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Marino Alvarado

Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.

Marino Alvarado | La ofensiva que tiene la dictadura de Maduro contra los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional buscando debilitar aún más al único poder público legítimo actualmente en Venezuela, trasciende lo estrictamente político.

La Asamblea Nacional viene liderando la lucha por democracia con una ruta bien definida: Cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones presidenciales libres, inclusivas y transparentes.

Si la Asamblea se debilita y el gobierno cumple su propósito de obstaculizar al máximo su funcionamiento o cerrarla, las posibilidades de cambio se dificultan.

Si la segunda rebelión popular que está en marcha liderada por los parlamentarios, es derrotada como ocurrió con la rebelión de 2017, la dictadura tal vez salga fortalecida a pesar de las enormes dificultades que le agobian.

Por ello lo que está en juego no solo es la posibilidad de rescatar la democracia, sino la posibilidad de salir de un gobierno que solo garantiza profundización del hambre a millones de familias, aumentar la miseria y profundizar el deterioro de los servicios públicos. El dilema es si avanzamos hacia una mejor Venezuela o la profundización de su ruina y caos.

La continuidad de Maduro en el poder es una desgracia para los más pobres. Su ya difícil situación empeorará y posiblemente millones se vean forzados a buscar mejores condiciones de vida en otros países. Seguirá el pueblo padeciendo los apagones, la falta de agua potable suficiente y continua, las dificultades con la distribución del gas doméstico y el agravamiento de la crisis del transporte. El día a día será más complejo para cada familia principalmente las de bajos recursos.

La defensa de la Asamblea Nacional no sólo es necesaria para defender la única institución legítima, sino que ella con su accionar representa la posibilidad de lograr un cambio de gobierno por vías pacíficas con el protagonismo del pueblo. La ruta trazada es posible si se mantienen las protestas pacíficas y masivas como vienen ocurriendo desde enero. Si se debilita la movilización de calle, el gobierno de facto podrá incrementar la represión y además la comunidad internacional pudiera bajar su accionar al considerar que falta un aspecto fundamental: la presión popular contra la dictadura.

Afortunadamente los países que integran el Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Lima mantienen aún su firme compromiso de ayudar a una solución que implique el menor sufrimiento para el pueblo y se convoque a elecciones como la mejor manera de avanzar hacia la estabilidad política y social. Que el desaliento no se apodere de quienes quieren y necesitan que haya cambio de gobierno.

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