ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | La masacre de El Junquito realizada el pasado 15 de enero, donde perdió la vida el rebelde Oscar Pérez y seis personas más que le acompañaban, no es la única perpetrada por este gobierno. Desde julio de 2015 ha realizado cinco masacres. Julio de ese año significó un salto cualitativo de la represión y las violaciones de derechos humanos en el país. Fue el lanzamiento de la denominada Operación para la Liberación del Pueblo. Esta OLP no fue un operativo más. Era la continuidad si de una política de seguridad ciudadana basada en la filosofía de la mano dura, del criterio que entre más represión menos delincuencia. Lo cual resultó un rotundo fracaso como era previsible. Pero la OLP fue la institucionalización de las ejecuciones como política de gobierno. No se trataba de comportamientos aislados de funcionarios que violando la ley aplicaban la pena de muerte en los hechos. No, era una orientación en el comportamiento de los organismos policiales y militares emanada de los más altos niveles del Ejecutivo Nacional incluyendo al presidente Nicolás Maduro. Una buena parte de dichos operativos se convirtieron en acciones de exterminio. Tras cada intervención de policías y militares en algún lugar de nuestra geografía con el argumento de combatir la delincuencia, a las pocas horas familiares denunciaban las ejecuciones realizadas incluso delante de madres, esposas o hijos.
En su primer año de desarrollo el para entonces ministro del interior Gustavo González López aparecía todos los días ante los medios de comunicación orgulloso de dar sus “partes de guerra”. Con lenguaje bélico se indicaba la cifra de los supuestos delincuentes “dados de baja” y entre más alta era la cifra se consideraba de mayor éxito los resultados. La vida nada importaba, la muerte era sinónimo de triunfo.
Así la llamada OLP se inauguró en julio 2015 realizando una masacre en el barrio Cota 905 de Caracas. En pocas horas 19 presuntos delincuentes fueron asesinados. Realizaron además cientos de allanamientos arbitrarios, destrozando bienes de familias muy pobres y robaron lo que pudieron incluyendo alimentos. De ahí en adelante cada incursión de las fuerzas militares y policiales en tales operativos se convirtieron en horas de terror para los habitantes que los sufrían. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz afirmó que entre julio y diciembre de 2015 en el marco de esas operaciones habían ocurrido 245 asesinatos.
Estimular desde el alto gobierno la actuación arbitraria e inhumana de los órganos armados del Estado contra la población iba a tener consecuencias. Más abuso, más víctimas.
Bajo esos parámetros se produce la segunda masacre. La masacre de Barlovento, estado Miranda el 08 de octubre de 2016. En esa población 14 personas fueron detenidas y desaparecidas. Luego de 45 días de denuncia y búsqueda por parte de familiares se consiguen los restos. Todas habían sido ejecutadas por integrantes del ejército.
Un poco más de un mes después se produce la masacre de Cariaco, estado Sucre el 11 de noviembre de 2016. Nueve personas fueron asesinadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.
La masacre con mayor cantidad de víctimas la realizará el gobierno el 16 de agosto de 2017 en el Centro de Detención judicial Amazonas. 39 reclusos de un total de 100 fueron asesinados de la manera más despiadada luego de haber ofrecido rendirse. Ametrallados delante de familiares incluyendo niños que se quedaron atrapados en el ataque de las fuerzas gubernamentales a la prisión.
Finalmente, el 15 de enero de 2018 se produce la masacre de El Junquito. Siete personas asesinadas con conocimiento de millones que iban observando las trasmisiones que los rebeldes hacían mientras eran atacados y solicitaban se habilitara un procedimiento para proceder a rendirse. Esta masacre tiene una particularidad. Es realizada con fines demás políticos y contra personas que se alzaron contra el gobierno.
Todas estas masares que tienen como autores intelectuales al presiente Nicolás Maduro y sus ministros de defensa e interior por haber alentado y aplaudido barbaros comportamientos de la fuerza pública. Las masacres son una consecuencia directa del progresivo proceso de militarización de la seguridad ciudadana hasta el punto de involucrar ya no solo a la Guardia sino al ejército. Varios años involucrando a la fuerza armada de manera inconstitucional en una labor que le corresponde a las policías. Una distorsión en las políticas públicas de seguridad que no ha logrado disminuir el delito, pero si incrementado las violaciones a los derechos humanos.
Las desapariciones forzadas y las ejecuciones son delitos de lesa humanidad y tal como lo establece el artículo 29 de la Constitución son imprescriptibles, es decir, los responsables pueden ser investigados y sancionados en cualquier momento. Que se miren en el espejo de Argentina cómo más de 40 años después militares y civiles responsables de graves violaciones a los derechos humanos han sido detenidos y sentenciados como culpables.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
