 2015.
Ese año, el Sr. González López -un militar formado en la cuestionada “Escuela de Las Américas”-, dirigió una política de terror en comunidades empobrecidas de todo el país.
En lo que Provea calificó como el inicio de la represión total, el entonces ministro, amparado en el aliento brindado por Maduro y otros altos funcionarios, ejecutó una especie de progromo contra las personas en situación de pobreza, escalando los abusos y propiciando un aumento exponencial de las ejecuciones extrajudiciales que luego hallarían su cénit en los operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Por ejemplo, en operativos realizados el 13.07.15 en la Cota 905 y el 02.08.15 en el complejo urbanístico de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el sector Vidoño, ubicado en el estado Anzoátegui, se realizaron allanamientos en todas las viviendas de dichas comunidades. En los OLP realizados en los urbanismos Alí Primera y La Sábila en el estado Lara, fueron allanadas 4.032 y 4.000 viviendas respectivamente, mientras que en el OLP ejecutado en el sector La Invasión, en el estado Táchira, 1.500 viviendas fueron allanadas.
“El CICPC ingresó en mi casa sin orden de allanamiento, tumbaron la puerta, robaron pañales, alimentos y otras cosas. El día 18 de julio regresaron a mi casa y hurtaron otras cosas que habían quedado” nos dijo una persona afectada por esos allanamientos.
Injerencias indebidas
El relanzamiento de la operación “Tun-Tun” tiene el claro propósito de infundir angustia y terror entre las personas para que se inhiban de manifestar su rechazo al gobierno. El actual ministro, Sr. Diosdado Cabello, y sus aliados, se han empeñado en cumplir esa función.
Estas prácticas constituyen injerencias indebidas en la intimidad del núcleo familiar y adicionalmente al severo daño que generan en los bienes y propiedad de las familias, impactan dramáticamente en la vida de los afectados debido a las repercusiones psicológicas que dejan, sobre todo en niños, mujeres y adultos mayores.
El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por Venezuela, consagra el derecho de toda persona a ser protegida respecto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, así como de ataques ilegales a su honra y reputación.
Por su parte en la Observación General Nro. 16 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha dicho que este derecho “debe estar garantizado respecto de todas esas injerencias y ataques, provengan de las autoridades estatales o de personas físicas o jurídicas”.
Entre 2013 y 2023 Provea registró un total de 23.737 allanamientos ilegales en todo el país, el mayor número de casos se registró entre los meses de julio y diciembre de 2015 durante la ejecución del OLP.
Por esa razón no dudamos en advertir, desde el primer día de la ejecución de ese operativo, que con dicha medida se estaban repitiendo los patrones de abusos registrados en las protestas de 2014 y que se daba inicio a un proceso de represión generalizada contra todo el pueblo.
La represión registrada en 2017, 2019 y en 2024, lamentablemente, nos da la razón.
Hay que recordar que en sus sentencias sobre el Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia del 01 de julio de 2006, y por el caso Familia Barrios vs. Venezuela del 24 de noviembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) estableció que la “protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio implica el reconocimiento de que existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las invasiones o injerencias abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada y familiar se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada y la vida familiar”.
La operación Tun-Tun es una clara demostración de la institucionalización del terrorismo de Estado para atemorizar a toda la población.
Todas las personas afectadas por estos abusos deben documentarlos y difundirlos, claro, con el apoyo de organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Para eso estamos.
Debemos organizar comités y agrupaciones de víctimas para, a través de la acción popular, hacer frente a las amenazas y exigir justicia y sanción para los responsables.
ACERCA DEL AUTOR:
Inti Rodriguez
Activista de Derechos Humanos
