ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
Carlos Patiño |
“Cada bocado que me comía en ese tiempo me sabía a los porrazos que le daban a mi hijo los sábados a la noche.”
La siesta del martes; Gabriel García Márquez
Un gobierno que solo beneficia a quienes se someten a sus sesgadas políticas de control social es como un padre que no alimenta a sus hijos a menos que hagan lo que él quiera. Ese peligroso chantaje ha puesto en riesgo la vida de millones de venezolanos que por pensar distinto son excluidos de la asistencia del Estado y atropellados en sus derechos.
En un país donde 9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación diaria y 8 de cada 10 declararon haber comido menos por la escasez, el apartheid bolivariano aprieta la soga de quien disiente y de aquél que ejerce su derecho humano a expresarse libremente.
De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, en atención al profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social; haciendo énfasis en el desabastecimiento generalizado de alimentos y medicamentos, pero a su vez destacando “la existencia de un patrón de represalias a quienes manifiestan o asumen públicamente posiciones de disenso con el Gobierno.”
Un ejemplo de ello son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), figura de organización popular para la distribución de alimentos (bolsas o cajas de comida subsidiadas), dirigidos por simpatizantes del gobierno o militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que distribuyen alimentos a algunos sectores de la población, marginando a otros.
Los CLAP se han constituido en un mecanismo de coacción para los favorecidos a quienes amenazan con quitarles “el beneficio” si no votan a favor de los candidatos “de la revolución”. El propio jefe nacional de los CLAP y actual ministro de agricultura urbana, Freddy Bernal, afirmó que “los CLAP junto al PSUV, contribuyeron sustancialmente a ganar la Asamblea Constituyente, las elecciones de gobernaciones y las elecciones de alcaldes”. A confesión de parte relevo de pruebas.
El gobierno de Nicolás Maduro también implementó el denominado “Carnet de la Patria” como un mecanismo de control para el acceso a las políticas sociales; es decir, que no basta con tener el documento de identificación de los venezolanos, la cédula de identidad, para poder acceder a alimentos y medicinas. Una política excluyente que discrimina a los ciudadanos no carnetizados por parte de una administración que suele asimilar Estado con partido. Así, el Carnet de la Patria consolida la dependencia de la gente al gobierno, pues la garantía de bienes y servicios básicos a cambio de lealtad política es una forma de coacción en la que prevalece la dominación y control de los sectores más pobres y vulnerables.
Tampoco hay que perder de vista el anuncio de la “megaelección” del 20 de mayo, que en palabras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “no cumple las mínimas condiciones para unas eleciones libres y creíbles”; que seguramente traerá consigo nuevas violaciones y más discriminación política a empleados de la administración pública.
Sólo en 2017, Provea registró un incremento exponencial de denuncias por parte de trabajadores y funcionarios de 80 organismos públicos, víctimas de amenazas, acoso y despidos, en el marco de la fraudulenta elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); así como persecución a trabajadores del sector público que participaron en las movilizaciones ciudadanas registradas entre abril y julio del mismo año.
Usufructuarios del poder que se rasgan las vestiduras por los atropellos del pasado, olvidan hoy a conveniencia que los derechos fundamentales a la alimentación, salud y trabajo son obligaciones insoslayables del Estado, cuyo goce no puede estar sujeto a trabas burocráticas, parcialidad política o discriminación alguna, pues es el derecho a la vida el que está en riesgo.
ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
