ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Venegas
Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.
Recientemente, el Banco Central de Venezuela (BCV) informó al país algunos datos sobre la inflación de los últimos meses. Cuando esto ocurre, y ocurre solo excepcionalmente, hay que ponerse capcioso, hay que desconfiar tanto de las cifras como de las intenciones –ya sabemos que el régimen imperante en Venezuela no acostumbra informar sobre la marcha de la economía ni rinde cuentas del gasto público–.
Los datos son: La inflación de abril se ubicó en 3,8%, la acumulada en los cuatro primeros meses del año se elevó a 86,7% y la anualizada es de 436,3%.
Si con la publicación de estas cifras el régimen pretende mostrar las “bondades” de su plan antinflacionario y, dentro de este, justificar su política salarial, desnudada en forma nítida con sus anuncios del 1º de mayo, el efecto logrado es el contrario. Es solo un consuelo de tontos pensar que estos números, que desde ya nos anuncian una inflación anual de tres dígitos largos, reflejan algún éxito económico. Sería solo una victoria pírrica si se lograra abatir la inflación al costo de estrangular la economía y la fuerza de trabajo, de acabar con el salario y empobrecer aún más a los trabajadores y sus familias.
Se le “olvidó” decir al BCV que durante el lapso abril 2022-abril 2023, período al que se remiten estos datos, no hubo aumento de salarios en Venezuela (el último ajuste del sueldo mínimo mensual se produjo en marzo de 2022). Esto confirma, una vez más, que la inflación que afecta a la economía nacional, evidenciada en estas cifras, no tiene nada que ver con los salarios de los empleados públicos y los trabajadores en general. No son los trabajadores los responsables de la crisis sino sus víctimas predilectas.
El otro asunto que no informó el BCV es que desde finales de 2022 y hasta la fecha, se ha ido acelerando una tendencia de vieja data consistente en la caída del consumo –de alrededor del 36%, según cifras de Consecomercio–. Los efectos más visibles de esta tendencia son: un mayor empobrecimiento de la población, porque nuestra gente compra menos y se alimenta peor, y una contracción del mercado interno que marcha a contravía de los propósitos de reactivación de la economía.
La política salarial del oficialismo es eliminar el salario
Ni el más conspicuo de los neoliberales, llámese Reagan, Thatcher o Miguel Rodríguez, por caso, fue más lejos en su política contra los trabajadores. Claro que el recetario incluyó siempre y para todos los casos congelar los salarios y las contrataciones colectivas, acabar con la retroactividad de las prestaciones sociales, privatizar la seguridad social, liberar los precios de bienes y servicios, privatizar la empresas del sector público, abrir las economías al capital transnacional y promover la importación-exportación frente a los efectos contractivos de los planes de ajuste, entre otras cosas.
El régimen de Maduro, sin embargo, convirtió en niño de pecho al más draconiano de los neoliberales porque, además de hacer todo lo anterior, nos condena a una dolarización distorsionada de la economía que es dolarización de los costos de producción y de los precios de los bienes y servicios, cada vez más caros, pero no para el pago de los salarios. Nos condena al IVA más alto de Latinoamérica y uno de los más altos del mundo, a una política fiscal que estrangula a los pequeños y medianos productores y arruina a los contribuyentes de más bajos recursos. Pero ni al más conspicuo de los neoliberales se le ocurrió acabar con el salario, arrasar con las prestaciones sociales y demás forma de ahorro laboral, destruir la seguridad social y aniquilar de facto las contrataciones colectivas.
La política salarial del oficialismo es eliminar el salario, suplantarlo por míseros bonos que no cuentan para el cálculo de las prestaciones sociales, el pago del bono vacacional o los aguinaldos de fin de año. El salario mínimo hoy solo vale $5 y empieza a ser sustituido por un eufemismo llamado “ingreso mínimo vital”. Este es tan mínimo, tan mínimo que ya casi no existe y tan vital, tan vital que nos tiene a todos en estado de supervivencia.
El rechazo a esta política, obviamente, es general. Él encontró una forma emblemática de expresarse hace apenas unos días, cuando los trabajadores de SIDOR abuchearon y expulsaron de la planta al sindicalerismo esquirol de la CBST, que pretendió sin éxito explicar las medidas del régimen. También tendrá un rechazo contundente el próximo 29 de mayo, cuando los jubilados de la administración pública manifiesten en todo el país frente a las Cajas Regionales e Inspectorías del Trabajo, condenando el pago del bono recreacional –equivalente al bono vacacional que cobran los trabajadores activos y que es otro episodio pendiente para el mes de julio– calculado al monto del salario mínimo.
Como puede evidenciarse, la lucha por salarios, pensiones y jubilaciones acordes con el costo de la canasta básica sigue viva. En la discusión de la contratación colectiva de un magisterio organizado y movilizado desde la base, en la protesta de los sidoristas contra la burocracia gobiernera, en la movilización de los pensionados y jubilados. Las claves siguen siendo las mismas: ampliar y profundizar los niveles organizativos y de articulación alcanzados y perseverar en las demandas contenidas en el Pliego Único.
ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Venegas
Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.
