Inti Rodríguez | Los gobiernos autoritarios que cometen abiertas y generalizadas violaciones contra los derechos humanos, a menudo presentan serios problemas de financiación debido a su ilegitimidad política y al cuestionamiento nacional e internacional por sus abusos contra la población. Este tipo de gobiernos, como en el caso de la dictadura venezolana, intentan conservar el poder prácticamente a costa de lo que sea, y para ello recurren al uso excesivo de la fuerza, la persecución de la disidencia política y el terrorismo de Estado con el objetivo de inhibir a la población a que se manifieste en las calles a favor de la restitución de los derechos y el cambio político.
Este tipo de gobiernos deben hacer frente a las limitaciones económicas derivadas de esa ilegitimidad y cuestionamiento internacional, pero también, y es nuestro caso, deben hacer frente a las severas limitaciones generadas por la contracción económica debido a la caída de los ingresos, lo que finalmente pudiera mermar la capacidad del aparato represivo para detener el creciente descontento popular y las masivas movilizaciones en todo el país. Las dictaduras deben hacerse de recursos, no para garantizar el bienestar de la población, sino para garantizar la lealtad y la eficacia del aparato represivo. En esta lógica, el presupuesto del Estado y los pocos recursos disponibles son destinados a la represión y no a la solución de los problemas de la gente.
Nicolás Maduro llegó al poder diciendo que él sería el primer presidente “obrero” de la historia venezolana. Al igual que su predecesor fustigó el modelo económico neoliberal y condenó el papel que las transnacionales y las corporaciones financieras, han tenido en el sojuzgamiento de los países y los pueblos pobres y en vías de desarrollo, y prometió la construcción de un modelo económico basado en la justicia y la igualdad. Una mentira tras otra, Nicolás Maduro se convirtió en lo que advertimos desde el primer día, un verdadero presidente antiobrero. Su gobierno, devenido en dictadura desde el pasado 20 de octubre, no sólo viola abiertamente los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal, cometiendo asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias mediante la OLP o en el contexto de manifestaciones, sino que además impone un modelo económico que genera más exclusión y empobrecimiento, mediante un proceso sostenido de ajustes de precios, una política fiscal y una inflación descontrolada que deteriora el salario, y el desconocimiento de las obligaciones estatales respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población.
Los inversores extranjeros suelen resultar beneficiados por regímenes violadores de derechos humanos. Estos gobiernos, limitan severamente los derechos a la asociación, manifestación pacífica y libertad sindical, que en períodos de crisis económica son esenciales para la defensa de derechos y garantías ciudadanas. La rentabilidad para las inversiones de estos buitres financieros, suele ser más alta en contextos de abiertas violaciones de derechos humanos, ya que la capacidad de respuesta y protesta social está seriamente amenazada y los mecanismos de contraloría y contrapesos institucionales están tan deteriorados que, en una estrategia de supervivencia, los regímenes autoritarios ofrecerán ventajas incomparables a estas corporaciones. Lo acabamos de ver hace poco en el caso de la inversora Goldman Sachs que otorgó un salvavidas financiero a la dictadura venezolana, al comprar US$2.800 millones en bonos de la estatal PDVSA al Banco Central de Venezuela, por los que sólo pagó US$865 millones.
Más fondos para la dictadura se traducen en fortalecimiento del aparato represivo y liberación de fondos para la comisión de más abusos contra los derechos humanos. Por eso, cada bala disparada contra los manifestantes en Venezuela, es una bala cortesía de las corporaciones financieras de Wall Street. Las manos de estos buitres están tan manchadas de sangre como están las manos de Maduro y su alto mando militar. Quienes gobiernan terminaron, en todas las formas posibles, siendo peor que todo lo que criticaron del pasado. Hipotecando nuestro futuro, quieren acabar, a fuerza de balas y hambre, con nuestro presente.
│Coordinador de Investigación de Provea @intiamaru79
