ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Venegas
Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.
Primero fueron los trabajadores, con el magisterio al frente de una importante confluencia de sectores laborales y el protagonismo de nuestras aguerridas maestras, quienes desde el 9 de enero y hasta la fecha lo vienen demandando desde las calles en todo el país.
Dos meses después, los gremios de la producción y el comercio, por razones distintas lo reiteran a propósito de los efectos perversos que su negación implica para la economía. Más recientemente, la Academia Nacional de Ciencias Económicas lo expresa con preocupación: es necesario e impostergable elevar el salario y los ingresos de los trabajadores y su familia, recuperar el poder adquisitivo del mismo y mejorar sustancialmente las condiciones laborales y la infraestructura de servicios.
Durante los últimos seis meses el ritmo de la inflación se ha disparado pulverizando los salarios, los cuales se han depreciado en un 39, 4% solo en los dos primeros meses de 2023.
La congelación de las remuneraciones, la liberación y dolarización de los precios de todos los bienes y servicios y la devaluación del bolívar respecto al dólar forman parte de la orientación neoliberal de la política económica del régimen, la cual se complementa con una política fiscal regresiva y voraz que saquea el bolsillo de los trabajadores y estrangula a los pequeños y medianos comerciantes e industriales, con la promoción de las importaciones en desmedro de la producción nacional y con la paralización del crédito como resultado de la elevación del encaje legal bancario, entre otras cosas.
El resultado de esta política no puede ser otro que el empobrecimiento, el hambre y la miseria de los trabajadores y de las capas medias, el deterioro de sus condiciones de vida y trabajo y el desplazamiento de la mano de obra, una parte de la cual alimenta una nueva oleada migratoria, mientras otra engrosa al sector informal de la economía, que alcanza al 48%, según datos de Ecoanalítica, y en cuyo ámbito los vendedores de baratijas y confitería del espacio suburbial ganan diez veces más que un profesor titular de nuestras universidades, con título de 4º nivel y al menos 20 años de servicio.
Pero también esta política ha conducido a la caída de las ventas entre un 25% y un 35% (en los sectores alimentos y medicinas la merma es del 18%) durante los meses de enero y febrero, en comparación con el mismo período del año 2022, de acuerdo con cifras de Consecomercio y Conindustria.
En otras palabras, la pérdida del poder adquisitivo del salario acarrea una reducción brutal de la demanda interna, una contracción del mercado y la ralentización del ritmo de la economía.
Es tan nefasta y criminal la política económica y salarial que ni siquiera garantiza la realización del capital ni la reproducción de la fuerza de trabajo, lo cual es ABC de la economía del capitalismo.
Por estas razones, y no por sensibilidad social o justicia, la dictadura tendrá que ajustar los salarios tarde o temprano. El régimen sabe que la situación es insostenible y hace malabarismos para correr la arruga.
En conciliábulo con Fedecámaras busca formas de mejorar el ingreso de los trabajadores sin aumentar los salarios y eliminando las contrataciones colectivas. Por su parte, el empresariado, que necesita mano de obra productiva y con un mínimo de capacidad de compra, se muestra dispuesto a ajustar los salarios a cambio de modificar el régimen de prestaciones sociales. El mal llamado “bono de la guerra económica”, equivalente a 30 dólares, concedido en los últimos tres meses responde a estas maniobras y es un ardid para ganar tiempo, pero también es resultado de la enorme presión ejercida por los trabajadores a través de su movilización.
Como puede observarse, más allá de un salario suficiente para satisfacer las necesidades vitales, lo que está en juego son las principales conquistas de los trabajadores en décadas. De allí la importancia de perseverar en la lucha.
El exitoso encuentro nacional de trabajadores celebrado el pasado 18 de marzo en la sede de la APUCV, la constitución de un Comité Nacional de Conflicto que articula las principales fuerzas sociales movilizadas, la formulación de un Pliego Conflictivo contentivo de las principales demandas y la decisión de relanzar y radicalizar la lucha hasta alcanzar los objetivos planteados, son pasos trascendentales en la dirección señalada que deben ser conocidos, celebrados y respaldados por el conjunto de las fuerzas populares del país.
También en este conflicto, de alguna manera, labramos un camino hacia el cambio de rumbo, lo cual eleva su importancia política y convoca a la unidad en torno a los acuerdos antes reseñados.
No hay salida a la crisis bajo la égida de la boliburguesía, no caben más los “parches calientes” o las soluciones parciales. Es necesaria una nueva política económica y la mejor de ellas es desplazar del poder a quienes han saqueado el erario público, arruinado al país y empobrecido a nuestra gente.
ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Venegas
Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.
