ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
En Venezuela, el uso sistemático de la represión se ha convertido en un mecanismo para silenciar el descontento social. La detención arbitraria ya no es una excepción, sino una constante que pone en riesgo a cualquier ciudadano, sin importar su condición. Lo que sigue al arresto es aún más grave: muchos venezolanos pudiesen sufrir de la desaparición forzada, el aislamiento prolongado y tratos crueles e inhumanos, prácticas que violan flagrantemente la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado venezolano ha suscrito.
El objetivo de este accionar represivo es claro: sembrar el miedo. Se busca que la población internalice que reclamar derechos, denunciar injusticias o simplemente disentir puede tener consecuencias que lo afecten personalmente como a sus familias.
Se empeña el gobierno en imponer una «verdad oficial», fabricada desde las altas esferas del poder, mientras se criminaliza la protesta, el periodismo independiente, la difusión de información y cualquier forma de disidencia.
Sin embargo, a pesar del empeño en sembrar miedo, el pueblo venezolano sigue alzando su voz. Las manifestaciones y concentraciones, aunque ahora más riesgosas, persisten como un acto de resistencia frente al colapso económico, la emergencia humanitaria y la persecución política. Por más que intenten silenciar las voces del descontento, no lo logran. Como dijo recientemente la esposa de un defensor de derechos humanos encarcelado: «Miedo tenemos, sin duda, pero no por eso nos vamos a paralizar». Esta frase resume el espíritu de una sociedad que, aunque acosada, no se rinde.
En contexto venezolano y la persistencia de altos niveles de represión, debe convocar a la comunidad internacional a mantener y mejorar el acompañamiento al pueblo venezolano en su lucha por democracia y el ejercicio sin riesgo de los derechos.
Es necesaria la liberación de todos los presos políticos, la culminación de los miles de libertades restringidas con personas sometidas a regímenes de presentación periódica en tribunales y el regreso de los exiliados.
Debemos exigir el cese de la represión y la garantía de derechos fundamentales. Mientras quienes gobiernan sigan operando sobre la base de infundir miedo y cercenar derechos, cada día más ciudadanos estarán en peligro.
No es posible el desarrollo del país impidiendo que haya investigaciones independientes y se difundan, obstaculizando que se puedan realizar diagnósticos económicos y sociales que confronten la información estatal. La persecución inhibe la posibilidad que individualidades y colectivos puedan presentar propuestas si pueden ser calificadas como subversivas. La represión contra lideres sociales y activistas políticos es contrario a todo discurso a favor del protagonismo de los ciudadanos.
No podemos normalizar la represión ni permitir que impongan el silencio.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
