Zair Mundaray | El conocimiento y el autoritarismo son antagónicos. El desarrollo de la ciencia y de los saberes, sólo alcanza plenitud, en sistemas en los que las libertades ciudadanas se encuentren plenamente garantizadas, donde predominen los valores democráticos, y el ser humano sea libre de conocer, de investigar y de aplicar lo que sabe, en función de reforzar esos valores que construyen sociedades justas. Para las dictaduras, el conocimiento siempre es peligroso, por eso se atacan a las universidades y centros de enseñanza e investigación independientes.
Pocos saberes son tan peligrosos para los sistemas autoritarios, como la aplicación de la ciencia en el análisis de las evidencias que se producen con ocasión de la perpetración de los hechos punibles. La criminalística frente al delito desnuda la verdad de forma objetiva, no puedes presionar, comprar o amenazar a una evidencia para que te diga algo distinto de la verdad, aunque pudieras manipularla eso sí, o tratarla inadecuadamente a conveniencia de quien detenta el poder.
En Venezuela existe una correlación entre criminalística y democracia. Fue sólo hasta la caída de la dictadura militar en 1958, cuando se pensó en la necesidad de crear un organismo esencialmente técnico y profesional, que sirviera como auxiliar de justicia frente a la comisión de delitos. El 20 de febrero de ese mismo año, mediante el decreto N° 48, el presidente de la Junta Cívico-Militar de Gobierno, Contralmirante Wolfang Larrazábal, ordenó la creación de un cuerpo policial dedicado a la investigación de los diversos crímenes, con el nombre de Policía Técnica Judicial. El 11 de diciembre de 1958 se inauguró el Instituto de Formación Profesional del Cuerpo de Policía Judicial, funcionarios de la Scotland Yard, fueron invitados para formar a los jóvenes detectives venezolanos. Es así, como cimentados en la inversión para el desarrollo del conocimiento científico, que, durante años, este Cuerpo se fue posicionando como uno de los más eficientes de Latinoamérica, llegando incluso a contribuir en la conformación de sus similares en la región.
El desarrollo de la criminalística, se fue consolidando a la par de las libertades ciudadanas, y como producto de un proceso de enseñanza sostenido. En 1966 creó la Academia de la Policía Judicial. En 1971 se convirtió en la Escuela Nacional de Policía Judicial, en 1975 se eleva al rango de Escuela Superior de Policía Judicial, ubicada en la Calle Neverí, cruce con Montesacro Colinas de Bello Monte. En 1980, se creó la Escuela Básica de Policía Judicial. Todo este proceso de trasformación académica conlleva a la fundación del Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC), el 01 de diciembre de 1983, según Decreto Nº 2.344, dictado por el Presidente de la República Dr. Luís Herrera Campins, en este momento, se inicia la formación de licenciatura en Criminalística y en el año 1995, se comienzan los estudios de postgrado en Criminalística y en Gerencia y Administración de Policía. Con la creación de este instituto, se consolida la enseñanza de esta rama del conocimiento y con ello una policía de investigación con predominancia en lo científico.
El advenimiento del modelo autoritario chavista al poder, implementa una estrategia para el desmontaje de la enseñanza de la criminalística a la que ve como una disciplina “inconveniente”. “Asesores” del Ministerio de Interior y Justicia, entre ellos algunos extranjeros, posicionan la idea de la supresión del IUPOLC, cuestión que logran en el marco de la Misión Alma Mater, en la que se crea la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) el 13 de febrero de 2009. El precitado decreto, estableció la integración progresiva y gradual a la UNES en los ámbitos académico, administrativo y funcional, del IUPOLC. Este momento marca el hito principal del declive del desarrollo de la criminalística en el país, lo que deviene años después en la poca calidad de la prueba en los procesos penales. Se decretó acá la muerte de la ciencia.
Como respuesta a esta política gubernamental, el Ministerio Público desarrolló una serie de programas de enseñanza y difusión de la criminalística, además, absorbió a parte del personal del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a científicos de diversas universidades y centros de investigación en las áreas de genética, biología, medicina, psiquiatría, psicología, antropología, odontología, química, matemáticas, entre otras tantas ciencias, muchos de ellos con estudios a nivel internacional. Se logró amalgamar a un abanico de expertos e investigadores de altísimo nivel profesional, los cuales integraron la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, las Unidades Técnico-Científicas y de Investigaciones, la Unidad Técnico Científica Ambiental, así como diversas áreas forenses, informáticas, contables, vehículos, telefonía, antiextorsión y secuestros, criminalística de campo, entre otras. Este músculo fue capaz de desentrañar los más complejos casos ocurridos en el país.
Casos como la Masacre de Barlovento, la Masacre de Tumeremo, la Masacre de Cariaco, el asesinato de Bassil Da Costa, de Juan Montoya, la muerte de Missoni en Los Roques, de Juan Pablo Pernalete, del joven Vallenilla, el caso Odebrecht, PDVSA, entre tantos otros, fueron resueltos gracias a la pericia y capacidades científicas de los hombres y mujeres que integraban estas dependencias. Con el allanamiento militar en contra del Ministerio Público y la designación arbitraria de un “fiscal”, una vez más reina la oscuridad en materia de criminalística en Venezuela. El autoritarismo se impone momentáneamente sobre el saber, y tal como lo hicieron con el IUPOLC y el CICPC, a quien suprimieron la ciencia, lo hacen actualmente con el Ministerio Público; Nuevamente se pone de manifiesto que, para los regímenes antidemocráticos, el conocimiento es peligroso, es mejor sacarlo de cuajo y gritar consignas. ¡Arriba la impunidad!
│Abogado, Director de Actuación Procesal del Ministerio Público venezolano | @MundarayZair
