ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Betancourt | En Venezuela se ha configurado un cuadro absoluto de indefensión ante los abusos del poder. Una situación que favorece la violación sistemática de los derechos humanos en el país. La impunidad tiene su mejor escenario.
El presidente aplaude que policías y militares maltraten y asesinen manifestantes. Felicita a funcionarios que con armas largas y encapuchados allanan masivamente viviendas de los pobres y realizan ejecuciones en los llamados Operativos de Liberación del Pueblo. Condecora generales acusados de graves violaciones a los derechos humanos. El mensaje desde el Ejecutivo Nacional es claro: Si para defender al gobierno hay que violar derechos humanos, siéntanse en libertad de perpetrar abusos. No habrá castigo.
El Defensor del Pueblo, le da la espalda al pueblo y ayuda al gobierno a que los abusos se realicen. Se juzga a civiles en tribunales militares violando el derecho al juez natural y le parece correcto. Se dispara contra los manifestantes y no condena los abusos, ni exige castigo, simplemente exhorta a que no lo hagan. En una falsa preocupación por investigar violaciones a los derechos humanos usa el bufete privado del gobierno que es el Tribunal Supremo de Justicia para que le diga que tiene que hacer lo que durante años se negó a realizar. Ni el más mínimo interés en investigar las innumerables ejecuciones en los operativos OLP, desinterés total ante robos y actos de violencia en los allanamientos, desidia y justificación de la discriminación por razones políticas. Se realizan detenciones arbitrarias contra disidentes políticos, se amañan expedientes, en abierta violación del debido proceso y el Defensor guarda cómplice silencio.
La Fiscal General que levanta su voz ante las arbitrariedades del presente y se empeña en que la institución investigue graves violaciones a los derechos humanos es emboscada desde el Tribunal Supremo de Justicia con la complicidad del Defensor y el auspicio del Ejecutivo Nacional.
La Fiscalía solicita libertad plena de manifestantes por considerar que en ejercicio del derecho a manifestar no han cometido delitos, y jueces al servicio del autoritarismo ordenan privaciones de libertad o imponen libertades restringidas
El Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional General Gustavo González López con un amplio prontuario de violaciones a los derechos humanos se niega a acatar órdenes de libertad dictadas por jueces. Así mantiene secuestrados desde hace varios meses a más de 20 personas sin dar la más mínima explicación. La Fiscal se atreve a imputarlo y la respuesta del gobierno es condecorarlo.
La Fiscalía solicita libertad plena de manifestantes por considerar que en ejercicio del derecho a manifestar no han cometido delitos, y jueces al servicio del autoritarismo ordenan privaciones de libertad o imponen libertades restringidas.
La fiscalía ordena la captura de militares y algunos altos oficiales se niegan a poner a derecho a los subalternos impidiendo sean castigados por homicidios cometidos en ejercicio de funciones.
En un informe presentado por Amnistía Internacional en el mes de marzo titulado “Silencio a la Fuerza” la organización de derechos humanos indicaba refiriendo a los abusos que se cometen en el país lo siguiente
“La arbitrariedad se manifiesta de maneras diversas. Las detenciones sin órdenes judiciales justificadas con la excusa de situaciones de flagrancia; la falta de independencia de las autoridades judiciales que actúan en respuesta a señalamientos desde otros poderes públicos; el uso de jurisdicciones especiales, como la jurisdicción militar, que no es ni independiente ni imparcial; las prácticas de aislamiento e incomunicación de las personas privadas de su libertad, que constituyen tortura algunas veces; el uso de informantes anónimos – muchos de ellos funcionarios estatales – como fundamento de la detención; y la inobservancia de las órdenes judiciales que disponen la liberación de personas detenidas por parte del SEBIN.”
Todo el cuadro de arbitrariedad, abuso y estado de indefensión, no obligan como ciudadanos a seguir luchando para que en el país haya realmente una institucionalidad capaz de velar por los derechos de las personas, independencia de poderes y quienes cometan abusos sean llevados ante la justicia. La esperanza, es la última que se pierde.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
