ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | En su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela publicado el pasado 04 de julio por la Oficina de la Alta Comisionada en Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet se realizan para el gobierno de facto de Maduro un total de 23 recomendaciones.
Algunas son de muy fácil implementación que solo requieren voluntad política del gobierno para implementarlas. Otras requieren de recursos e infraestructura y otras además de voluntad tomar medidas organizativas acompañadas de una base jurídica.
Entre las recomendaciones de muy fácil implementación están las relacionadas con acceso a la información pública tales como la relacionada a publicar regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición. El ministerio de salud puede empezar de inmediato a publicar los boletines epidemiológicos y publicar su Memoria y Cuenta igual que todos los ministerios. Lo mismo deberían publicar el Ministerio Público y la Defensoría.
Otra medida de muy fácil implementación que no requiere recursos es la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
De fácil implementación y que requieren coordinación interinstitucional encontramos la referida a la libertad de los presos políticos, la revocación de clausura de medios de comunicación y la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional.
Todas las recomendaciones son fundamentales para mejorar la situación de derechos humanos si se quiere realmente dar un paso al frente en ese sentido. En lo personal no soy optimista en cuanto a la voluntad de la dictadura para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Puede adoptar si algunas medidas de manera parcial por la necesidad que tiene de mejorar su ya bien maltrecha imagen internacional. Pero las violaciones a los derechos humanos incluyendo posibles delitos de lesa humanidad, son intrínsecas a la dictadura.
Voy a destacar dos de las recomendaciones por la manera como la Oficina de la Alta Comisionada lo plantean en su Informe. La primera, es la propuesta de disolución de las Faes. Disolver las faes hoy es salvar vidas. Cada día que deje de actuar ese escuadrón de la muerte se salvan vidas. Este componente de la Policía Nacional Bolivaria nada más en el mes de junio asesinó a 127 personas y, sólo en el estado Lara, entre enero y junio asesinó a 120 personas. La propuesta fue acompañada de otra: el establecimiento de un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas. Es decir ante un fiscal constituyente incapaz y parcializado y un Defensor mudo e inoperante que no garantizan que las instituciones que dirigen realicen investigaciones transparentes y se logre justicia, propone Michelle Bachelet un mecanismo distinto. Con ello también la Alta Comisionada concluye que la llamada Comisión de la Verdad creada por la dictadura no garantiza ni verdad ni justicia.
La segunda, es la recomendación que se garantice todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuenta. Acá la Alta comisionada le da un espaldarazo a varios de los programas sociales que se vienen implementando, pero tal como lo refleja el diagnóstico realizado en el Informe, se vienen implementando como mecanismos de control social aplicando discriminación por motivos políticos y no hay transparencia en la manera como se adelantan lo cual posiblemente sea una fuente de enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios del alto y medio rango en la estructura burocrática del Estado.
La pelota está del lado del gobierno, de él queda la responsabilidad si mete goles o sigue llenándose de autogoles en materia de derechos humanos.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
