ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
Carlos Patiño │ En columna anterior se abordó el efecto devastador que la pandemia del coronavirus está ocasionando en todos los sectores de la economía mundial y la respuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hasta el mes de marzo. En esta segunda entrega, actualizaremos las consideraciones de la máxima instancia del mundo del trabajo de las Naciones Unidas.
En la segunda edición del Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo, se caracteriza al COVID-19 como “la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial”. Según el estudio, 1.250 millones de personas trabajan en los sectores considerados de alto riesgo de sufrir “drásticos y devastadores” aumentos en los despidos y disminución de los salarios y horas de trabajo. Muchos de estas personas están empleadas en trabajos mal remunerados, de baja calificación, donde una pérdida imprevista de ingreso tiene consecuencias devastadoras. Más de cuatro de cada cinco personas (81 por ciento) de las 3.300 millones que conforman la fuerza de trabajo mundial están siendo afectadas por cierres totales o parciales de su lugar de trabajo.
Se prevén enormes pérdidas en los distintos grupos de ingresos, en particular en los países de ingresos medios altos (7 por ciento o 100 millones de trabajadores a tiempo completo). Esto supera con creces los efectos de la crisis financiera de 2008-2009. Los sectores más expuestos al riesgo incluyen los servicios de hospedaje y restauración, la manufactura, el comercio minorista y las actividades empresariales y administrativas.
América Latina y el Caribe no escapan del efecto catastrófico que ha tenido el COVID-19 sobre el tiempo de trabajo y los ingresos laborales en el mundo, donde la pandemia causa la pérdida de 5,7% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 14 millones de trabajadores a tiempo completo. En América Latina y el Caribe más de 50% de todos los trabajadores se desempeñan justamente en los sectores más expuestos a una crisis como son los de comercio y servicios.
La crisis del COVID-19 podría provocar trastornos de salud mental a muchos trabajadores. La pandemia y la consecuente recesión económica exacerbarán desigualdades que existían previamente en el plano sanitario y repercutirán en mayor medida en la salud mental de grupos de personas desfavorecidas y vulnerables, en particular las personas con discapacidad y los desempleados.
Debemos ser conscientes de los efectos a largo plazo para la salud de todos los trabajadores. Cabe esperar reducciones de personal, no sólo como consecuencia de la infección por el COVID-19, sino también a raíz de la tensión, la frustración y el aislamiento. También es previsible que se produzcan amplias desigualdades en materia de salud provocadas por la pandemia y la recesión económica.
Con el objetivo de garantizar un retorno al trabajo de forma segura y evitar nuevas interrupciones, la OIT recomienda:
i)Analizar los peligros y evaluar todos los riesgos de contagio en relación con los procesos de trabajo, y proseguir esa evaluación después de que haya tenido lugar la reincorporación al trabajo ii) aplicar medidas de control de riesgos adaptadas a cada sector y a las características específicas del lugar de trabajo de que se trate. iii) la disminución de la interacción física entre trabajadores, contratistas, clientes y visitantes, y el mantenimiento del distanciamiento físico si se producen interacciones. iv) El aumento de la ventilación en el lugar de trabajo. v) la limpieza periódica de superficies, a fin de garantizar la desinfección e higiene del lugar de trabajo, y el suministro de instalaciones adecuadas para el lavado de manos y la higienización. vi) la entrega de equipos de protección personal a los trabajadores, de ser necesario sin costo alguno. vii) establecer disposiciones relativas al aislamiento de personas susceptibles de haberse visto contagiadas y al análisis de otras personas con las que hubiera podido estar en contacto. viii) brindar apoyo en materia de salud mental a los miembros del personal. ix) ofrecer actividades de capacitación y formación e información sobre salud y seguridad en el trabajo, en particular en relación con prácticas higiénicas adecuadas y la implantación de controles en el lugar de trabajo (incluidos equipos de protección personal).
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Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
